Fallida compraventa: Los distintos escenarios en el TC para requerimientos contra Allende y Fernández
Fallida compraventa: Los distintos escenarios en el TC para requerimientos contra Allende y Fernández Las irregularidades que rodearon la fallida compraventa entre el Gobierno y los herederos del expresidente Salvador Allende, entre quienes se encuentra su hija, la senadora del PS Isabel Allende, y su nieta, la ministra de Defensa, Maya Fernández, por un precio superior a los $930 millones, se han traducido en distintos procesos donde, por un lado, se investigan eventuales delitos en la génesis y firma del contrato, así como también posibles vulneraciones a la Constitución, que podrían dar lugar a la salida de la legisladora y la secretaria de Estado de sus cargos.
Así, ambas enfrentan procesos ante el Tribunal Constitucional (TC), en el marco de tres requerimientos, dos que piden que se declare el cese en el cargo de la senadora Allende, presentados por diputados del Partido Republicano y otro por las bancadas de Chile Vamos; y uno ingresado por los abogados Raimundo Palamara y John Reid, que buscan que la magistratura declare la inhabilidad de la ministra de Defensa. Las acciones respecto de Allende fueron admitidas a trámite por el Pleno del TC, ya que la Ley Orgánica Constitucional del tribunal así lo establece para ese tipo de presentaciones. En cambio, en el caso de la dirigida contra la ministra Fernández, su examen de admisión a trámite lo realizará la Primera Sala el próximo miércoles.
Sobre el futuro de estos requerimientos, no hay opiniones uniformes, pues se invocan artículos distintos de la Constitución como eventualmente vulnerados, y además se advierten diferencias en la redacción que podrían ser claves en la decisión que adopte la mayoría del TC, donde hace ya un tiempo predomina una sensibilidad más cercana al oficialismo.
Catalina Salem, investigadora del Centro de Justicia y Sociedad U. del Desarrollo, recuerda que salvo el examen de admisibilidad, la tramitación de ambos requerimientos contempla las mismas etapas y plazos, pues se rigen por los mismos artículos.
Así, Allende cuenta con 10 días de plazo desde el pasado jueves para responder, y luego se podría recibir la causa a prueba, por otros 15 días, para posteriormente quedar en condiciones de ser puesta en tabla, escuchar alegatos y resolver el fondo. Desde admitido a trámite, el requerimiento respecto de Fernández tendría el mismo procedimiento.
Pero, respecto de este último existen algunas dudas, pues el artículo 60 de la Constitución establece como causal de cesación en el cargo de parlamentarios la celebración de un contrato con el Estado, lo que no se replica en el caso de los ministros, consagrado en el 37 bis de la Carta Fundamental, pues ahí lo incorpora como inhabilidad. n "El TC sí tendría c ompetencia" Para Salem, se trata de una "mala técnica legislativa", aunque agrega que "en mi opinión, una interpretación sistemática de la Constitución y de la ley orgánica del TC lleva a concluir que las causales de cesación en el cargo son una especie de inhabilidad. El mismo artículo 60 así lo señala expresamente respecto de los parlamentarios y la ley orgánica no hace distinción.
En consecuencia, analizando el conjunto de reglas, el TC sí tendría competencia". Consultada respecto de por qué los partidos no presentaron requerimientos sobre Fernández, sino que fueron abogados particulares, Salem señala que eso responde "a una cuestión prudencial de estrategia de litigación: partir por lo más sencillo y luego, viendo cómo se comporta un tribunal que es prácticamente nuevo en su integración, continuar con un caso que requiere de un ejercicio de interpretación constitucional más exigente". n "El camino es la acusación constitucional" Por su parte, sobre este requerimiento, el abogado constitucionalista Tomás Jordán cree que "el TC no tiene las facultades para conocer de la infracción del 37 bis, inciso segundo, de la Constitución, porque si uno examina las facultades del tribunal, dice expresamente que va a conocer la cesación en el cargo de los parlamentarios, pero esta es una prohibición y no una inhabilidad, y la Constitución diferencia expresamente las inhabilidades de las prohibiciones". Y agrega: "La Constitución diferencia entre las inhabilidades y las causales de cesación, y por lo tanto, inicialmente, a mi juicio, el tribunal no podría conocer de una prohibición porque no sería una inhabilidad propiamente tal.
Ahora bien, eso va a terminar siendo resuelto por el TC y este va a interpretar cómo entiende la norma". Por eso, Jordán señala que, para él, "el camino es la acusación constitucional, no el Tribunal Constitucional", algo que ya fue confirmado por parte de diputados del Partido Republicano.
La senadora y la ministra de Defensa (PS) enfrentan diversos procesos tras firma de contrato Fallida compraventa: Los distintos escenarios en el TC para requerimientos contra Allende y Fernández Entre constitucionalistas hay dudas sobre si el tribunal podría pronunciarse sobre la inhabilidad de la secretaria de Estado. O. RODRÍGUEZ Y M. CHÁVEZ El Pleno del Tribunal Constitucional no resolvería el fondo de estos asuntos antes de marzo, debido al sistema de turnos de su funcionamiento durante febrero.
HÉCTOR ARAVENA PENDIENTE El requerimiento respecto de la ministra Fernández será revisado por la Primera Sala el miércoles. n Figueroa: "Fue una desprolijidad mayúscula" Ayer el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, se refirió a la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, y que mantiene en calidad de imputadas a la exministra de la cartera, Marcela Sandoval, la senadora Isabel Allende (PS) y a la ministra de Defensa, Maya Fernández. "Fue una desprolijidad mayúscula la que se generó, y no hubo el debido control jurídico ni una atención a la globalidad del proceso, porque desde muy temprano se pudo haber sabido que esto no iba a poder llegar a término", reconoció en Chilevisión..