CARTAS
CARTAS Señora Directora: El megapuerto de Chancay, desarrollado en colaboración entre Perú y China, representa un desafío significativo para la competitividad portuaria de Chile.
Si bien hoy los puertos de Valparaíso y San Antonio triplican la capacidad de Chancay, como destacó Daniel Fernández, presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, esta ventaja podría desaparecer en los próximos cinco años. Sin embargo, la cesión de Chancay a una empresa estatal china añade una dimensión geopolítica compleja.
Por ejemplo, hace unos días, Mauricio Claver-Carone, asesor del equipo de transición del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió imponer aranceles de 60% a productos salidos de puertos operados por empresas chinas, como si estos fueran productos chinos, lo que podría impactar negativamente el comercio a través de este puerto. En este sentido, Chile tiene una clara oportunidad debido a su relativa neutralidad logística en sus puertos. Sin embargo, capitalizar esta oportunidad está sujeto a po-der mantener la neutralidad, lo que es costoso en términos de encontrar potenciales inversionistas en infraestructura, garantizar transparencia en los procesos y mantener políticas coherentes. De todas maneras, el futuro de la competencia portuaria entre Chancay y los puertos chilenos sigue abierto.
José Ignacio Hernández Universidad San SebastiánReforma al control éticoSeñora Directora: A propósito de varios casos de connotación publica que han motivado reflexiones acerca de los límites éticos en el ejercicio profesional, es que en el mismo proyecto de reforma constitucional que propone una modificación al sistema de nombramientos judiciales, se incluye una interesante propuesta. Actualmente la Constitución establece un sistema de tutela de la ética profesional radicado en los colegios profesionales respecto de sus afiliados y en el poder judicial para no colegiados.
Dado que en Chile la incorporación a un colegio profesional es vo-luntaria, hoy la capacidad y los recursos de estas asociaciones gremiales solo pueden emplearse para perseguir una parte de las denuncias por infracciones a la ética disciplinar. Es frecuente que colegios profesionales reciban solicitudes para iniciar procesos y que no puedan ser tramitadas porque los denunciados no están afiliados.
En este contexto es que resulta valiosa la propuesta de reforma constitucional recientemente presentada, pues entrega a los colegios profesionales la facultad de denunciar a infractores no colegiados ante los tribunales competentes y confiere a estos últimos la potestad de imponer como sanciones una multa a beneficio fiscal equivalente a un monto global de hasta diez unidades tributarias anuales o la suspensión de dos meses a tres años de la profesión titular. Se trata, a nuestro juicio, de una iniciativa encaminada a cubrir una actual laguna en el sistema y que procura articular la libertad de asociación con la necesaria protección de las personas afectadas. Dr. J. Ignacio Núñez Leiva Universidad Autónoma de ChileImpacto de Chancay.