Estallido: Estado enfrenta demandas por $260 mil millones, en medio de reapertura de comercios incendiados
Estallido: Estado enfrenta demandas por $260 mil millones, en medio de reapertura de comercios incendiados Uno de los locales que sufrió más daños en el sector cercano a Plaza Baquedano, durante las protestas de 2019 fue la Hacienda Gaucha (arriba). El restaurante volvió a abrir hace algunos meses.
JUAN EDUARDO LÓPEZ Uno de los locales que sufrió más daños en el sector cercano a Plaza Baquedano, durante las protestas de 2019 fue la Hacienda Gaucha (arriba). El restaurante volvió a abrir hace algunos meses. MACARENA PÉREZ No fueron uno ni dos los comercios incendiados durante el estallido, desde octubre de 2019 hasta al menos los primeros meses de 2020. Tampoco fueron ni una ni dos las personas que sufrieron lesiones durante las múltiples protestas, muchas de ellas seguidas de desórdenes y destrozos, que se sucedieron en ese período. Iglesias, restaurantes y supermercados fueron quemados, otros saqueados, y manifestantes --pero también algunos simples transeúntes, como ocurrió con Fabiola Campillai-resultaron alcanzados por perdigones o municiones de carabinas lanzagases.
Esas son solo algunas de las situaciones que hoy tienen al Estado, a poco más de cinco años, enfrentando demandas que suman más de $260 mil millones, ya sea por omisión de resguardos o daños físicos. A la fecha, el fisco ha pagado $505 millones en indemnizaciones, solo en dos causas terminadas, mientras que otras 442 demandas siguen en curso. El recuerdo de las imágenes de esos días volvió hace solo algunas semanas a la memoria de muchas personas, luego de que el restaurante Hacienda Gaucha, ubicado en Av. Vicuña Mackenna, reabriera sus puertas, tras ser quemado en 2019 y pasar años con sus puertas cerradas. Su dueña, la familia Torre, sufrió los daños de este y otros locales comerciales que posee en el sector céntrico de Santiago. Restaurantes, hoteles y parroquias "Hemos tenido que luchar mucho contra la adversidad", comentaba Lucio Torre en diciembre a este medio.
La familia afirmaba entonces que había dejado de buscar a los responsables materiales de la quema y destrucción del restaurante y el apart hotel cercano, el Principado de Asturias, también de su propiedad, entre otros de sus negocios afectados por el estallido porque, creen, el responsable de proveer la seguridad era el Estado y no lo hizo. Su abogado, José Pedro Baraona, detalla que demandaron al fisco: "Nadie sufrió tanto como la familia Torre, nadie, no hay ningún grupo económico-familiar que le haya tocado lo que les tocó a ellos.
La destrucción prácticamente completa del Hotel Principado de Asturias; destrucción completa del Apart Hotel Principados, destrucción completa de los restaurantes Hacienda Gaucha y Don Lucio, destrucción parcial del Hotel Principados y la fuente de soda, La Terraza, y el cierre por inseguridad del apart hotel que tiene en la calle Merced". El caso de la familia se suma a otros. "Yo creo que estoy, quizás, tocando un poco de fondo". Así describe su estado actual Carlo Siri, dueño de la emblemática ex Fuente Alemana, uno de los locales comerciales más afectados durante el estallido social. "Cuando uno está metido en la borrasca todavía y está mentalizado en que hay que salir de esto, quizás no presta atención a uno mismo", reflexiona Siri, quien sincera que ha dejado caer una que otra lágrima al recordar el nivel de violencia al que estuvo sometido desde octubre de 2019. "Para ser honesto, no me he dado el tiempo, y creo que no lo he tenido, para hacerme ver yo mismo, de ir a un psiquiatra, a un psicólogo, hablar de la situación", sincera. Actualmente, parte de los esfuerzos de Siri se concentran en el funcionamiento de sus negocios, pero también tiene una importante conexión con aquellos días de manifestaciones en la Plaza Baquedano. Se trata de una demanda contra el Estado por $1.200 millones.
Parte de la acción legal ingresada en 2022 sostiene que "la omisión estatal se configura con la falta del ejercicio adecuado de las competencias públicas para reestablecer y preservar el orden público (... ) se congregan un puñado de antisociales que generan severos disturbios en el sector, centrándose particularmente en ataques incluso incendiarios en contra del local". Las situaciones que vivieron y viven los Torre y Siri no son aisladas, otras entidades también han presentado millonarias demandas contra el Estado por su responsabilidad durante el estallido. En octubre del año pasado, el 22 Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagarle a la Parroquia Asunción cerca de $3 mil millones. En esa ocasión, el tribunal consideró que no se adoptaron las medidas de protección y prevención del edificio patrimonial. Sin embargo, el abogado Baraona, que también representa a la iglesia, explica que "en este instante el Consejo de Defensa del Estado presentó un recurso de casación en la forma y una apelación.
Esos recursos ya subieron a la Corte de Apelaciones de Santiago y estamos a la espera de la resolución de sus recursos que va a demorar", por lo cual no hay certezas de que el Estado pague finalmente una indemnización.
