Dificultades económicas y demoras en proyectos: la realidad de las fundaciones un año después del caso Convenios
Dificultades económicas y demoras en proyectos: la realidad de las fundaciones un año después del caso Convenios que en muchos procesos "no existen aún reglas claras". "Requerimos avanzar en externalizar los controles y la forma de regular", agrega.
En esa línea, en enero se ingresó, a través de un mensaje presidencial al Senado, un proyecto de ley que establece bases de las transferencias a personas e instituciones privadas, y que fue una de las propuestas de la Comisión Jaraquemada que creó el Gobierno luego de la crisis. "Las instituciones privadas sin fines de lucro son importantes colaboradores del Estado en el logro de sus objetivos.
Pese a ello, la relación entre el Estado y estas organizaciones no cuenta con una Ha sido un año difícil para las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, luego del impacto que tuvieron las transferencias irregulares que, en junio de 2023, se detectaron entre fundaciones y el Estado a través de trato directo, en el conocido caso Convenios, el cual dejó en entredicho el trabajo que realizaban muchas de ellas.
Hoy, aquellas que siguen trabajando con sectores de la población vulnerables reconocen que han pasado por momentos económicos difíciles --especialmente las que contaban con mayor cantidad de convenios-y denuncian una creciente lentitud en los plazos de licitaciones y concursos públicos, que se fijó como la única forma en que el Estado transfiera recursos a los privados. Sobre lo vivido, el capellán de Techo, Benjamín Donoso, S.J., comenta que "el caso Convenios ha sido un balde de agua fría para las organizaciones de la sociedad civil y un golpe para la reputación.
Hoy hay como un manto de duda y pareciera que la palabra fundaciones es como una mala palabra". Hans Rosenkranz, director ejecutivo de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, añade que observa "un fuerte inmovilismo de parte del Estado" que, dice, está dejando a muchas personas vulnerables "sin respuesta para temas urgentes". Consultado sobre si ha cambiado la forma de trabajar, enfatiza en que en algunos casos se hace necesaria la existencia de tratos directos, pero lamenta regulación general ni permanente, sino que depende en gran medida de glosas presupuestarias que anualmente contempla la Ley de Presupuestos", establece el mensaje. Actualmente, el texto se encuentra en la comisión de Hacienda en su primer trámite y, aunque cuenta con urgencia simple, se ha demorado en avanzar.
En este contexto, el director ejecutivo del Hogar de Cristo, Juan Cristóbal Romero, hace una autocrítica y reconoce que algunas veces las fundaciones, "por el hecho de ser impulsores que contribuyen al bien social, creemos que tenemos un estatus preferencial, y la verdad es que nos debemos a las mismas leyes y criterios". Necesidad de transparencia Pero ¿ cuál es la mirada que tiene la población en este momento sobre las fundaciones? Una encuesta realizada por Cadem --encargada por la Comunidad de Organizaciones Sociales-indagó en el fenómeno y arrojó que un 47% cree que es muy importante que exista este tipo de entidades; un 28%, algo importante, y un 16%, poco o nada importante (ver infografía). Sin embargo, aun cuando baja con respecto a 2023, una gran mayoría se muestra de acuerdo con que estas se encuentran en crisis (60%) y creen necesario que transparenten su financiamiento (81%). Andrés Costas, gerente de estudios cualitativos de Cadem, comenta que estos resultados, a su juicio, dan cuenta de que, por un lado, la sociedad sigue queriendo que existan fundaciones, pero, por otro, enfatizan la necesidad de mayor transparencia y controles para evitar lo sucedido.
Paulina Henoch, coordinadora del programa Pobreza, Vivienda y Ciudad, de Libertad y Desarrollo, añade que "preocupa que las fundaciones digan que es más difícil acceder a recursos públicos en un contexto donde crecen los campamentos, y hemos pasado por bastantes catástrofes". Impacto en las universidades Un actor que se ha visto impactado de forma indirecta son las universidades públicas no estatales, agrupadas en la red G9. Al menos así lo denuncia Nelson Vásquez, rector de la UC de Valparaíso y presidente de la agrupación. Reclama que a raíz de la prohibición de tratos directos las casas de estudios no pueden ser contratadas por las autoridades para trabajos en conjunto.
Esto lo califica como una "situación dañina" y acusa que no sucede lo mismo con las universidades estatales. "Yo entiendo que debe haber mecanismos de fiscalización, pero otra cosa muy distinta es que universidades como nosotros, que están constantemente supervisadas y tenemos muchos años, debamos pasar por esa vía cuando tenemos una responsabilidad con nuestras regiones", asevera.
En junio de 2023 se detectaron irregularidades en los traspasos entre privados y el Estado Dificultades económicas y demoras en proyectos: la realidad de las fundaciones un año después del caso Convenios JUAN PABLO GUZMÁN Aunque entre los actores del sector valoran las mayores exigencias en transparencia que se han puesto, estiman necesario agilizar los plazos en licitaciones públicas.. -