CARTAS: Seguridad vial infantil en riesgo
CARTAS: Seguridad vial infantil en riesgo Señor Director: Al año, más de 4 mil menores de edad resultan lesionados en siniestros viales en Chile, y la reacción del Estado sigue siendo insuficiente. Chile no puede seguir normalizando esta realidad. Así como una política sanitaria bien aplicada logró reducir la mortalidad infantil por virus sincicial, también es posible disminuir de forma significativa las muertes y lesiones por esta causa.
Se requieren medidas reales y contundentes: educación permanente, campañas de sensibilización sostenidas en el tiempo y un plan de fiscalización riguroso en zonas de alta circulación infantil, que asegure el cumplimiento del uso de sistemas de retención infantil, cuyo uso no supera el 40% a nivel nacional. Basta de discursos vacíos y de normalizar estas conductas de riesgo: cada niño lesionado o fallecido en las vías es el reflejo de una deuda persistente del país con la protección efectiva de su infancia. Paula Deimel Especialista en seguridad vial infantil Mini Nuts Ajustes en salud Señor Director: Las recomendaciones de ajuste presupuestario en salud no son neutras.
Cuando se propone descontinuar o reducir programas destinados a atención domiciliaria, salud mental, cuidados paliativos, prevención, acompañamiento a personas mayores, niñez o poblaciones vulneradas, no solo se recorta gasto: se debilita la capacidad del Estado para garantizar el derecho a la salud. Muchos de estos programas existen justamente para resolver brechas que el sistema general no cubre bien. Reducirlos implica más espera, menos continuidad de atención y mayor carga para las familias y cuidadores, que ya sostienen una parte importante del cuidado cotidiano. En prevención, el efecto también es claro: postergar o eliminar intervenciones tempranas suele traducirse después en mayores costos humanos y sanitarios. En un país con listas de espera, desigualdades territoriales y una red pública exigida al límite, el debate no debiera centrarse solo en cuánto se ahorra, sino en quién paga el costo del ajuste. Si la salud es un derecho, el presupuesto debe reflejarlo con prioridad y no con retrocesos. Romina Suárez Ginecóloga. - - - -