EDITORIAL: Hoja de ruta para el gasto fiscal
EDITORIAL: Hoja de ruta para el gasto fiscal U na de las pocas certezas que tendrá al próximo presidente o presidenta es que su gobierno enfrentará una situación fisc a l a s f i x i a n t e.
S e g ú n cálculos de la Dirección de Presupuestos (Dipres), expuestos en el último Informe de Finanzas Públicas (IFP), la diferencia entre los gastos comprometidos y el nivel de gasto compatible con el balance estructural estaría en torno a los US$3.000 millones para los próximos cuatro años, lo que haría prácticamente nulo el espacio de gasto para la próxima administración. Ello, sumado al aumento sostenido de la deuda pública y a la reducción de los activos del Tesoro Público, compromete incluso la credibilidad de la política fiscal en el tiempo.
Desde luego, esta realidad será una de las piezas del debate presidencial, y probablemente lo sea a partir de los eslóganes habituales, como cortar la «grasa estatal» o terminar con la «casta». Lo cierto es que aquellos discursos suelen tener más valor retórico que efectivo: la experiencia internacional muestra que la mayoría de quienes llegan al poder prometiendo sacar a los operadores políticos terminan reemplazándolos por otros propios, y que la sola corrección del empleo público, aunque gravitante, está lejos de ser un remedio mágico para la enfermedad fiscal. Conviene, en ese sentido, observar cuidadosamente el informe «En busca de espacio fiscal: líneas de acción para contener y priorizar el gasto público» (F. Bastidas, T. de la Maza, S. Soto, G. Ugarte y R. Vergara), que acaba de publicar el CEP.
El documento identifica 20 líneas de acción --con diversas medidas cada una-que de implementarse permitiría, según sus autores, contener o reducir el gasto público entre un 1,03% y hasta un 1,71% del Producto Interno Bruto (PIB) por año cuando esté en régimen.
Entre las más significativas, por los montos que implican, destacan el ajuste a programas públicos mal evaluados --de acuerdo a la propia Dipres o al MDS-o con alto gasto administrativo; la reducción del uso del subsidio de incapacidad laboral (SIL), que en 2023 equivalía al 1% del PIB; la reducción del ausentismo por licencias médicas en el sector público; la reducción del gasto tributario, y el ajuste de gasto a los programas clasificados como no sociales. Los ajustes propuestos permitirían ahorrar, en el rango más alto de las estimaciones, entre el 0,12 y 0,19% del PIB en cada uno de ellos. No se trata del único esfuerzo valioso en este sentido. Durante el mes de agosto debiera presentar sus recomendaciones la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público, instancia transversal integrada por destacados especialistas, entre ellos dos de los últimos titulares de la Dipres. Es necesario considerar siempre el abismo de distancia que suele mediar entre los diagnósticos técnicos y la realidad política, es decir, la voluntad o capacidad de llevar a cabo las soluciones propuestas. También la administración pasada conformó sólidas comisiones asesoras en el ámbito de la optimización del gasto fiscal, pero la contingencia social, política y sanitaria terminó llevándose por delante aquella intención.
Con todo, tanto el estudio del CEP como, probablemente, el próximo trabajo de la comisión ad hoc, representan sólidos y documentados puntos de partida para abordar la emergencia de la estrechez fiscal, cualquiera sea el próximo gobierno, con la responsabilidad y urgencia que merece. Hoja de ruta para el gasto fiscal "Tanto el estudio del CEP como el trabajo de la comisión ad hoc representan sólidos puntos de partida para abordar la emergencia fiscal"..