Indagan si crimen organizado está detrás de liberación de venezolano imputado por homicidio en Nuñoa
Indagan si crimen organizado está detrás de liberación de venezolano imputado por homicidio en Nuñoa Un nombre mal escrito.
Así comienza una aparente cadena de errores que acabó con la liberación del ciudadano venezolano Osmar Ferrer Ramírez (18), imputado por el sicariato del comerciante del barrio Meiggs José Reyes Ossa, el pasado 19 de junio (ver nota en C2). Un extranjero que es asociado al Tren de Aragua, organización criminal transnacional de su país.
La magistrada del 8º Juzgado de Garantía de Santiago Irene Rodríguez --la misma que había ordenado la prisión preventiva de Ferrer-se equivocó en su nombre al hacer el oficio de ingreso --escribió "Frrer" y no Ferrer--, y para enmendar eso anuló ese documento original y minutos después firmó otro oficio en que se reponía la medida. Ambos fueron enviados por correo a Gendarmería el 10 de julio, dice el Poder Judicial.
Sin embargo, la institución penitenciaria afirma que recibió el primer oficio --que dejaba sin efecto la privación de libertad-y también el segundo (ver línea de tiempo), aunque sin indicarse que había alguna corrección. ¿Por qué la jueza tomó esa decisión y no optó por una resolución complementaria para corregir el error? Esa es una de las interrogantes que plantea el caso para los investigadores. También, por qué no se tomó en cuenta la última orden de la magistrada en Gendarmería. Los comentarios de quienes conocen las pesquisas apuntan a una eventual salida del país de Ferrer, principalmente, por la "ventaja" del prófugo de la justicia liberado el 10 de julio, a las 20:40 horas.
También reconocen que efectivamente hubo un documento legal y que el indagado solo aprovechó "la oportunidad" de salir en medio de un desfavorable futuro judicial: un caso de homicidio calificado lo hacía arriesgar una extensa pena de cárcel.
El caso, a cargo del fiscal regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén, abrió diversas líneas de investigación: que van desde un error judicial, pasando por negligencia de Gendarmería, hasta la intervención del crimen organizado en las instituciones del sistema de justicia penal. n Jueza: "Órdenes de ingreso fueron firmadas por mí" En total son tres documentos los que abordan la cautelar del imputado y, en ese marco, la fiscalía investiga su trazabilidad y las coordinaciones del juzgado con Gendarmería para determinar qué situación fue la que determinó la libertad del indagado. "Las tres órdenes de ingreso a Santiago I (para Ferrer y los coimputados), después de la audiencia que hice, fueron firmadas por mí y fueron remitidas a Gendarmería", puntualizó la magistrada Rodríguez en conversación con TVN.
La fiscalía ayer le tomó declaración, como testigo, para verificar su versión e incautó su teléfono y computador, así como el de otros funcionarios judiciales. n Incautan teléfono y computadores en el tribunal El fiscal regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén, llegó a la diligencia en el Centro de Justicia con prefectos de la PDI.
Los acompañaron el jefe de Alta Complejidad, Sergio Soto, y la persecutora Tania Mora. "Lo que hemos dispuesto es conformar una fuerza tarea para la investigación de este grave hecho", dijo Pastén. "No se descarta ninguna hipótesis, no se descarta que sea un error, tampoco se descarta que haya sido por alguna otra motivación; seguimos investigando", agregó. "Tengo que determinar si es responsabilidad del Poder Judicial, si es responsabilidad de Gendarmería, o de quien corresponda; insisto, lo que debemos entender todos es que la resolución, por lo menos la que se notificó en la audiencia, decretaba prisión preventiva", comentó el fiscal regional. n Gendarmería afirma que cumplió con órdenes del juzgado Temprano, desde Gendarmería, mediante una declaración pública, expresaron: "Luego de chequear las redes internas institucionales, se descarta cualquier tipo de vulneración a los sistemas informáticos de Gendarmería de Chile. Asimismo, con fecha 10 de julio, y tras haber recepcionado por los canales regulares del sistema, una orden del juzgado de garantía correspondiente, Gendarmería dio cumplimiento a lo dictaminado en dicha resolución judicial.
