Autor: El día en que la seguridad dejó de ser intocable

La tijera entra a seguridad: recortan miles de millones a Carabineros, PDI y planes contra el crimen
La tijera entra a seguridad: recortan miles de millones a Carabineros, PDI y planes contra el crimen Presupuesto 2026 bajo la lupa 133 ANNIEDAC nc VILE HILE La escena ocurrió en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, pero el impacto político del anuncio excedió con rapidez los muros del Congreso.
Allí, el subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, junto a la ministra Trinidad Steinert, expusieron el recorte que buscan aplicar en la cartera: de los $72 mil millones que se espera rebajar del presupuesto, al menos un 71% recaerá sobre Carabineros. La cifra no es marginal. Implica $51.612 millones menos para la policía uniformada en 2026. La PDI, en tanto, enfrentará un ajuste de $16.669 millones.
El dato no sería tan explosivo si no fuera porque llega en el peor momento posible: con la seguridad instalada como la principal preocupación pública, con presión política permanente sobre las autoridades y con el propio Gobierno levantando un discurso de prioridad frente al crimen organizado, los homicidios y la violencia en los barrios. El problema es que, cuando se abre el detalle del ajuste, la contradicción deja de ser una impresión para convertirse en una evidencia incómoda. Porque no solo se recortan partidas administrativas. Se rebajan fondos en vehículos, bienes y servicios de consumo, gasto de personal, proyectos de inversión y programas estratégicos. Es decir, no se está hablando de una poda ornamental. Se está interviniendo el músculo operativo del aparato de seguridad del Estado. La circular que encendió la alarma El trasfondo de esta decisión está en la circular enviada el 13 de marzo por el Ministerio de Hacienda a todos los organismos de la administración central. En ella se instruyó una "rebaja transversal de 3,0% del gasto bruto de cada partida", a lo que se sumó una rebaja adicional, a nivel del sector público, por US$1.000 millones. La formulación del documento es, en apariencia, técnica. Pero sus implicancias son profundamente políticas. Cada ministerio debía identificar "abusos y malas prácticas en el uso de recursos fiscales", además de detectar espacios permanentes de eficiencia y austeridad. En otras palabras, el ajuste se justificó bajo una lógica de ordenamiento, control y poda de excesos.
Sin embargo, cuando esa misma lógica aterriza en seguridad, la pregunta es inevitable: ¿ qué se está entendiendo por exceso en un sector donde el Estado viene diciendo, desde hace años, que faltan capacidades, dotación, equipamiento y despliegue? La interrogante se vuelve aún más delicada si se recuerda que la Ley de Presupuestos 2026, despachada por el Congreso el 26 de noviembre pasado, contemplaba recursos para la formación de casi 3.700 carabineros, más de 700 detectives y 250 agentes policiales de la PDI. También incluía la renovación de más de mil vehículos de Carabineros y otros 130 de la PDI. Ese diseño presupuestario respondía a una necesidad política y operativa explícita: fortalecer la presencia del Estado en seguridad. Cuatro meses después, el mismo Estado comenzó a desmontar parte de esa promesa. Carabineros: el mayor golpe El recorte a Carabineros concentra el núcleo más duro del ajuste. De los $51.612 millones menos contemplados para la institución, la rebaja más significativa apunta a la compra de vehículos: $33.271 millones, equivalentes al 70,6% del presupuesto de ese ítem. La señal es más que contable. Carabineros no solo cumple una función reactiva, sino que sostiene buena parte de su presencia territorial a través del patrullaje. Menos vehículos hoy no significa solamente menos compras mañana. También implica menor renovación de flota, más desgaste operativo, más presión sobre móviles antiguos y más vulnerabilidad en barrios donde la rapidez de respuesta no es un lujo, sino una necesidad básica. Lo más delicado es que la contradicción quedó expuesta por la propia autoridad.
Jouannet sostuvo inicialmente ante los diputados que esperaban que los recortes "no afecten, naturalmente, temas sensibles que tienen que ver con la seguridad del país". Pero al abordar la disminución en compra de vehículos de Carabineros terminó admitiendo que sí afectaría "directamente la ejecución, naturalmente, del plan contra el crimen organizado". La frase no pasó inadvertida. Porque transparenta lo que el discurso inicial intentó matizar: cuando se recorta el soporte logístico de una policía, se afecta directamente su despliegue. La explicación oficial apuntó a que la misma institución habría propuesto esa rebaja, dado que los contratos firmados el año pasado recién estarían comenzando y la ejecución se extendería por dos o tres años. Según el subsecretario, esos recursos estaban reservados y la decisión sería ejecutar solo lo que efectivamente se había ejecutado este año. IDINEDE CAF Pero incluso si esa explicación administrativa fuera correcta, el fondo del problema sigue intacto. Lo que se posterga en equipamiento no desaparece como necesidad. Solo se traslada en el tiempo. Y cuando la brecha entre necesidad operativa y disponibilidad material crece, el sistema empieza a tensionarse. Menos bienes, menos servicios, menos calle El ajuste en Carabineros no termina en los vehículos. También se anunció una reducción de $4.700 millones en bienes y servicios de consumo.
