Acusan ilegalidad en fallo contra Dominga, en un nuevo problema de inhabilitación dentro del Comité
Acusan ilegalidad en fallo contra Dominga, en un nuevo problema de inhabilitación dentro del Comité Mientras el sector pro Dominga apunta al subsecretario de Pesca por no cumplir la orden del Tribunal Ambiental, desde FIMA le bajan el perfil y aseguran que se trata de una presión política.
Luego de que se emitiera el resultado de la última sesión del Comité de Ministros sobre el proyecto minero portuario Dominga, que terminaría en un tercer rechazo, desde el sector que apoya la intervención en la comuna de La Higuera, surgieron opiniones cargadas de críticas y acusaciones.
Desde la empresa dueña del proyecto, Andes Iron, seacusó de un accionar ilegal e inconstitucional, junto con avisar acciones legales, mientras que otras figuras empresariales y políticas hicieron lo propio, como es el caso del expresidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, quien acusó al comité de desacato. SUSTENTO DE LAS ACUSACIONESDesde la Asociación Comunal de La Higuera apoyan la postura de Andes Iron, asegurando que existen principalmente dos hechos cuestionables respecto a la realización de la instancia y la composición del comité.
Al respecto, Fernando Rocco, abogado de la asociación comunal mencionada, asegura que, además de noejecutar la votación dentro del plazo establecido por el Tribunal Ambiental, no se cumpliría uno de los mandatos más importantes. «Más grave es que no se cumplió con la orden de que el comité debía estar compuesto por miembros no inhabilitados, puesto que el subsecretario de pesca, Julio Salas, ya en 2022 había firmado un oficio formal recomendando calificar desfavorablemente el proyecto». Según menciona, esto iría totalmente en contra de lo estipulado por el Tribunal Ambiental, a lo que recuerda que el tema está en proceso de cumplimiento. «Por lo tanto, el comité del ministros ya no puede hacer lo que se le venga en gusto, como fue en las dos votaciones anteriores». «El hecho de que nueva-mente haya participado una persona que estaba inhabilitada, atenta contra el debido proceso, que es una garantía básica, lo que sí marca una inconstitucionalidad». FALTA DE FUNDAMENTOSMientras que, en la vereda del frente, aseguran que aún no tienen claridad de en qué radican las acusaciones, asegurando que la situación del subsecretario de pesca está sacada de contexto. «Él (Salas), siendo funcionario público, firmó un documento de su organismo público en el procedimiento mismo, o sea que participó del procedimiento, no que dio una declaración fuera de eso; si es así, me parece que eso de ninguna forma genera una incompatibi-lidad», asegura Ezio Costa, director ejecutivo de FIMA.
Adicionalmente, expresa que la serie de acusaciones tendría la finalidad de ejercer presión política más que otra cosa. «Me parece que lo que está haciendo la empresa, y también me refiero con esto a las declaraciones de otros empresarios, es utilizar la fuerza política del empresariado chileno para presionar a su favor.
Me parece lamentable, pero no creo que jurídicamente tenga efectos». E incluso menciona que el resultado era el esperado. «Lo he dicho otras veces, si lo revisara cualquier comité de ministros que no esté alineado ideológicamente con la empresa, lo va a rechazar porque es un proyecto que técnicamente no tiene los fundamentos suficientes». ACCIONES FUTURASAun así, desde Andes Iron, el mismo día que se conoció el fallo, expresaron que se tomarán las medidas legales necesarias, lo que se replicaría en el caso de la Asociación Comunal de La Higuera; al menos así lo adelantó el abogado Fernando Rocco. «Nosotros vamos a buscar acreditar fehacientemente esta inhabilidad del subsecretario de pesca, y si es así lo vamos a representar al Tribunal Ambiental, puesto que de manera evidente no se cumplió con la orden principal de componer el comité con personas que no estuvieran inhabilitadas, lo que podría dejar sin valor lo resuelto por este comité», de tal manera, asegura, la votación se tendría que realizar de nuevo. «Tendrían que hacerlo bien, como lo ordenó el Tribunal; ya nopueden seguir un comportamiento caprichoso como lo han hecho en las votaciones» Por parte de FIMA, aseguran que dentro de lo complejo y extraño proceso de discusión que ya supera los 10 años, tras el último rechazo del comité solo hay una seguridad, «este resultado lo van a revisar los tribunales, ya sean los tribunales ambientales o la Corte Suprema, y vamos a tener por lo menos un par de años más de discusión respecto a esto». Por último, Ezio Costa llama a los ambientalistas a la calma. «El proyecto sigue rechazado, por tanto, las personas que están a favor de proteger el medio ambiente por ahora pueden estar tranquilas, esperando que el proyecto se mantenga rechazado y se termine esta historia»..