Autor: Sylvia Quintana Magistrada Juzgado de Garantía

Justicia ordena expulsión de 23 integrantes de “La Empresa”
Justicia ordena expulsión de 23 integrantes de “La Empresa” Gian Franco Giovines D. gian. giovinesomercuriovalpo. cl peraban en las regiode (0) nes Valparaíso, O'Higgins y Metropolitana y registraron movimienos bancarios cercanos a los $6:700 millones de pesos.
Esa esla envergadura de la asocia-ción delictiva “La Empresa”, banda colombiana dedicada a la entrega de préstamos ilegales que, luego de haber sido desarticulada por la PDI ennoviembre del año pasado, esta semana vuelve a ser noticia, luego que la justicia ordenara la deportación de 23 desusintegrantes.
Este lunes, tras una solicitud dela Fiscalía, en un acuerdo con los defensores de los imputados en favor de la economía procesal, el Juzgado de Garantía de Valparaíso sometió a un juicio abreviado a 28 de los 44 miembros dela agrupación delictual, autores de los delitos de asociación delictiva y el delito reiterado de usura, ilícitos que fueron perpetrados en el país a contar de abril de 2023.
Andrés Valverde Sánchez, uno de los cabecillas de “La Empresa” en Chile-agrupación que también operaba en Uruguay, Panamá y Colombia-, fue condenado por el juzgado porteño a las penas de 300 días y541 días de presidio menor en su grado mínimo, en calidad deautor de un delito deasociación delictiva y el delitoreiteradodeusura. Entanto, los otros 27imputados fueron condenados -por los mismos cargos-a las penas de 60 días y 541 días de presidio.
EXPULSIÓN DEL PAÍS Sin embargo, tal como lo permite el Código Penal cuando los imputados cumplen con tres condiciones: ser extranjeros, no mantener causas vigentesy quelas condenas decretadas por la justicia sean menores a cinco años de cárcel, los procesados pueden acceder a la pena sustitutiva dela expulsióna su país de origen.
Es por ello que, acogiendo la solicitud de la Fiscalía, y en concordancia con la postura de los defensores, el Juzgado deGarantía finalmentesustituyó la pena privativa de libertad de 23 imputados por su expulsión del país, la que deberámaterializarse antes del próximo viernes 28 demarzo. Delocontrario, los extranjeros deberán cumplir sus penas efectivas de cárcel en territorio nacional.
En la audiencia del procedimiento abreviado, la magistrada Sylvia Quintana Ojeda acogió la solicitud del fiscal Pablo Avendaño, argumentando que en su decisión primaron “los28imputados fueron condenados ayer: 23 fueron expulsados y tres recibieron la suspensión del proceso. $6:700millones en movimientos en cinco bancos registraron los líderes de la banda colombiana “La Empresa”. ala PDIdeChile para cabo la quellevea implementación de esta pena, la cual durará hasta el día 28demarzo”. Pablo Avendaño Fiscal de Valparaíso hechos detallados delainvestgación, la declaración queefec1u6 cada uno delos imputados, reconociendo su participación enla asociación delictiva para la comisión del delito de usura reiterada, y la aceptación del procedimiento abreviado”, lo cual, aseguró, “ha ahorrado grandes recursos al Estado”. EN VUELOS COMERCIALES En cuanto a los cinco imputados restantes, dos de ellos mantenían causas vigentes, por lo queno pudieron optara la pena sustitutiva. En tanto, paralos otros trescondenados (Ashley Bonilla, Fraydeli Ascencio Reyes y Santiago Montoya), el Ministerio Público solicitóla suspensión condicional del procedimiento. Lo anterior, según fundamentó el persecutor, debido a que no pre-sentaban antecedentes penales y tenían un nivel de participación “mínimo” en la agrupación delictiva.
Ajuicio del fiscal Avendaño, la sustitución de las penas efectivas de cárcel porla expulsión del país “erala mejor forma de dar término ala situación judicial de ellos, atendido que tampoco tenían antecedentesy estaerala única causa que ellos mantenían vigente”. “Dado que la propia ley establece para este tipo de situaciones la posibilidad de la sustitución, nos pareció que era la mejor”, reafirmó. Respecto a la deportación delos 23 imputados de nacionalidad colombiana, la magistrada Quintana determinó que esta será ejecutada por la Policía de Investigaciones, teniendo. como plazo máximo el próximo viernes 28 de marzo.
Si bien el fiscal Avendaño dijo en la audiencia que la PDI ya había iniciado gestionescon la FACh paradeportara losmigrantes en un vuelo, trasla sentencia judicial sostuvo que “por los costos que involucra 'mantener estas 23 personas in-ternadas hasta esa fecha, loquese ha decidido por las autoridades pertinentes es ade-lantar, eventualmente, estasexpulsiones, a través de vuelos comerciales, que es una prácti catambién habitual paraestos casos, y que debiera empezar a materializarse ya desde los próximos días”. SOFISTICADA ORGANIZACIÓN Según detalló la Fiscalía en la audiencia, “La Empresa” operaba con un alto nivel de orga-Enlaregión, Valparaíso, Vi nas en Santiago, en la Región ña del Mar, Algarrobo, Quil-nización, manteniendo oficide Valparaíso y en O'Higgins, pué, Concón, Cartagena y San Antonio fueronsus principales entregando préstamos princi palmente destinados acomerfocosoperativos, mientras queciantes, queiban desdelos100 mil pesos hastalos $2 millones.
Estos montos debían sercomunas como Rancagua, Puente Alto, San Bernardo y Lo Espejo fueron sus destinos predevueltos en un plazo suma dilectos fuera dela zona. mente acotado, de entre7a 30“Esta era una organización días, y serealizaban con interesesusureros, queoscilabanen de el año 2020, jerarquizada, al menos desque funcionabatre el 15% y el 30%, cargos que con una jefatura en Colombia, Chile y deba conungerenteen sobrepasan “con creces” el marco normativo, puntualizó jodeél, condistintos estamenel persecutor. 1os: administradores generales, administradores locales, Además, se logró determinar que “La Empresa” logró facilitadoresde cuenta, funcio narios desupervisión o de tramovilizar casi7mil millones de pesos, acumulando “cientos bajo administrativo y, finaldevíctimas” desdesuentrada, mente, los cobradores”, detalló el persecutor penal. 0% enelaño2020, dijo Avendaño.. VALPARAÍSO. En un juicio abreviado, el Juzgado de Garantía acogió la solicitud de la Fiscalía y sustituyó las penas decárcel. Deportación sería a través de vuelos comerciales.