Experto analiza proyecto de ley que busca introducir detectores de metales en colegios y hospitales
Experto analiza proyecto de ley que busca introducir detectores de metales en colegios y hospitales Prensa b Tribuna prensa@latribuna.cl Hace Hace cuatro meses, la diputada Marlene Pérez (UDI), junto al diputado Henry Leal (UDI), presentaron un proyecto de ley que busca facultar a los establecimientos establecimientos educacionales y centros de salud, tanto públicos como privados, privados, para instalar detectores de metales sin arriesgar sanciones sanciones por parte de la Superintendencia Superintendencia de Educación u otras entidades reguladoras.
La urgencia de la medida escaló en cuestión de días, luego de que una balacera en un colegio colegio de San Pedro de la Paz dejara a tres menores heridos, un estudiante estudiante atacara en el rostro a una compañera con un arma blanca en Coronel, un alumno intentara intentara apuñalar a un profesor en Talcahuano y otro escolar fuera sorprendido portando un arma de fuego en un establecimiento de Concepción. “Cuando presentamos el proyecto, no imaginamos que en tan poco tiempo se volvería tan urgente. Después de todo esto, se hizo evidente que las armas ya están dentro de las salas de clases y también en los hospitales. Eso no puede seguir pasando”, destacó al respecto la autora del proyecto. Marlene Pérez. Dicha realidad no dista mucho de lo que se vive en la provincia provincia de Biobío. El 18 de junio recién pasado, el funcionamiento funcionamiento del Complejo Asistencial Dr.
Víctor Ríos Ruiz de Los Angeles se vio interrumpido cuando un hombre de 80 años ingresó a la Unidad de Tratamiento Intensivo Intensivo (UTI) de Neurología y disparó disparó con un arma de fuego a su esposa de V años, quien se encontraba hospitalizada. El ataque armado obligó a activar los protocolos de emergencia, emergencia, reforzar la seguridad y suspender momentáneamente las funciones internas del hospital. hospital. Fue un hecho sin precedentes precedentes en la historia del establecimiento establecimiento y la comuna.
Con el impulso de esos antecedentes, antecedentes, el proyecto de ley fue aprobado en general por la Comisión de Seguridad Ciudadana, Ciudadana, en el marco de su primer trámite constitucional. ¿QUÉ PROPONE EL IROYEC1O DE LEY? El corazón del proyecto apunta apunta a entregar libertad de acción a las comunidades educativas y de salud.
Según detalló Pérez, no se trata de una obligación, sino de una facultad: cada colegio, ya sea público, subvencionado o privado, podrá decidir si instala o no detectores de metales para prevenir el ingreso de armas. Lo mismo aplicaría para centros de salud y hospitales. La parlamentaria recordó que, en el pasado, un colegio de Temuco fue multado por instalar detectores de metales.
Frente a ello, aseguró que se busca “dar la libertad para que cada centro asistencial y colegio tenga la plena libertad de decidir decidir cómo proteger tanto a sus alumnos como a sus pacientes y trabajadores de la salud”. Respecto del avance de la iniciativa, la parlamentaria detalló que se fijó como plazo máximo hasta el 18 dejulio para la presentación de indicaciones. Luego, el proyecto se discutirá en particular antes de pasar al Pleno y, si logra sortearla Cámara, Cámara, la discusión continuará en el Senado. Pérez admite que ninguna iniciativa legislativa constituye constituye una bala de plata contra la violencia, pero sí cs una señal contundente. “No resolveremos resolveremos el 100% del problema, pero por lo menos será una medida disuasoria.
Hoy, que un alumno pueda entrar armado a una sala de clases y disparar vulnera los derechos humanos”, puntualizó. ¿QUÉ TAN FAVORABLE ES LA MEDIDA? En conversación con Diario La Tribuna, Alexander Nanjarí, profesor investigador del Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Desarrollo (Faro U DD), planteó que la medida, aunque es bien intencionada, podría convertirse en “letra muerta”. Al respecto, detalló que la instalación de detectores de metales “genera prevención situacional porque disuade el porte de armas de fuego y armas blancas. Pero el problema problema es operativo: si una persona persona ingresa armada a un colegio o Cesfam, hoy los profesores, paradocentcs o el personal de salud no están capacitados ni tienen las herramientas para reducirla. Nadie va a exponerse a detener a un agresor armado sin respaldo policial”, explicó. Para Nanjarí, una política de prevención con detectores solo sería viable si se acompañara de personal especializado. “Hablamos “Hablamos de policías o guardias de seguridad entrenados para actuar si se detecta un arma. No podemos dejar esa tarea a un asistente de la educación o a un enfermero.
En estadios o eventos masivos funciona porque porque hay presencia de Carabineros Carabineros y seguridad privada, pero en un colegio de barrio o un Cesfam rural, ¿quién va a operar operar el detector y reaccionar si se detecta un arma?”, se preguntó el experto. Más allá de los dispositivos, Nanjarí pone el acento en atacar las causas estructurales. A su juicio, una estrategia más efectiva efectiva para reducir la presencia de armas en espacios públicos y recintos educacionales es endurecer endurecer las penas y sanciones asociadas asociadas al porte y la tenencia. “Hay que elevar el costo de oportunidad. Si una persona sabe que portar o usar un arma implica una condena real y efectiva, efectiva, lo pensará dos veces. Y si es menor de edad, los padres como tutores legales también deberían enfrentar responsabilidades”, responsabilidades”, sostuvo. Para Nanjarí, el problema tiene que ver principalmente con el contrabando de armas de fuego y municiones, y con la producción de manera artesanal. artesanal. “Hoy vemos demasiadas, que superan cualquier control administrativo”, lamentó.
De ahí la importancia, ajuicio ajuicio del docente, de sancionar y endurecer las penas respecto de la tenencia y el porte de estos elementos. 1 La iniciativa busca autorizar la instalación de pórticos en los recintos, sin que sus administraciones arriesguen sanciones. Medida surge como respuesta a los hechos de violencia que han afectado a las regiones del Biobío y La Araucanía. protocolos internos que resguarden el derecho a la privacidad de estudiantes, pacientes y funcionarios..