Según lo señalado por el propio subsecretario, esto impactaría "directamente en el desarrollo de operaciones habituales, tales como mantenimiento y operaciones de cuarteles y vehículos". La frase merece ser leída con cuidado. "Operaciones habituales" no es una definición neutra. Allí caben mantenciones, abastecimiento, funcionamiento diario, condiciones mínimas para que la policía opere con continuidad. Cuando esos recursos se reducen, la afectación no es futura, sino inmediata. Se toca la base que sostiene la operación cotidiana.
A eso se suma un recorte de $11 mil millones en gasto de personal, propuesta que, según las autoridades, habría sido planteada por la propia institución debido a una subejecución de $18 mil millones en 2025 en ese ítem. También se contemplan disminuciones por $1.583 millones en gasto de personal del Hospital de Carabineros y por $1.057 millones en proyectos de inversión. El argumento de la subejecución puede resultar técnicamente razonable, pero políticamente no desactiva la alarma. Porque una subejecución no siempre equivale a holgura estructural. A veces es síntoma de cuellos de botella administrativos, demoras en contratación o ineficiencias de implementación. Tomarla como base para rebajar recursos permanentes puede convertirse, más adelante, en un problema mayor si la demanda operativa se mantiene o aumenta.
El silencio institucional Frente a este cuadro, tras una publicación de CIPER consultó a Carabineros por las razones de la subejecución de 2025 y por el posible impacto de los recortes en su capacidad investigativa, particularmente en unidades sensibles como el OS-7, el OS-9 y Labocar. También preguntó si la disminución del presupuesto destinado a vehículos, sumada a la rebaja en bienes y servicios, podría afectar los patrullajes en barrios críticos. La respuesta fue el silencio institucional. A través de su El ajuste fiscal impulsado desde Hacienda golpea de lleno a las policías, la prevención del delito y la ciberseguridad. La contradicción quedó expuesta en la propia Comisión de Seguridad: mientras el Gobierno promete firmeza ante el crimen, anuncia rebajas que alcanzan patrullajes, vehículos, operaciones y programas diseñados para contener homicidios y violencia territorial. Autor: El día en que la seguridad dejó de ser intocable. El ajuste fiscal impulsado desde Hacienda golpea de lleno a las policías, la prevención del delito y la ciberseguridad. La contradicción quedó expuesta en la propia Comisión de Seguridad: mientras el Gobierno promete firmeza ante el crimen, anuncia rebajas que alcanzan patrullajes, vehículos, operaciones y programas diseñados para contener homicidios y violencia territorial.
La tijera entra a seguridad: recortan miles de millones a Carabineros, PDI y planes contra el crimen Departamento de Comunicaciones, Carabineros indicó que no se referiría al tema y se limitó a señalar que su foco seguirá siendo "trabajar día a día para resguardar la seguridad de la ciudadanía". En términos políticos, esa respuesta dice tanto como una declaración extensa. Porque evita entrar al fondo del asunto: si la institución será capaz o no de sostener el mismo estándar operativo con menos recursos. El problema es que ese vacío no se llena con eslóganes. Se llena con hechos. Y en seguridad, los hechos terminan viendo la luz en los tiempos de respuesta, en la cobertura de patrullaje, en la mantención de unidades especializadas y en la capacidad de presencia territorial. La PDI: ajuste sobre una estructura ya estrecha En el caso de la PDI, el recorte asciende a $16.669 millones. Según las autoridades, el ajuste se concentraría en gasto de personal y proyectos de inversión. Solo en el ítem de personal se anunció una rebaja de $13.266 millones. Aquí el diagnóstico previo es particularmente sensible.
De acuerdo con un oficio enviado el 9 de marzo por el exministro de Seguridad, Luis Cordero, al diputado Cristian Araya, entre 2010 y 2025 la dotación de la PDI creció apenas en 2.317 funcionarios, pasando de 10.668 a 12.985, considerando personal de planta y a contrata. Es decir, la policía civil arrastra desde hace años una expansión muy por debajo de la complejidad criminal que el país ha debido enfrentar.
Por eso, cuando la autoridad señala que la institución carga con un "déficit operacional histórico en materia de dotación" y que el ajuste presupuestario representa "un esfuerzo máximo dentro de los márgenes posibles", lo que hace, en realidad, es reconocer que está recortando sobre una estructura ya estrecha.
