AMLO y una controvertida reforma
AMLO y una controvertida reforma C on la mayoría calificada de su partido en el Congreso casi asegurada, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pretende que, antes de terminar el mandato, sea aprobada su controvertida reforma a la justicia.
El proyecto, que contempla la elección por voto popular directo de todos los miembros de la judicatura, es visto ampliamente como una amenaza a la independencia de este poder del Estado, y recibe un rechazo contundente de la oposición y de los jueces, magistrados y funcionarios judiciales, quienes mantienen una huelga indefinida para impedírselo. Se teme que lejos de garantizar el fin de la corrupción, como asegura AMLO, la justicia sea vulnerable a la influencia de los partidos políticos e incluso del crimen organizado.
Una justicia politizada es un peligro para la democracia --como se ha visto en Venezuela, cuya Corte Suprema ratificó la elección fraudulenta de Nicolás Maduro-y no da garantías de imparcialidad para las personas o las empresas, ni para la inversión extranjera.
AMLO ha mantenido a lo largo de su presidencia una confrontación permanente con las autoridades judiciales, considera que la institución está "carcomida por la corrupción" y capturada por las élites mexicanas, impidiéndole avanzar en su programa de las "cuatro transformaciones". Su afán por centralizar el poder se vio varias veces truncado por las decisiones de la Corte Suprema.
La oposición sostiene que AMLO busca vengarse de los jueces que no le permitieron implementar, por ejemplo, una reforma electoral que eliminaba la independencia del ente responsable de los comicios o la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa. Su reforma judicial elimina un contrapeso molesto para el poder presidencial. Si los argumentos jurídicos no parecen convencer a AMLO, quizás la movilización del sector judicial lo termine obligando a reconsiderar la cuestión o, al menos, postergarla hasta que asuma la nueva Presidenta, Claudia Sheinbaum.
Los funcionarios reclaman que no es un tema económico ni de privilegios lo que los motiva a oponerse a la reforma, sino que de principios, porque, además de vulnerar su independencia, esta daña la carrera judicial, la que supone experiencia, estudios especializados y un compromiso de años, pasando por concursos entre miles de candidatos para llegar a juez o magistrado. En una elección popular se priorizan las consideraciones políticas. La legitimidad de la postura del sector judicial puede ser reconocida por la opinión pública, y quizás, tener efecto en Sheinbaum, y los nuevos congresistas, que se instalan el 1 de septiembre. Durante un mes, AMLO gozará de todo el poder que no ha tenido en el sexenio. La futura mandataria es la "continuadora" de López Obrador y defiende la reforma como necesaria. Pero también ha dicho que le gustaría un debate serio entre abogados, facultades de Derecho y funcionarios, lo que demoraría la aprobación. Es el momento de que la próxima Presidenta muestre su liderazgo y su independencia de AMLO, quien a toda costa quiere dejar su impronta en este delicado asunto. La reforma judicial impulsada por el mandatario mexicano elimina un contrapeso molesto para el poder presidencial..