Cortes eléctricos
Cortes eléctricos L a violenta tormenta del jueves pasado dejó a cientos de miles de capitalinos en la oscuridad, una situación que, para un número significativo de ellos, se ha prolongado por varios días.
En su momento cúlmine, el 2 de agosto, había más de 740 mil clientes sin servicio en la Región Metropolitana, y luego de cuatro días del comienzo de los cortes, casi 135 mil seguían anoche en esa situación (en todo el país, la cifra alcanzaba a unos 230 mil). Las molestias asociadas han provocado una fuerte y justificada molestia en la población, así como reacciones airadas de alcaldes y críticas a las que recientemente se han sumado el Gobierno y sus organismos regulatorios. Una forma de explicar lo sucedido es considerar que, especialmente en la capital, son escasos los eventos de vientos fuertes.
Esto significa que los árboles, incluso aquellos más débiles o con r a í c e s p o c o p r o f u n d a s, usualmente no se caen, a diferencia de lo que ocurre en ciudades donde estos fenómenos son más comunes y en las que ello es considerado en el diseño urbano.
Así, en el caso de Santiago, ahora, cuando finalmente llegaron vientos de velocidad inusitada, derribaron ya no solo ramas --como sucedió en mayo, cuando también hubo cortes, pero en general de menor duración--, sino árboles completos, los que a su vez echaron abajo postes. Estos daños alcanzaron gran parte de la ciudad y tardan en ser resueltos: en muchos casos, hay que sacar los árboles y reponer los postes antes de poder devolver el servicio.
El problema es que no hay en las empresas suficientes equipos de emergencia ni personal entrenado para poder resolver problemas de esta magnitud en forma rápida: dado que un evento de estas características es infrecuente, elevaría en exceso los costos del servicio de distribución.
Ello tal vez explica por qué, a propósito de los actuales cortes, el Gobierno ha sido más bien tardío en sus críticas a las empresas y solo comenzó a hacerlas cuando los cuestionamientos de los alcaldes abrieron aquí un flanco político.
Y es que la autoridad central probablemente entiende que, en parte, la falta de inversión en el sector en los últimos años --y su consiguiente impacto en la resiliencia del sistema-se debe a conductas de las que el Estado es responsable, como el retraso tarifario, las deudas de clientes a los que no se les podía cortar el servicio y el robo de energía. Por cierto, las fallas del regulador --o las que pudieren atribuirse a municipios y vecinos en cuanto a la adecuada mantención de árboles-no excusan las responsabilidades de las propias empresas distribuidoras.
Particularmente graves han sido sus falencias para explicar no solo las causas de la tardanza en la recuperación del servicio, sino los criterios que determinan la mayor o menor lentitud, así como en establecer canales de comunicación directa con sus clientes. Dejaron así a miles de hogares en la incertidumbre, sin un horizonte claro de solución respecto de un servicio cuya ausencia resulta crítica, particularmente en esta época del año. Pero las implicancias de los actuales cortes van más allá de esta coyuntura.
Los planes de descarbonización --una política necesaria para enfrentar el cambio climático y que hoy genera amplio consenso-requieren un alto grado de seguridad del suministro eléctrico: cuando las familias dependan solo de este servicio para --junto con operar sus electrodomésticos-calefaccionar los hogares, cocinar y hasta transportarse, un corte de esta magnitud tendrá efectos mucho mayores aún. Por lo mismo, la descarbonización exige una red de distribución más resiliente. Por el contrario, en las condiciones actuales militan contra la transición energética tanto el alza de costos de la electricidad como la inseguridad. Por eso, hacia adelante, y dado que no es posible asegurar el estándar requerido usando un tendido aéreo, será necesario el soterramiento generalizado, al menos en las zonas de mayor densidad poblacional. Una posibilidad sería imponerlo como un requisito a la construcción, pero el problema persistiría en las zonas consolidadas, en las que los usuarios deberían asumir el costo de la transformación. Por eso, y como se ha señalado antes en estas páginas, es necesario repensar el actual esquema de empresa modelo para la fijación de tarifas.
Entre otros cambios, se debe considerar incorporar mecanismos para estimular a las empresas a realizar las inversiones que se requieren para elevar los estándares de seguridad del servicio: tanto el referido soterramiento como el desarrollo de redes más inteligentes. Aun siendo inexcusables las falencias mostradas por las empresas, la falta de inversión en el sector se debe a conductas de las que el Estado es responsable..