La parroquia demandó tras haber sido saqueada en noviembre de 2019 y quemada un año después en el contexto del primer aniversario del estallido. "Ese edificio es de Conservación Histórica según el Plan Regulador de Santiago por tanto requería de parte del Estado especial protección. El Estado omitió ese resguardo, nunca hizo nada", argumenta Baraona.
Desde el Consejo de Defensa del Estado (CDE) señalaron a "El Mercurio" que han recibido 485 demandas contra el Estado de Chile por su eventual responsabilidad en hechos acaecidos durante el estallido, de las cuales 442 se encuentran "abiertas" o en tramitación. Estas, puntualizaron, se dividen en dos categoreprochan el actuar del resguardo de Carabineros. De momento, 12 se encuentran vigentes y cinco no perseveraron: tres terminaron por incompetencia, una por abandono del procedimiento y otra está archivada desde 2022. Por esta causal, el Estado no ha tenido que pagar indemnizaciones momentáneamente.
Sobre la defensa estatal en estos juicios, el presidente del CDE, Raúl Letelier, explica que se "ha mostrado que los hechos vividos desde octubre de 2019 constituyeron episodios de inusitada violencia, que afectaron a muchas personas y comercios a lo largo del país". En ese contexto, indican desde el organismo, que "las fuerzas policiales actuaron correctamente dentro de sus competencias y en el marco de posibilidades que el contexto permitía". Además, agrega Letelier, "se ha puesto énfasis en la improcedencia de hacer efectiva la responsabilidad del Estado para reparar perjuicios que reconocidamente derivaron de conductas delictivas y que fueron perpetradas por terceras personas, desvinculadas absolutamente de los órganos estatales". Los juicios por daños físicos Han sido 468 las demandas contra el Estado por daños físicos, de las cuales 430 se encuentran activas.
Desde el CDE indican que en esta categoría "se agrupan aquellas demandas de indemnización de perjuicios interpuestas por personas que denuncian haber sufrido lesiones de diversa consideración como resultado de la acción de agentes estatales". Letelier, señala que en estas acciones legales "el Consejo de Defensa del Estado se ha concentrado en proporcionar los argumentos que permitan a los tribunales una fijación justa y equitativa de la indemnización que asignará a los demandantes". En ese sentido, hasta el momento el Estado ha sido demandado por $159.449.801.213, y, por haber perdido acciones penales, hasta el 8 de enero de 2025, ha pagado $505.000.000.
El CDE agrega que la mayoría de las causas están en los tribunales de primera instancia y, a la fecha, solo se registran dos sentencias "firmes" que han sido desfavorables para el Estado: "Las acciones presentadas por doña Fabiola Campillai y doña Viviana Alcorta.
La última, por hechos ocurridos en la ciudad de Rancagua". Sin perjuicio ello, desde el organismo puntualizaron que, "en ambos casos, el Consejo de Defensa del Estado ejerció sus atribuciones penales a través de la interposición de querellas criminales contra los funcionarios públicos imputados, procesos en que obtuvo sentencias condenatorias". rías: daños físicos y omisión de resguardo. Sumadas las acciones legales comprometen un monto indemnizatorio que asciende a los $260.336.665.624.
Daños materiales por "actos vandálicos" El CDE detalla que "bajo la denominación `omisión de resguardo' se agrupan aquellas demandas de indemnización de perjuicios presentadas por entidades, comerciantes y/o empresarios que reclaman por daños materiales sufridos como consecuencia de actos vandálicos (saqueos, destrucción y/o incendios)". En esta arista, el órgano sostiene que "existen acciones por medio de las cuales se reclama indemnización del daño moral". Por ejemplo, la demanda de Siri, según comenta, incluye $800 millones por daño a la infraestructura y $400 millones por perjuicios morales.
En esta materia, el Estado ha enfrentado 17 causas que han significado demandas iniciales por $100.886.864.411, "principalmente, locales comerciales, restaurantes y dos parroquias", que Por omisión de resguardos y daños físicos durante manifestaciones seguidas de desórdenes Estallido: Estado enfrenta demandas por $260 mil millones, en medio de reapertura de comercios incendiados Desde 2019 han ingresado 485 acciones legales, de las cuales 442 se encuentran vigentes. A la fecha, el fisco ha pagado $505 millones en indemnizaciones solo en dos causas terminadas.
EDUARDO CANDIA `` Para ser honesto, no me he dado el tiempo, y creo que no lo he tenido (... ) de ir a un psiquiatra, a un psicólogo, hablar de la situación".. ................................................................ CARLO SIRI DUEÑO EX FUENTE ALEMANA `` Las fuerzas policiales actuaron correctamente dentro de sus competencias y en el marco de posibilidades que el contexto permitía".. ................................................................ RAÚL LETELIER PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO `` Nadie sufrió tanto como la familia Torre, nadie, no hay ningún grupo económico-familiar que le haya tocado lo que les tocó a ellos".. ................................................................ JOSÉ PEDRO BARAONA ABOGADO DE DUEÑO HACIENDA GAUCHA.