Tras inédita orden presidencial, fiscal de Aviación envía cinco páginas del caso al Ministerio Público
Tras inédita orden presidencial, fiscal de Aviación envía cinco páginas del caso al Ministerio Público n Ketamina en embarque de un vuelo logístico de la FACh El sábado, la Fuerza Aérea de Chile (FACh) informaba que se detectó "un intento de traslado de una sustancia ilícita por parte de funcionarios de la I Brigada Aérea en Iquique, previo a un vuelo institucional hacia Santiago". Sin embargo, el hecho ocurrió al menos 48 horas antes.
A la 1:00 de la madrugada del jueves 3 de julio, en la base Los Cóndores de Iquique, un funcionario de la FACh sorprendió a dos compañeros intentando subir a un Boeing 737 una maleta que no había sido controlada. El contenido resultó ser 4 kilos de droga y, luego se estableció que había otros tres involucrados. Los cinco fueron detenidos, y luego dados de baja. Posteriormente, se llamó a la Policía de Investigaciones, que identificó la sustancia ilícita como ketamina. El hecho ocurrió en la madrugada del jueves, previo al despegue de un Boeing 737.
FACH n Sobornos a policías de "coyotes" y traficantes en la frontera En mayo de este año, la Fiscalía de Tarapacá anunció que una investigación interna de Carabineros y la propia "permitió la detención de 13 funcionarios activos de la Subcomisaría de Huara y un funcionario en retiro, todos investigados por el delito reiterado de cohecho cometido en el marco de sus funciones fiscalizadoras". Los funcionarios policiales cobraban a personas que se movilizaban en vehículos, generalmente de nacionalidad boliviana, para no someterse a los controles correspondientes.
Según conocedores de la indagatoria que mantiene en prisión preventiva a los funcionarios, cobraban a "coyotes" entre $20 mil y $100 mil para evitar los controles, cuyo resultado, en algunos casos, permitió el ingreso de traficantes de personas y drogas al territorio nacional. El general director de Carabineros, Marcelo Araya. JONATHAN MANCILLA n Funcionarios del Ejército habrían traficado cocaína El caso de la FACh evocó rápidamente otro hecho ocurrido a fines de junio. El día 26 de ese mes, el Ministerio Público formalizó una investigación contra siete funcionarios del Ejército y un civil, quienes integrarían una banda de traficantes de drogas.
Todos quedaron en prisión preventiva tras una extensa y reservada audiencia de siete horas, en la cual la fiscalía relató que los imputados se coordinaron y usaron vehículos para ocultar y trasladar 192 kilos de cocaína y pasta base desde Iquique a Santiago. Las técnicas investigativas, como escuchas telefónicas, permitieron la identificación de cuatro cabos y dos sargentos y un sargento 1º. Por su parte, la persona civil correspondería a una mujer que sería pareja de uno de los involucrados. Javier Iturriaga, comandante en jefe del Ejército.
ATON n Indagan a fiscal por obstruir investigación en causas de drogas El 7 de mayo de 2024 se inició una investigación penal contra el exfiscal Jorge Mena, en la cual "es indagado por el delito de obstrucción a la investigación en el marco de sus actuaciones como fiscal de Drogas de la Sexta Región", según informó la Fiscalía Metropolitana Occidente, quienes apelarán ante la Corte de Rancagua, por haberse sobreseído parcialmente al exfiscal.
En concreto, se investiga a Mena por no haber perseverado en el delito de tráfico en una causa en la cual se encontraron 35 kilos de droga, en dos viviendas conectadas entre sí, a pesar de haber logrado anteriormente la prisión preventiva de los imputados. También, por tomar la misma decisión en una causa por disparos injustificados, a pesar de haber presentado una acusación. También, se investigan otros hechos. El fiscal Jorge Mena fue removido en junio de 2024.
Un funcionario de Gendarmería quedó en prisión preventiva en mayo de este año por su participación junto a dos reos de Colina I, quienes elaboraron un negocio en el cual cobraban a familiares de otros internos para ingresar al penal elementos prohibidos como drogas y celulares. El detenido cobraba $100 mil por ingreso y de dicha forma lograba aumentar sus ingresos a cerca de $4 millones mensuales, según se expuso en la audiencia de formalización. Al momento de su detención, el funcionario intentó escapar y deshacerse de una mochila, donde se encontró 24 celulares, droga y $2 millones en efectivo. Logró ganancias por sobre los $30 millones en total, según la causa. Varios de los líderes del crimen organizado están hoy encarcelados. n Gendarme se coludió con reos para ingresar celulares a penal El funcionario quedó en prisión preventiva en mayo pasado. MACARENA PÉREZ Distintos niveles de protagonismo y diferentes delitos.
Funcionarios de varias instituciones públicas --incluidas las F u e r z a s A r m a d a s y d e O r den-darían cuenta de que el crimen organizado, cada vez más arraigado en el país, ha comenzado a permear el Estado.