La institución penitenciaria pondrá a disposición del Ministerio Público toda la información, en razón de la investigación que se ha abierto al respecto". Más tarde, en una nueva comunicación pública, enumeran con hora los oficios y correos que recibieron desde el 8 Juzgado de Garantía capitalino en relación con el caso del imputado venezolano. Eso, mientras alistaba un detallado informe sobre lo ocurrido, que debía ser remitido a la Subsecretaría de Justicia.
Ahora, el foco de las diligencias para la captura de Ferrer está en las fronteras y, en esa línea, se activaron las alertas azul y roja para establecer la ruta de la posible huida del imputado.
La Fiscalía Nacional en la víspera informó que "se solicitó una nueva orden de detención en contra del imputado liberado actualm e n t e p r ó f u g o ". Que se "abrió una investigación penal para esclarecer la legalidad del documento judicial que permitió la excarcelación, incluyendo la eventual falsificación de instrumento público o la alteración dolosa de sistemas informáticos". Asimismo, se "coordinó con las policías especializadas la activación de equipos destinados a ubicar al imputado, dada la gravedad del delito por el cual fue formalizado". n Pleno abre indagatoria administrativa Mientras que ayer en la mañana sesionó el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, que supervigila los tribunales penales santiaguinos, y ordenó "iniciar una investigación administrativa a cargo de un fiscal judicial", de acuerdo con lo comunicado por el presidente del tribunal de alzada, Fernando Carreño.
A su vez, la ministra y presidenta (s) de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich; el fiscal nacional, Ángel Valencia, y el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se reunieron un poco más tarde y acordaron reforzar los protocolos para estos casos. Chevesich abordó, además, el "error" que se habría producido.
Sobre por qué se da la libertad al imputado, la ministra --que antes se había reunido también con informáticos del Poder Judicial-respondió: "Esto se va a dilucidar en la investigación administrativa, en la investigación penal, pero efectivamente aquella orden que dispone, entre comillas, la libertad era para corregir una resol u c i ó n a n t e r i o r q u e h a b í a d i s p u e s t o p r i s i ó n preventiva tanto del nombre de la persona imputada como del DNI, porque es un ciudadano venezolano". Tanto el ministro de Seguridad, Luis Cordero, como su par de Justicia, Jaime Gajardo, han descartado hackeo de sistema, pero han dicho que cualquier opción es "mala", "terrible". Gajardo dijo que "la solicitud de término de la medida cautelar había llegado por los conductos regulares y oficiales de parte del 8 Juzgado de Garantía de Santiago y el oficio con el que se comunicaba esta decisión a Gendarmería de Chile contaba con los medios de verificación, también regulares, con los que cuenta este tipo de oficios, es decir, una firma electrónica, y esa firma electrónica tiene un código de verificación al que se puede acceder". Con medidas intrusivas buscan despejar si hubo error, negligencia o corrupción: Indagan si crimen organizado está detrás de liberación de venezolano imputado por homicidio en Ñuñoa L. CRUZAT, S. FARÍAS, C. CARVAJAL y O.
RODRÍGUEZ Osmar Ferrer Ramírez, de 18 años, es asociado al Tren de Aragua y fue formalizado por el asesinato por encargo de un comerciante del barrio Meiggs, ocurrido el pasado 19 de junio en la vía pública. ALERTAS La PDI y Carabineros emitieron alertas para la captura del imputado. A nivel internacional se ordenó una notificación roja en coordinación con Interpol. La Fiscalía Metropolitana Occidente y funcionarios de la PDI llegaron ayer hasta el 8 Juzgado de Garantía de Santiago para incautar teléfonos de funcionarios y computadores.
