Autor: Valentín Aguilera Seremi de Educación

Columnas de Opinión: Un impulso necesario con sentido regional: la nueva ley que fortalece la Educación Pública
Columnas de Opinión: Un impulso necesario con sentido regional: la nueva ley que fortalece la Educación Pública L areciente aprobación y despacho a ley del proyecto que modifica la Ley 21.040 marca un hito para el sistema educacional chileno. Con un respaldo transversal de 122 votos en la Cámara de Diputadas y Diputados, este avance confirma que la Educación Pública dejó de ser una bandera de coyuntura para convertirse en una política de Estado. Detrás de ese resultado hay una convicción clara: es posible unir voluntades para enfrentar de raíz desafíos estructurales y superar dificultades que por décadas han tensionado al sistema educativo. Para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, la nueva normativa tiene un significado particularmente profundo. No se trata de un conjunto de ajustes técnicos; es una respuesta con sentido territorial a una realidad geográfica y demográfica única. En nuestro territorio, cerca de 15 mil estudiantes confían su futuro a la educación pública. Y en siete de las diez comunas, esta es la única opción disponible para las familias.
Por eso, la expectativa ciudadana no es solo legítima, es apremiante: se espera que la ley se traduzca en certezas, continuidad del servicio educativo y mejoras palpables en la experiencia de estudiantes, docentes y equipos directivos. Esa expectativa se sustenta, además, en el trabajo realizado en los últimos años.
Tras el impacto de la pandemia, el sistema ha mostrado resiliencia: mejoró la asistencia, avanzó en revinculación de estudiantes y fortaleció los aprendizajes con estrategias pertinentes y colaborativas, gracias al compromiso de las comunidades escolares y al respaldo del Plan de Reactivación Educativa impulsada durante el actual gobierno. La nueva ley llega para consolidar y acelerar esa trayectoria, corrigiendo déficits administrativos, reforzando la gestión local y especializando capacidades donde más se requiere. Uno de los pilares del perfeccionamiento legal es la normalización administrativa y financiera.
Hemos aprendido de los problemas que distintas administraciones municipales dejaron al cierre de sus gestiones, generando incertidumbre en las comunidades y arriesgando la continuidad del servicio educativo, experiencia que tuvimos en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
Hoy, con más del cincuenta por ciento de la educación pública siendo administrada por servicios locales en nuestro país, resulta ineludible que, en esta siguiente etapa, la ley 21040 pueda establecer la obligatoriedad de planes de transición cuya responsabilidad recae explícitamente en los alcaldes, y exige un saneamiento financiero previo al traspaso a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). La normativa también reconoce las particularidades territoriales deregiones como la nuestra, en la cual se ha podido avanzar contando con oficinas locales para el apoyo de la gestión educativa en Última Esperanza y Tierra del Fuego, figura que esta nueva ley fortalece.
En la misma dirección, tal cual como se ha dispuesto para nuestra región, la ampliación del plazo de traspaso de uno a dos años permite instalaciones más ordenadas, con planificación realista, formación de equipos y continuidad educativa asegurada. Lainfraestructura constituye otro frente de gran relevancia.
La actualización de la ley habilita a las y los directores para usar recursos directamente en reparaciones y mantenciones urgentes, disminuyendo los tramites necesarios que inmovilizan soluciones básicas pero indispensables para el desarrollo de los procesos pedagógicos. Se suma a esta nueva ley, la consagración legal de un Fondo de Infraestructura para la Educación Pública, con recursos incrementales hasta el 2030, destinados exclusivamente a establecimientos de los SLEP. Esta combinación -descentralización operativa en los establecimientos, capacidad técnica en los SLEP y financiamiento sostenidoofrece una ruta clara para enfrentar rezagos y planificar inversiones con horizonte pedagógico.
Esta nueva disposición que entrega la norma, suma más condiciones para el desarrollo de la educación pública en nuestra región, que ya cuenta gracias al apoyo del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena y su Consejo, con un convenio de conservación de establecimientos educacionales para generar mejoras en 21 escuelas, que ya esta en curso, la agenda del Plan de Zonas Extremas que considera reposición de cinco establecimientos educacionales, contemplando inversiones en cada una de las provincias de nuestra región por un monto cercano a los 75 mil millones de pesos en total, planificado a diez años y los más de 9 mil millones de pesos invertidos durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric para mejorar las escuelas públicas del territorio. La participación de las comunidades educativas ocupa un lugar de relevancia en esta nueva etapa. Los Consejos Locales adquieren mayores facultades, reforzando la voz de actores que conocen desde las comunidades, las necesidades y prioridades de cada escuela y liceo.
En paralelo, la articulación intersectorial mediante un Comité de Ministros apunta a abordar integralmente desafíos que trascienden el aula convivencia, salud mental, transporte, infraestructura y conectividad-, reconociendo que el derecho a la educación se concreta cuando los distintos sectores del Estado funcionan coordinadamente y de cara a los territorios. Mirando hacia adelante, el desafío es convertir estas herramientas en resultados verificables: escuelas más seguras y acogedoras, mejores trayectorias de aprendizaje, asistencia sostenida, liderazgo directivo fortalecido y una gestión que resuelve a tiempo. La ruta no estará exenta de dificultades, pero hoy contamos con un marco normativo que ordena, responsabiliza y habilita. En Magallanes, eso se traduce en más cercanía del sostenedor con las comunidades educativas, equipos con competencias claras y recursos gestionados de manera eficiente y efectiva en favor de las escuelas. Esta ley no cierra la conversación; la eleva.
Convoca a un diseño sinérgico del sistema educativo: del nivel central que define estándares y financia, de los niveles regionales que apoyan, de los SLEP que implementan y supervisan, de los municipios que cumplen transiciones responsables y colaboran en los desafíos del sistema escolar, y de las comunidades educativas que participan activamente en la toma de decisiones.
También nos invita a evaluar con transparencia, corregir rumbos cuando sea necesario y mantener el foco en aquello que da sentido a todo el esfuerzo: el bienestar y el aprendizaje de nuestros niños, niñas, jóvenes y personas adultas que participan del sistema educativo público en nuestra región. En síntesis, estamos ante un impulso necesario y oportuno. Uno que considera las particularidades de Magallanes, que aprende de la experiencia y que apuesta por una educación pública robusta, justa y profundamente arraigada en su territorio.
Ese es el compromiso con el presente y el futuro de nuestra región: que cada estudiante encuentre en su escuela pública un espacio de calidad, de cuidado y de oportunidades reales para desplegar su proyecto de vida. Autor: Valentín Aguilera Seremi de Educación.