Editorial: Caso Ojeda: Quemantes revelaciones
Editorial: Caso Ojeda: Quemantes revelaciones Conforme avanza la investigación del Ministerio Público, los alcances del caso Ojeda solo acrecientan su gravedad. Si desde un principio la posibilidad de un crimen político ordenado desde Venezuela parecía una hipótesis plausible, hoy los antecedentes se acumulan.
Así lo han dicho de modo explícito el persecutor que investiga la causa y el fiscal nacional, luego de una operación llevada a cabo esta semana que permitió una serie de detenciones y el virtual desbaratamiento de Los Piratas de Aragua, célula del Tren de Aragua venezolano que habría sido la ejecutora del secuestro y homicidio del teniente Ronald Ojeda. Según reveló la autoridad del Ministerio Público, existirían tres testimonios que coinciden en atribuir al gobierno chavista el encargo del crimen.
Más aún, uno de esos testimonios involucra directamente al actual ministro del Interior venezolano y número dos del régimen, Diosdado Cabello, afirmando que estesolicitó y pagó por el secuestro del exmilitar al máximo líder del Tren de Aragua, el “niño Guerrero”. La formalización de los nuevos detenidos, a efectuarse el lunes, permitirá hacer una evaluación más profunda de los avances de la indagatoria. Sin embargo, el peso de los indicios que ya se conocen y la conducta de nula colaboración por parte de las autoridades venezolanas constituyen un hecho político mayor, del cual el país debe hacerse cargo. Desde luego, una situación como esta impone cambiar la perspectiva frente a los problemas que afectan nuestra relación con Venezuela.
No son solo diferencias políticas lo que nos distancia de un régimen que encarga a una banda delictual la realización de operaciones criminales en nuestro territorio: es la soberanía nacional la que está en juego y por eso este caso constituye uno de los hechos más graves que haya enfrentado nuestro país en el campo internacional en los últimos 30 años.
En este contexto, los recurrentes insultos proferidos desde Venezuela contra nuestras autoridades resultan casi adjetivos. ¿Se podría esperar otra cosa de un régimen que se burló descaradamente de todos los chilenos cuando en enero del año pasado el entonces subsecretario del Inte-rior, Manuel Monsalve, viajaba a Caracas para suscribir un acuerdo de cooperación policial que solo ha sido letra muerta? La idea de que este acuerdo pudo estar siendo firmado en los mismos momentos en que la dictadura decidía mandar a secuestrar a Ojeda quien, no debe olvidarse, había recibido el estatus de refugiado político en nuestro país ofende la dignidad nacional. También revela la verdadera naturaleza del régimen que encabeza Nicolás Maduro y sus oscuros vínculos con el crimen organizado. Ha acertado la ministra del Interior en expresar su apoyo a la investigación del Ministerio Público, desechando los intentos del Partido Comunista por desacreditar el trabajo del fiscal a cargo. También parece adecuada la idea de, una vez que se confirmen estos antecedentes, presentarlos ante la Corte Penal Internacional. La fiscalía de esta Corte ha tratado hasta ahora con insoportable lentitud el caso venezolano, lo que incluso motivó larenuncia del destacado académico chileno Claudio Grossman. En ese momento, nuestras autoridades evitaron pronunciamiento alguno.
Ahora, sin embargo, tienen la oportunidad de corregir esa omisión y promover tanto en la CPI como en otras instancias internacionales la denuncia activa contra un régimen que persigue y oprime a su pueblo aun más allá de su territorio El caso Ojeda, sin embargo, también impone a nuestras autoridades enfrentar una verdad ya inocultable: la inmensa contradicción que encierra un gobierno que, por un lado, intenta mostrar firmeza ante la dictadura chavista, pero al mismo tiempo se sostiene en una coalición de la cual es actor clave el PC, el partido político chileno más cercano a Caracas.
Cuando todos los antecedentes apuntan a que un gobierno extranjero vulneró las reglas mínimas de convivencia entre Estados, seguir defendiendo a ese régimen y descalificar a las instituciones que llevan adelante la investigación como lo hizo a principios de semana el presidente del PC, Lautaro Carmona es situarse en una posición contraria al interés nacional. No hacerse cargo de ello se vuelve cada vez más insostenible.. Seguir defendiendo al régimen chavista, como hace el PC, es situarse en una posición contraria al interés nacional.