Cambio de criterio de contraloría precariza a empleados públicos
Cambio de criterio de contraloría precariza a empleados públicos Senador Daniel Núñez.
Cambio de criterio de contraloría precariza a empleados públicos La semana pasada confirmamos en el Senado a Dorothy Pérez como nueva Contralora General de la República, con grandes expectativas de lo que sería su labor en favor del buen funcionamiento de los organismos del Estado.
Sin embargo, su debut nos dejó bastante decepcionados, ya que una de sus primeras medidas fue modificar un criterio que en los últimos años significó un beneficio para los trabajadores y trabajadoras del sistema público y su estabilidad en el empleo. Los funcionarios ya cuentan con un precario sistema de estabilidad laboral, en lo que se llama el régimen de las "contratas", que son vínculos que se renuevan año a año. Según el criterio establecido por el ex contralor, Jorge Bermúdez, era el propio organismo el que vería en primera instancia los casos de denuncias por despidos injustificados. Ahora Dorothy Pérez cambió el criterio y sentenció que los mencionados casos deben ser resueltos directamente por los tribunales de justicia. El pasado 6 de noviembre la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, se enteró del dictamen. La agrupación lamentó que con esto se sentencia lo que se llamó la "confianza legítima", una protección para quienes cuentan con más de dos años de antigüedad en el desarrollo de sus funciones. El concepto se generó luego de un dictamen de la Corte Suprema, que establecía que tras este periodo el funcionario tenía una certeza de que se le seguiría renovando. En la región de Coquimbo todos los servicios públicos presentaron recursos de reconsideración para revertir la aplicación de este nuevo criterio, en una masiva movilización de esfuerzos, sin recibir respuesta positiva hasta el momento.
Esto ha llevado a la ANEF, la CUT y otros gremios como el Colegio de Profesores a convocar manifestaciones de alerta, ya que, a diferencia del sector privado, los trabajadores del Estado al ser desvinculados no reciben indemnización alguna, lo que hace aún más precaria su situación.
Solidarizo con la causa de los trabajadores y trabajadoras que hoy se encuentran levantando esta alerta, ya que debemos avanzar en protección y no ir hacia una precarización laboral que muchas veces se puede prestar para abusos contra los más desprotegidos, sin impor tar quien maneja el gobierno de turno.
Por ello, también me parece muy adecuada la sesión especial que está convocada en la Cámara de Diputados y Diputadas para debatir lo que está sucediendo con esta medida que ha generado un fuerte rechazo en los gremios.
Deseo el mayor de los éxitos a la contralora Pérez en lo que sigue, pero esperamos que sus próximas medidas vayan en pos del buen uso de los recursos, la probidad administrativa, y no en generar incertidumbre y retroceder en derechos de quienes dan vida al aparato público..