Jouannet indicó que la rebaja estaría vinculada a viáticos y a la implementación de operaciones en el paso fronterizo Cardenal Samoré, asegurando que no se afectará la dotación, sino la complementación de la contratación de 52 técnicos. Sin embargo, el problema vuelve a ser la distancia entre el discurso y la señal de fondo. Tras la aprobación del presupuesto 2026, el propio Gobierno había destacado la implementación de modalidad 24/7 en controles fronterizos como Integración Austral, San Sebastián y Cardenal Samoré. Ahora, en paralelo, anuncia ajustes en un área que involucra precisamente operaciones fronterizas. La paradoja no necesita subrayado. Se prometen más controles, pero se ajustan recursos asociados a su implementación. Proyectos sin detalle, recortes sin explicación La PDI también enfrentará un recorte de $3.402 millones en proyectos de inversión. Durante la sesión, sin embargo, las autoridades no especificaron qué iniciativas se verían afectadas. CIPER consultó al Ministerio de Seguridad por el detalle de esos proyectos, pero hasta el cierre del artículo no hubo respuesta. Ese dato no es secundario. En cualquier política pública sensible, pero especialmente en seguridad, el detalle del recorte importa tanto como el monto global. No es lo mismo reducir una inversión postergable que aplazar infraestructura crítica, equipamiento estratégico o mejoras tecnológicas para investigación criminal. La ausencia de esa información abre un espacio de opacidad que agrava la inquietud. Porque si el país está siendo llamado a aceptar una política de austeridad en seguridad, lo mínimo exigible es transparencia absoluta sobre dónde, cómo y con qué criterio se aplicará esa austeridad. Los programas que quedan a la intemperie El recorte también alcanzará al menos a cuatro programas del ministerio. Y aquí la dimensión política se vuelve todavía más aguda, porque ya no se trata solo de policías, sino de las estrategias que el propio Estado ha levantado para responder a fenómenos de violencia compleja. El Plan Nacional contra el Crimen Organizado sufrirá una disminución de $583 millones, asociados a un convenio aún no suscrito con la Dirección General de Aeronáutica Civil. El Plan Calles Sin Violencia, diseñado para frenar el alza de homicidios en territorios específicos, enfrentará un recorte de $1.787 millones. El programa Somos Barrio verá reducidos $3.526 millones. Y también será afectado el Programa de Seguimiento de Causas Judiciales. Cada uno de estos programas apunta a un frente distinto de la seguridad pública. El primero se vincula con la persecución del crimen organizado. El segundo opera sobre territorios con violencia letal. El tercero busca reducir condiciones de victimización y violencia en barrios vulnerables. El cuarto apunta al seguimiento institucional de causas, una dimensión menos visible, pero clave para que el sistema no pierda trazabilidad en la respuesta penal. La conclusión es evidente: el ajuste no está golpeando áreas periféricas. Está entrando en el corazón de la estrategia de seguridad. Calles Sin Violencia: menos fondos para el plan que prometía frenar homicidios De todos los programas afectados, Calles Sin Violencia tiene una carga simbólica especial. Fue presentado precisamente como una estrategia interinstitucional para contener el alza de homicidios en zonas críticas. Reducir recursos allí no es solo un movimiento presupuestario. Es una señal política que reabre dudas sobre la consistencia del enfoque gubernamental.
En un país donde la discusión pública se ha desplazado desde la delincuencia común hacia la violencia organizada y el crimen con armas, los homicidios han adquirido un peso central como termómetro del deterioro de seguridad. Si el programa llamado a contener esa curva se ve recortado, el mensaje hacia los territorios intervenidos es, en el mejor de los casos, ambiguo. Porque la prevención focalizada no funciona solo con voluntad política. Requiere continuidad, coordinación, financiamiento y capacidad operativa sostenida. Un recorte a mitad de camino puede afectar justamente la variable más importante: la persistencia de la intervención. Somos Barrio: la prevención siempre paga primero El recorte de $3.526 millones al programa Somos Barrio deja al desnudo un patrón conocido en los ajustes fiscales: la prevención suele pagar técnicamente. La pregunta es si el gobierno está disprimero. Eso ocurre porque sus resultados son menos inmediatos, menos visibles en la agenda del día y más difíciles de traducir en titulares instantáneos. Pero en seguridad pública, esa lógica suele ser un error. Lo que no se La contradicción que queda instalada previene hoy se persigue mañana con más costo, más violencia y menos margen. Somos Barrio apunta precisamente a reducir victimización y condiciones de violencia en localidades específicas. Es una intervención sobre factores de riesgo, convivencia y presencia estatal.
