Desaparición de audios del caso Led-Jadue destapa precariedad y vacíos en interceptación telefónica
Desaparición de audios del caso Led-Jadue destapa precariedad y vacíos en interceptación telefónica Unos hablan de la buena suerte del exalcalde Daniel Jadue. Otros, los más, de la gravedad de lo ocurrido.
Para el 25 de abril, cuando se cumplen dos años del inicio de la indagación por obstruir la investigación del caso Led arista Recoleta, está fijada la audiencia donde la fiscal regional oriente, Lorena Parra, anunciará oficialmente a los involucrados que no perseverará en la investigación que le encargó el fiscal nacional, Ángel Valencia. Se conocerá entonces el resultado de la indagación por la pérdida de 30 audios.
Entre ellos, los 20 interceptados entre el empresario de Itelecom León Marcelo Lefort --sindicado como la cabeza del gran fraude que se replicó en municipios de varias regiones del país-y el exalcalde Daniel Jadue, de los que solo constaba uno. Los demás... desaparecieron. "El arma incriminatoria desapareció" Esta semana el tema sobre la pérdida de evidencia en investigaciones de alto impacto volvió a salir al tapete, aunque en el caso Monsalve.
Y es que un informe de la PDI reveló que el 14 de octubre, mismo día en que la presunta víctima del exsubsecretario del Interior estampó la denuncia en su contra, comisarios de la policía civil fueron al Cuartel General de la PDI para incautar el registro de las cámaras de seguridad relacionadas con la denuncia, por instrucción de la fiscalía. Ahí se les indicó que lo había retirado tres días antes el equipo de Contrainteligencia de la PDI. El 25 de octubre la Brigada de Delitos Sexuales no encontró en el disco duro el respaldo de aquellas imágenes de la cámara ubicada en General Mackenna con Amunátegui. Esa evidencia la habían borrado.
Pero los policías que descargaban las interceptaciones telefónicas del caso Led no tenían posibilidad de borrar o intervenir los audios, como ocurrió evidentemente en el caso Monsalve. ¿Cómo desaparecieron? Una de las primeras en manifestar su indignación cuando la semana pasada se informó que la fiscal Lorena Parra cerraba la investigación sin responsables, por la pérdida de los audios del caso Led-Recoleta, fue la exalcaldesa Evelyn Matthei, que advirtió "impunidad total". El abogado Matías Balmaceda, académico de la UFT, con 22 años de experiencia en litigación penal, dice que "no había visto algo similar. Pérdida de evidencia de audios, nunca.
Y menos, tampoco, bajo el concepto de cadena de custodia". La gravedad de lo ocurrido la grafica con un ejemplo: "Si llega alguien y dice: `¿ Sabe qué, fiscal? Perdí el cuchillo', el arma incriminatoria desapareció". Todo partió en Iquique Una denuncia reservada sobre irregularidades en una licitación en la Municipalidad de Iquique para el recambio de luminarias fue el origen del caso Led en 2018 en la Región de Tarapacá. Concursaron 10 empresas y la adjudicada fue Itelecom, de León Marcelo Lefort.
El ex fiscal regional de Tarapacá Raúl Arancibia cuenta que durante unos 10 u 11 meses trabajaron en forma absolutamente silenciosa y con mucha discreción. "En el intertanto, mientras investigábamos, me di cuenta de que esta misma empresa que estaba pagando los sobornos (Itelecom), el cohecho en el norte, tenía contratos vigentes en situación similar en seis o siete regiones del país, que involucraban a distintas comunas, como Ñuble; Santiago, en Recoleta, y otras". Le informó al entonces fiscal nacional Jorge Abbott y organizó con el fiscal de Iquique, Gonzalo Guerrero, un Zoom con los fiscales regionales donde estaba ocurriendo el delito. La fiscal regional de Ñuble, Nayaret Mansilla, se metió de lleno en el caso porque en su región había un juez de policía local involucrado y se fueron intercambiando información. Abbott dejó a la fiscal regional Mansilla a cargo de la investigación del caso Led a nivel nacional.
El ex fiscal regional de Tarapacá siguió con el avance del caso en Tarapacá, trabajando con la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de Iquique en la interceptación de audios a blancos involucrados en el gran fraude. "Esas interceptaciones que se extraviaron nunca llegaron a nuestras manos", asegura el ex fiscal regional Raúl Arancibia. "Se había logrado interceptar determinadas comunicaciones. No es que nosotros tuviéramos interceptado al alcalde Jadue, sino que había audios de gente investigada por nosotros con conversaciones con Jadue. Esas conversaciones se perdieron.
No es que se haya perdido un pendrive o un disco, sino que, según la policía, se echó a perder un equipo, una especie de receptáculo donde van cayendo las conversaciones interceptadas", explica en forma simple para la comprensión pública. Se supone que, por ley, el deber de proteger esa información está en manos de la fiscalía, le recordamos. Responde: "Sí, pero nosotros como fiscalía no tenemos la capacidad para recibir interceptaciones telefónicas. Todo eso es a través de la policía.
Uno delega en la policía esta custodia". Cómo se descubrió la pérdida de llamados El 26 de octubre de 2020 comenzó la debacle para el entonces alcalde de Recoleta, donde también Lefort se había adjudicado la licitación de luminarias led en junio de 2018 para la mantención del alumbrado público y el cambio de luminarias por 10 años, por $10.259.454.000.
La Contraloría le comunicó al jefe comunal el inicio de una auditoría a las transferencias realizadas a la Fundación Womad, por el festival en Recoleta para el cual Itelecom, la misma empresa de las luminarias led, le donó a la Corporación Cultural Municipal de Recoleta $50 millones. Se sospechaba que era una especie de "pago" por facilitar las condiciones para que Lefort ganara ese negocio para su empresa Itelecom. El Ministerio Público también comenzó a investigar la donación.