También se tomaron declaraciones. n Qué dice la declaración de patrimonio e intereses de la magistrada Irene Rodríguez, quien emitió las órdenes y anulación de la prisión preventiva de Osmar Ferrer Irene Rodríguez Chávez (60), la magistrada que se encuentra en el centro de la polémica por la liberación del imputado venezolano en medio de un aparente error, estudió Derecho en la Universidad de Valparaíso y comenzó su carrera como oficial cuarto en la Corte de Apelaciones capitalina en 1997. Es jueza titular del 8 Juzgado de Garantía de Santiago hace nueve años. Antes trabajó como jueza de familia en la jurisdicción de San Miguel y también en un tribunal de familia de Copiapó. De acuerdo con publicaciones de prensa, la magistrada ya era conocida por la opinión pública en 2017, a raíz de una resolución que dictó en el caso del millonario fraude en Carabineros. En esa oportunidad, ordenó la libertad bajo fianza de varios imputados y su decisión fue cuestionada por el Ministerio Público y expertos en derecho penal.
Su declaración de patrimonio --que se encuentra disponible en el portal del Poder Judicial-da cuenta, entre otras cosas, de que posee propiedades en la Región Metropolitana, como una casa en Peñalolén, cuyo avalúo fiscal es de poco más de $100 millones, y un departamento en Santiago, que costaría unos $50 millones, según su avalúo fiscal. En otras regiones, por ejemplo en Concón, en Valparaíso, registra una propiedad, cuyo avalúo fiscal es cercano a los $50 millones. También se mencionan dos automóviles: una camioneta Renault y un automóvil Chery. El mismo portal arroja que posee dos créditos de consumo y dos créditos hipotecarios en instituciones bancarias. La información se encuentra actualizada a abril de este año, según el Poder Judicial. En tanto, en el ítem Valores o instrumentos transables en Chile de su declaración en el sitio público Infoprobidad, aparece que la magistrada mantiene cuotas de fondos de inversión por más de $73 millones. El decreto que la nombró en el 8º Juzgado de Garantía fue firmado, en noviembre de 2016, por el entonces ministro de Justicia, Jaime Campos. La jueza de garantía Irene Rodríguez. n SICARIATO EN ÑUÑOA A MEDIADOS DE JUNIO. José Reyes (43), comerciante del barrio Meiggs, conocido también como el "Rey de Meiggs", fue asesinado el 19 de junio de este año. Un grupo de hombres lo esperó cerca de su casa, en la comuna de Ñuñoa y le disparó desde un automóvil.
Quien encargó el crimen sería un chileno, del mismo rubro que la víctima, y habría pagado por él $30 millones, de acuerdo con lo expuesto en la audiencia de formalización por los investigadores del Ministerio Público. n DETENCIÓN DE FERRER TRES SEMANAS DESPUÉS. Casi un mes más tarde fueron detenidos los presuntos responsables del homicidio. Se habían escondido en el sur del país, según los antecedentes reunidos en la indagatoria de la fiscalía. Se trataba de tres ciudadanos venezolanos, a los que se asoció al Tren de Aragua. Fueron formalizados como autores de los delitos de robo con intimidación y homicidio calificado, con la agravante del sicariato. Uno de ellos era el hoy prófugo Osmar Alexander Ferrer Ramírez, de 18 años. n ORDENAN PRISIÓN PREVENTIVA, LA AUDIENCIA DEL 9 DE JULIO. En la audiencia de formalización realizada del miércoles 9 de julio, la jueza de garantía Irene Rodríguez ordenó la prisión preventiva de Ferrer y sus co-imputados.
La magistrada consideró que eran un peligro para la seguridad de la sociedad, tras estimar que "creo que hay antecedentes para presumir que son ellos los que participaron de este delito". Incluso dijo una frase al menos llamativa: "Con estas personas libres tenemos que persignarnos". n TRES OFICIOS DE INGRESO A LA CÁRCEL. Sin embargo, el imputado solo alcanzó a estar unas 24 horas en la cárcel.
La jueza Rodríguez emitió una orden de ingreso a prisión preventiva durante la audiencia del 9 de julio, a las 20:17 horas, pero minutos después le informaron que había un error en la identificación de Ferrer.