Recortar en ese plano no genera una crisis inmediata como la falta de combustible para una patrula, pero puede incubar un deterioro más profundo y más silencioso: la erosión de la capacidad preventiva del Estado en sectores vulnerables. Ciberseguridad: el flanco que también se debilita Lo más revelador de todo este episodio no es solo la magnitud de las cifras. Es la secuencia política que dejan. En noviembre, el Congreso despachó un presupuesto que reforzaba formación, dotación y renovación de flota policial. En marzo, Hacienda instruyó una rebaja transversal y un ajuste adicional de gran escala. Días después, el Ministerio de Seguridad anunció recortes que impactan a Carabineros, PDI, prevención del delito, programas contra homicidios, seguimiento judicial y ciberseguridad.
El subsecretario también anunció recortes en la Agencia Nacional de CiLa línea es clara: el Estado aprobó un fortalecimiento berseguridad, creada en 2024 para coordinar e implementar medidas de y luego comenzó a desarmarlo antes de que terminara de desplegarse. prevención ante amenazas digitales, ciberataques y protección de servicios esenciales y de los derechos de las personas. El ajuste asciende a $143 millones. La principal rebaja se concentrará en el ítem destinado a Ese vaivén tiene consecuencias. Debilita la credibilidad vehículos, con una reducción del 97%. institucional, tensiona la gestión operativa y alimenta la percepción de improvisación. Más todavía cuando El monto parece menor frente a los miles de millones que pierden las policías. Pero el dato de fondo vuelve a ser simbólico y estratégico.
Chile las explicaciones oficiales combinan argumentos de austeridad, subejecución, retrasos contractuales y recreó esa agencia porque comprendió que la seguridad ya no se juega solo visión pendiente de Dipres, sin ofrecer un cuadro pleen calles, fronteras o barrios, sino también en redes, infraestructuras críticas y sistemas digitales. Debilitarla en su etapa de consolidación equivanamente transparente de impactos concretos. le a poner freno a una institucionalidad que recién empezaba a afirmarse. En seguridad, las ambigüedades se pagan caro. Porque mientras las autoridades discuten ajustes, las organizaAquí también aparece la lógica del ajuste mal calibrado: lo que aún no ciones criminales no suspenden su actividad. Mientras muestra resultados masivos suele ser visto como más fácil de recortar. se postergan vehículos o inversiones, los territorios Pero precisamente porque es una institucionalidad nueva, su desarrollo críticos siguen demandando presencia del Estado. Y exige estabilidad y respaldo político. Lo contrario es condenarla a la framientras la prevención pierde recursos, la violencia no gilidad permanente. se toma una pausa.
El costo de ajustar donde más se prometió Dipres, Hacienda y la arquitectura del recorte Según lo señalado por Jouannet, los recortes aún deben ser revisados por Todo gobierno tiene derecho, e incluso obligación, de la Dipres. Consultado por CIPER sobre cuando se conocerá la resolución, ordenar sus cuentas públicas. Pero no todos los recorel Ministerio de Seguridad respondió que "el Ministerio de Hacienda es tes pesan igual. Algunos golpean la estructura profunquien ejecuta los decretos de rebaja y Dipres realiza las modificaciones da de una política. Y otros, además, contradicen el represupuestarias". lato sobre el cual esa política se ha legitimado frente al país. La frase parece administrativa, pero define la arquitectura del poder en esta decisión. Porque, en la práctica, el Ministerio de Seguridad anuncia, Eso es lo que ocurre aquí. La seguridad fue presentada justifica y defiende recortes cuyo centro de gravedad está en Hacienda. Es como prioridad.
Sin embargo, la tijera entró justamendecir, la política de seguridad se ve subordinada a una lógica fiscal central te por ahí: vehículos, patrullajes, gasto operativo, dotaque opera con criterios de equilibrio macro y disciplina presupuestaria. ción complementaria, programas barriales, lucha contra homicidios, crimen organizado y ciberseguridad. Ese diseño puede ser institucionalmente comprensible, pero políticamente tiene un costo alto.
La ciudadanía no juzga a Hacienda por la baja de La gran pregunta no es solo si estos recortes terminapatrullajes ni por la menor ejecución de programas contra la violencia. rán aplicándose tal como fueron anunciados. La verdaJuzga al gobierno en su conjunto y, más específicamente, a las autoridadera pregunta es qué revela el solo hecho de haberlos des que han prometido combatir el crimen con decisión. puesto sobre la mesa. Y la respuesta es incómoda: que, al momento de ajustar, la seguridad dejó de ser Por eso, la pregunta central no es si el ajuste puede justificarse intocable. Autor: El día en que la seguridad dejó de ser intocable. puesto a asumir el costo político de recortar en seguridad mientras sostiene, al mismo tiempo, que la seguridad es prioridad nacional.