Violencia escolar en alza: alerta en Atacama tras crimen en Calama
Violencia escolar en alza: alerta en Atacama tras crimen en Calama a reciente conmoción nacional provocada por el asesinato de una inspectora en un establecimiento educacional de Calama ha encendido las L alarmas en distintas regiones del país. En Atacama, autoridades educativas advierten que el hecho no es aislado, sino la manifestación más grave de un fenómeno que -según sostienenvenía escalando desde hace años.
Así lo afirma Edgardo Ariel Araya Rojas, actual presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE) Atacama y representante legal del Liceo Politécnico Belén, quien sostiene que la violencia escolar extrema era un escenario previsible. " Lo ocurrido en Calama solo vino a manifestar algo que ya veníamos viendo", señala Araya. Desde 2022, la organización había advertido un aumento sostenido de la violencia en los establecimientos educacionales, solicitando incluso orientación a la Superintendencia de Educación para enfrentar posibles escenarios críticos.
Según explica, el problema no radica únicamente en conflictos de convivencia escolar -presentes históricamente en los colegios-, sino en la aparición de formas de violencia extrema, un fenómeno que, a su juicio, no había sido abordado con la suficiente seriedad en Chile. " Los datos ya mostraban un aumento en expulsiones y maltrato escolar, y a eso se sumaban informes internacionales que alertaban sobre el crecimiento de la violencia en Latinoamérica", indica. Tras el crimen en Calama, el escenario se ha vuelto aún más complejo. Araya advierte sobre un "efecto reflejo o de imitación" que estaría impactando a comunidades educativas a nivel nacional.
En diversos establecimientos han aparecido rayados con amenazas de masacres o ataques, lo que ha obligado a activar protocolos de emergencia y a reforzar la coordinación con instituciones como Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y autoridades educativas. " Estamos en un momento álgido, de alta tensión. Esto afecta a toda la comunidad: docentes, estudiantes y apoderados", afirma. En la región, las respuestas han variado según el contexto de cada establecimiento.
Mientras algunos colegios han optado por suspender clases ante situaciones de riesgo, otros han decidido continuar con sus actividades reforzando medidas de seguridad y coordinación con las policías. " Cada colegio ha tomado decisiones según su realidad, pero la sensación de inseguridad es transversal", sostiene Araya. Desde FIDE Atacama reconocen que ya han sostenido reuniones con la Seremi de Educación para abordar la situación.
Según Araya, existe preocupación por parte de las autoridades, aunque insiste en la necesidad de profundizar las medidas. " Hemos tenido las primeras conversaciones y se está monitoreando lo que ocurre en los colegios, pero creemos que esto requiere acciones más profundas", señala. Uno de los puntos más críticos planteados por el dirigente tiene relación con las limitaciones normativas para implementar medidas preventivas en los colegios. En 2022, FIDE solicitó autorización para instalar detectores de metales y realizar revisiones de mochilas bajo protocolos regulados. Sin embargo, la Superintendencia de Educación rechazó la propuesta mediante un dictamen que prohibió estas prácticas, argumentando la protección de la dignidad de los estudiantes. Araya cuestiona esa decisión: " Cuando hay dos derechos en conflicto, el principal es el derecho a la vida. Eso no fue considerado". Según afirma, ya en 2023 había advertido en un estudio que la falta de herramientas podría derivar en situaciones graves, como la ocurrida en Calama. Más allá de las medidas internas, el presidente de FIDE Atacama subraya que el problema tiene raíces estructurales. " La escuela es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad. No puede hacerse cargo sola de problemas como el narcotráfico o el acceso a armas", sostiene. Como ejemplo, menciona casos recientes en que menores han logrado adquirir armas con facilidad, lo que -advierteevidencia una falla en el control estatal. Finalmente, Araya alerta sobre las consecuencias que esta crisis podría tener en el sistema educativo a mediano plazo. " La presión sobre los docentes y asistentes de la educación es enorme. Si no se generan condiciones adecuadas, podríamos enfrentar una falta de profesionales en el futuro", advierte. El escenario descrito refleja una preocupación creciente en las comunidades educativas de Atacama y del país. La combinación de violencia en aumento, limitaciones normativas y factores sociales de fondo plantea un desafío complejo que, según los actores del sector, requiere respuestas urgentes y coordinadas. Mientras tanto, colegios, docentes y estudiantes continúan enfrentando un clima de incertidumbre, donde la seguridad se ha convertido en una prioridad ineludible dentro del proceso educativo..