Para enmendar ese error, de acuerdo a lo que informó el Poder Judicial, se hizo un segundo oficio a las 20:25 horas, que corrigió la identidad del imputado y ordenó su liberación y luego la magistrada emitió un tercer documento a las 20:28 horas, que repuso la medida de privación de libertad. Una gendarme se lleva por mano ese oficio, el último.
DESDE EL CRIMEN POR ENCARGO A SU POLÉMICA SALIDA "POR LA PUERTA ANCHA" DE LA CÁRCEL SANTIAGO 1 Distintos episodios registrados en instituciones públicas en el país han ido solidificando la tesis de que el crimen organizado se encuentra instalado operando en el país y que este, de acuerdo con sus características y la experiencia en otros países, ha comenzado a permear el Estado a través de diferentes vías. Así, al menos, lo han señalado distintas autoridades, tanto de Gobierno como del Ministerio Público, entre otras. Durante las últimas semanas, los casos que han acaparado más la atención se vinculan a casos de tráfico de drogas al interior de Fuerzas Armadas, así como en el Ejército y la Fuerza Aérea. Pero hay otros. 27 de mayo.
Un funcionario de Gendarmería quedó en prisión preventiva por su participación junto a dos reos de Colina I, quienes elaboraron un negocio en el cual cobraban a familiares de otros internos para ingresar al penal elementos prohibidos, como drogas y celulares. El detenido cobraba $100 mil por ingreso y de dicha forma lograba aumentar sus ingresos a cerca de $4 millones mensuales, según se expuso en la audiencia de formalización. Al momento de su detención, el funcionario intentó escapar y deshacerse de una mochila, donde se encontraron 24 celulares, droga y $2 millones en efectivo. Logró ganancias por sobre los $30 millones en total, según la causa. 28 de mayo. Se detuvo a 13 carabineros de la Comisaría de Huara, además de uno en retiro por el delito de cohecho.
Según la indagatoria, los sujetos, actualmente en prisión preventiva, cobraban a "coyotes" entre $20 mil y $100 mil para evitar los controles, cuyo resultado, en algunos casos, permitió el ingreso de traficantes de personas y drogas al territorio nacional. 23 de junio. Seis suboficiales del Ejército fueron detenidos y días después se sumó un séptimo, por formar parte de una banda dedicada a traficar droga desde Iquique a Santiago. El operativo que terminó con su captura detectó 192 kilos de cocaína y pasta base en un vehículo acondicionado para esto. Se indaga un total de 17 viajes. Conforme se han ido conociendo estas situaciones, en el Ejecutivo han expresado su preocupación de diferentes formas. Pero ante la acumulación de hechos y la gravedad de estos, han variado los adjetivos utilizados por secretarios de Estado para abordar las situaciones.
Por ejemplo, en el marco de la detención de estos siete suboficiales del Ejército, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, señalaba que "es el hecho más grave del que hemos tenido registro en el último tiempo". 3 y 4 de julio. Cinco cabos de la Fuerza Aérea fueron detenidos por tráfico de drogas en una base en Iquique. Según se detectó, intentaban trasladar una maleta con cuatro kilos de ketamina en un vuelo institucional.
Así, tras la captura de cinco cabos de la Fuerza Aérea que traficaban ketamina en avión institucional, el propio Cordero abordaba la situación, y señalaba que "estamos en un momento crítico donde hay que tomar decisiones drásticas". Todos los involucrados quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados ayer.
La fiscalía expuso en dicha audiencia que el grupo ha realizado al menos tres envíos bajo esta modalidad entre los meses de enero y julio (ver C2). Durante la misma jornada, en relación con la liberación del imputado venezolano Osmar Ferrer Ramírez, a quien se le atribuye un crimen por encargo, el secretario de Estado señaló que "todas las combinaciones posibles son terribles", en relación con las hipótesis en cuanto a cómo pudo quedar en libertad el detenido, y agregó que "esto es un hecho extremadamente grave, no solo por el impacto que tiene en el sujeto que se libera, sino porque impacta directamente en la confianza del sistema de justicia". Los casos que darían cuenta de permeabilidad del Estado y los cambios en adjetivos de autoridades.