Pero lo que permitió descubrir la pérdida de audios empezó a configurarse a partir de junio de 2020, cuando desde la Fiscalía Regional de O'Higgins le pidieron a la Bridec Iquique dos copias o respaldos de las escuchas telefónicas de León Lefort y otros intervinientes en el caso, y todo el período de tráficos telefónicos asociados a esas escuchas. Solicitaron a la Brigada Investigadora de Anticorrupción Metropolitana que las transcribiera y las analizara. Ahí la Brigada descubrió que faltaban 33 audios, entre ellos, 19 conversaciones entre Jadue y Lefort, según el informe policial.
La Fiscalía de O'Higgins volvió a solicitar audios, se crearon otras copias con nuevos números únicos de evidencia y en una de esas aparecieron tres llamados: dos entre Lefort y Ramón Sepúlveda (abogado de Jadue y de Lefort) y una entre Daniel Jadue y León Lefort. De las 30 restantes nunca más se supo. En abril de 2023 se inició la indagación por el delito de obstrucción a la investigación y el Ministerio Público designó a la fiscal regional oriente, Lorena Parra, para que investigara penalmente. Policía describe la precariedad La interceptación telefónica no la hacen los policías escuchando en tiempo real las conversaciones, sino que reciben los audios a través de un software y lo van descargando en el computador.
El oficial de la PDI Gonzalo Vicencio, que entre junio de 2018 y octubre de 2021participó en la investigación del caso Led, contó que el equipo investigador a cargo del fiscal Gonzalo Guerrero se conformó casi todo el tiempo con tres funcionarios policiales.
En su declaración ante la fiscal Parra informó que se les proporcionó un sistema de escuchas al que accedían a través de un link enviado desde el Departamento de Monitoreo de Telecomunicaciones (Demtel), vinculado a una dirección IP institucional, que permitía descargarlos desde cualquier computador institucional, ingresando un usuario y una clave personal que les otorgaba dicho Departamento de Monitoreo.
El software que usaba Demtel para poder interceptar las comunicaciones se llamaba Xorcom. "Esas comunicaciones nosotros solo podíamos escucharlas y descargarlas, pero no teníamos opción para modificarlas o eliminarlas", aseveró. "Los audios se g u a r d a b a n e n e l único computador institucional que teníamos, que ocupaba yo.
El comisario Urrutia se apoyaba de un notebook personal conectado a la red institucional". La operación se les fue complicando, porque desde octubre de 2018 a diciembre de 2019 los números interceptados aumentaron de 13 a 35; el flujo fue de un promedio de 56 mil llamadas mensuales en los 10 canales de derivación y técnicamente no les fue posible descargar la totalidad de los audios de dicho período. "Me refiero a la calidad de internet que teníamos en la oficina, a la capacidad de los computadores que teníamos.
Por eso no era posible realizarlo, además del gran volumen de comunicaciones que existían (... ), no me permitía el sistema hacer una descarga masiva". En diciembre de 2019 se acabó el sistema Xorcom porque generaba muchos problemas y comenzó a operar el sistema EGO. El Xorcom se desconectó y se dio su baja. Nunca pudieron recuperar su contenido.
La débil cadena de protección en la evidencia de un crimen: Desaparición de audios del caso Led-Jadue destapa precariedad y vacíos en interceptación telefónica LILIAN OLIVARES El cierre de la investigación por la pérdida de audios entre Daniel Jadue y el empresario del gran fraude en contratos por luminarias municipales, sumado a que en otro caso se borraran imágenes captadas del exsubsecretario del Interior con la mujer que lo denunció por violación, incrementa la desconfianza ciudadana. 2018 Una denuncia sobre irregularidades en una licitación en la Municipalidad de Iquique para el recambio de luminarias fue el origen del caso Led. Para el 25 de abril está fijada la audiencia donde la fiscal regional oriente, Lorena Parra, anunciará oficialmente a los involucrados, entre ellos el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue, que no perseverará en la investigación.
ATON n Las razones del cierre y la reacción del fiscal nacional Requerida, por este diario, la fiscal Lorena Parra por su decisión de no continuar la investigación, la Fiscalía Oriente respondió por escrito que "la investigación dio cuenta que el sistema de grabación de las escuchas tiene una capacidad determinada, la cual en este caso fue sobrepasada y, por tanto, las escuchas no quedaron registradas en el sistema.
Junto a lo anterior, la indagatoria, estableció que no existe factibilidad técnica de borrar escuchas determinadas, como se planteó al inicio de la investigación". El fiscal nacional, Ángel Valencia, en tanto, reconoció a "El Mercurio" la precariedad en la cadena de custodia: "Tal como se pudo apreciar, tenemos algunas debilidades en la cantidad de recursos que posee particularmente la PDI para mantener y custodiar evidencia digital. Pero eso también tiene un reflejo en nuestro trabajo. Tampoco contamos con los medios humanos, con el número de fiscales necesarios para poder controlar y supervisar ese trabajo que hace la PDI. Un fiscal debiera tener el tiempo para poder estar, fiscalizar. Hoy no contamos con esos medios humanos". --¿ Qué medidas está tomando ahora? "Hemos estado trabajando en contar con una nueva reglamentación interna sobre custodia de evidencia digital, para perfeccionar el cuidado de esos antecedentes.
Tenemos reglamentos de custodia muy antiguos, que se refieren básicamente a la custodia de prueba física y hoy la recopilación de evidencia digital es cada vez más importante", asevera Valencia, quien confía en que un nuevo reglamento también produzca un impacto en la PDI y en Carabineros..