El jueves pasado, un avión institucional de la Fuerza Aérea debía despegar desde Iquique para dirigirse a Santiago; sin embargo, días después se supo que cinco funcionarios fueron detenidos por haber intentado ingresar droga a dicho vuelo (ver recuadro). Sobre este caso, la fiscal de Tarapacá, Trinidad Steinert, sostuvo ayer en Radio Universo que se habrían acreditado "por lo menos 10 envíos" y "que venían operando al menos desde el año pasado, en este mismo modus operandi". Desde el Gobierno han recordado que estas organizaciones necesitan la "adhesión" de funcionarios públicos que les permitan operar, y esta y otras indagatorias --que incluyen drogas, trata de personas, sobornos y omisión de controles-evidencian que en algunos casos lo estarían consiguiendo.
Para el investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), Matías Garretón, "efectivamente, la penetración del crimen organizado en instituciones del Estado no es solo una etapa clave, sino que es `la etapa clave', porque en el fondo llega un punto en el que el crimen organizado no puede seguir creciendo si no corrompe las instituciones encargadas de controlarlo". Así, profundiza que "el objetivo primario del crimen organizado es corromper las instituciones que lo controlan", y que "si se pasa un cierto umbral de penetración y de generalización de esta corrupción, ya no tenemos vuelta atrás". A su vez, la académica de la Universidad San Sebastián, Pía Greene, advierte "que estamos en una etapa donde el crimen organizado está penetrando más en las instituciones del Estado y, efectivamente, las instituciones que están más cercanas a la frontera, que tienen más funciones y atribuciones, y están más cercanas a la organizaciones criminales, son más elegibles para ser corrompidas". Tras últimos casos que afectan a las Fuerzas Armadas y de Orden Drogas, sobornos y omisión de controles: casos que dan cuenta de la permeabilidad institucional ante el crimen organizado E. CANDIA e I. MARTINIC Expertos dicen que estos contactos en entidades públicas son "la etapa clave" y el "objetivo primordial" de este tipo de delincuencia.
Si se pasa cierto "umbral" de corrupción, agregan, "no hay vuelta atrás". Dando un giro de 180 grados en 24 horas, y tras una inédita intervención del Presidente Gabriel Boric, la Fiscalía de Aviación de Iquique entregó ayer al Ministerio Público parte de los antecedentes sobre la detención de cinco funcionarios de la FACh --ahora dados de baja-que iban a embarcar 4 kilos de ketamina en un Boeing 737 institucional que volaría a Santiago, caso que aún es indagado por la justicia militar.
Fue el propio mandatario --en la reunión que ayer tuvo en La Moneda con los comandantes en jefe de las FF.AA., el jefe del Estado Mayor Conjunto y los ministros del Interior, Defensa y Seguridad Pública para analizar los últimos episodios de narcotráfico en instituciones armadas (ver nota principal)-quien instruyó a la FACh que enviara la información a la Fiscalía Regional de Tarapacá. Ello, porque el lunes, el fiscal de Aviación de Iquique, Carlos Yáñez, había rechazado una petición en tal sentido de esa fiscal regional, Trinidad Steinert.
En un oficio dado a conocer ayer por ExAnte, Yáñez argumentó que a él "no le es lícito informar, comunicar o remitir los antecedentes relativos a hechos que puedan revestir el carácter de delito que se encuentren sometidos al conocimiento de un Tribunal Militar". Un día después, ayer, la FACh informó que luego de un "riguroso análisis", Yáñez "ha resuelto remitir los antecedentes de la causa a la Fiscalía Regional de Tarapacá". Poco después, el propio comandante en jefe de la FACh, general Hugo Rodríguez, afirmó ante la prensa en el Congreso que "el Presidente en esto no tiene injerencia respecto de dar una indicación o no (a la Fiscalía de Aviación), porque esto tiene que ver con los tribunales de justicia". No obstante, agregó más tarde en la comisión de Defensa de la Cámara, se resolvió entregar los antecedentes a Steinert, porque "necesariamente" el caso terminará en la justicia ordinaria dado que habrá civiles involucrados.
Steinert, en tanto, confirmó que la FACh le envió solo cinco páginas del auto de procesamiento por tráfico de drogas contra los cinco detenidos. "Vamos a esperar lo que resuelva la Corte de Apelaciones de Iquique --respecto de la contienda de competencia entre la justicia civil y militar-a fin de que nos remitan mayores antecedentes", que consideró necesarios para "hacer una buena argumentación jurídica", concluyó. Tras inédita orden presidencial, fiscal de Aviación envía cinco páginas del caso al Ministerio Público Se decretó la prisión preventiva de un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) en mayo pasado. Se le imputa haber facilitado el ingreso y salida a través del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez a dos imputados ligados a bandas de lanzas internacionales. Los ladrones se dedicaban a robar, principalmente, en Estados Unidos y mediante un estructurado "trabajo familiar", lavaban el dinero en Chile mediante empresas de fachada. El funcionario de la PDI, según se relató en su formalización, cobraba entre $1 y $1,5 millones por este servicio, además habría tratado de involucrar a otros compañeros de funciones al negocio. El imputado habría recibido entre $1 y $1,5 millones por cada vez que aceptó el soborno. CRISTIAN CARVALLO n Funcionario PDI permitía ingreso y salida de lanzas internacionales.