Municipios contra proyectos: el instructivo que podría disparar la judicialización
Municipios contra proyectos: el instructivo que podría disparar la judicialización ¿ Inversión en jaque? Municipios contra proyectos: el instructivo que podría disparar la judicialización Abogados alertan por un nuevo criterio del SEA que, dicen, es ilegal, fomentaría la judicialización y refuerza el rol de los alcaldes como opositores clave a las inversiones. judicialización y refuerza el rol de los alcaldes como opositores clave a las inversiones.
Sergio Sáez Fuentes Sergio Sáez Fuentes Más judicialización? El instructivo que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emitió el 8 de abril para delimitar el rol de las municipalidades en la evaluación de proyectos ha provocado una ola de críticas.
Aunque el documento busca unificar criterios respecto ala participación de los municipios dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), abogados especialistas advierten que su aplicación podría abrir un nuevo frente de conflictividad, judicialización y politización en la tramitación de inversiones.
Y es que, lejos de ser un actor pasivo, los se han consolidado como uno de los principales opositores a los proyectos de inversión, transformando los tribunales ambientales en una arena recurrente para frenar iniciativas que ya cuentan con luz verde técnica. Con el nuevo instructivo, dicen los expertos, se institucionaliza esta práctica. "El instructivo le entrega a los municipios un doble rol: como órgano con competencia ambiental (OAECA), pero también como observador ciudadano. Esto no está en la ley, y si no está en la ley, menos puede estar en un instructivo. Es, derechamente, un reglamento encubierto", advierte Paulina Riquelme, socia del estudio EeLaw.
Según la abogada, el documento otorga alos gobiernos comunales la posibilidad de presentar observaciones ciudadanas durante la evaluación de un proyecto. "Si no quedan conformes con la respuesta a sus observaciones, pueden reclamar administrativamente, e incluso ante el Comité de Ministros", dice.
Esta lectura es compartida por Rodrigo Benítez, socio de Schultz Carrasco Benítez Abogados y exsubsecretario del Medio Ambiente. "Por un lado se reconoce el rol técnico de los municipios en materias de compatibilidad territorial, pero por otro se les permite opinar de cualquier tema en la evaluación ambiental. En ese último rol podrían incluso recurrir judicialmente contra proyectos. Es un criterio complejo, que aumentará la conflictividad del sistema", afirma.
El instructivo del SEA establece tres funciones que deben cumplir los municipios: pronunciarse sobre la compatibilidad territorial de los proyectos, evaluar su coherencia con los Planes de Desarrollo Comunal (Pladeco) y colaborar en los procesos de participación ciudadana.
El pro: blema, aseguran los expertos, es que estas blema, aseguran los expertos, es que estas q tareas pueden ser usadas como plataforma para impugnar decisiones técnicas por razones políticas. "La participación ciudadana por medio de los municipios puede ser positiva en cuanto a representar mejor a las comunidades, y va en línea con el Acuerdo de Escazú (... ) Pero se está dotando a las municipalidades de la facultad de pronunciarse sobre temas ajenos a su competencia dentro del SEIA, mediante observaciones ci dadanas. Esto no es coherente con el proyecto de reforma al sistema, que busca precisamente despolitizar el proceso", explica Valeria Ruz, socia de FerradaNehme.
Ruz plantea que este instructivo puede profundizar una tendencia que ya se viene observando: "Facilita que un alcalde --con una determinada orientación política-utilice este mecanismo para oponerse a proyectos, incrementando el riesgo de judicialización". dicialización". ¿Zona de conflicto? Las advertencias de los expertos no son antojadizas. En la práctica, los municipios han sido protagonistas de varios epiPueden reclamar administrativamente, e incluso ante el Comité de Ministros", Paulina Riquelme, estudio EeLaw sodios de oposición judicial a proyectos aprobados ambientalmente.
Un caso reciente es el de la alcaldesa de Quinta Normal, Claudia Bobadilla (FA), quien el 29 de abril presentó una reclamación ante el Segundo Tribunal Ambiental contra el proyecto "Parque Quilicura", que contempla una inversión de US$100 millones y fue aprobado en febrero.
Otro ejemplo es el de la Municipalidad de Pudahuel, liderada por el también oficialista Ítalo Bravo, que en mayo llevó al Segundo Tribunal Ambiental una reclamación contra el proyecto "Edificio Claudio Arrau" (US$59 millones), aprobado por el SEA. La alcaldía solicita que se reconozca su legitimación activa para impugnar el proyecto, aludiendo a un eventual colapso del Cesfam Violeta Parra por el aumento de población que traería la obra. Incluso la Línea 7 del Metro fue blanco de una ofensiva judicial por parte de la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, quien recurrió al tribunal ambiental para frenar el proyecto en 2022.
Y en abril del año pasado, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), intentó sin éxito detener No es coherente con el proyecto de reforma al sistema que busca despolitizar el proceso", Valeria Ruz, FerradaNehme Valeria Ruz, FerradaNehme el "Edificio Pajaritos" de la inmobiliaria Icalma (US$90 millones), aunque el caso ahora está en la Corte Suprema. "El instructivo yerra completamente el foco. La principal función del municipio es pronunciarse sobre la compatibilidad territorial del proyecto. Este instructivo no solo omite esa centralidad, sino que además habilita una agenda de activismo ambiental desde los municipios. No nos enga: ñemos: muchos alcaldes van a usar esto con fines electorales, tal como ocurrió con el caso Dominga", señala Jorge Andrés Cash, socio de JACS Consulting. Para Cash, el documento del SEA no solo es jurídicamente insostenible, sino que también representa un riesgo institucional. "Estamos ante una flagrante ilegalidad. Sorprende la osadía del SEA en este tema. La única consecuencia previsible es que se profundicen los conflictos en tribunales, con municipios judicializando cada vez más proyectos", concluye. En el centro de la crítica está el instrumento legal utilizado: un instructivo administrativo.
Todos los juristas consultados coinciden en que las materias tratadas por el SEA --la participación, legitimación y atribuciones de las municipalidades en el SEIAsolo pueden ser reguladas por ley, no mediante un acto administrativo. "El problema no es solo el fondo, que ya es grave, sino también la forma. Este tipo de cambios estructurales deben pasar por el Congreso, porque afectan directamente la gobernanza del sistema ambiental chileno", remarca Riquelme..