Autor: CAROLINA ÁLVAREZ PEÑAFIEL

Violencia y presiones políticas complican la libertad de prensa en Ecuador
Violencia y presiones políticas complican la libertad de prensa en Ecuador La intervención de una empresa de medios por parte de una agencia estatal de Ecuador, que alegó presuntas irregularidades en el traspaso de un paquete accionario perjudicial para las arcas fiscales, levantó acusaciones de persecución política y de hostigamiento a medios opositores, y volvió a poner el foco sobre la protección a la libertad de expresión y prensa en ese país.
Varios organismos internacionales especializados, incluyendo la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) y Reporteros sin Fronteras (RSF), han alertado de un deterioro en el ambiente para la labor periodística en Ecuador, por una multiplicidad de factores, incluyendo la violencia de los grupos de crimen organizado. “Tenemos distintos factores que generan preocupación, desde temas asociados a transparencia, presiones jurídicas, administrativas, injerencia en políticas editoriales, incluso utilizando instrumentos de fiscalización. Hay un cuadro general de bastante violencia contra la prensa () nunca había pasado que seis periodistas fueran asesinados en un año.
Las palabras que llegan de los y las periodistas de Ecuador son opacidad, precariedad, violencia, autocensura, miedo, la imagen de estar en el medio de un fuego cruzado, sin saber de dónde vienen las balas, tanto literal como metafóricamente.
Hay una percepción de niveles de presión más altos con los cuales estaban acostumbrados y una percepción de una especie de asfixia silenciosa”, dice a “El Mercurio” Artur Romeu, director para América Latina de RSF, quien hace pocos días viajó a Ecuador para conocer de primera mano la situación de la libertad de prensa en ese país.
En la última clasificación de la libertad de prensa que hace anualmente la ONG (2025) y que considera tanto factores políticos como económicos y sociales, Ecuador aparece en el lugar 94 de los 180 países y territorios analizados, en el grupo de “situación difícil” (países como Venezuela, Cuba, El Salvador y México están en “situación muy grave”). Ahora, el caso de la editora Gráficos Nacionales (Granasa), a la que pertenecen los diarios de circulación nacional Expreso y Extra, ahonda las dudas sobre la posición del gobierno.
Décadas de judicialización Granasa fue intervenida en febrero pasado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a pedido de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), una entidad que depende de la Presidencia de la República de Ecuador. Inmobiliar asegura que es propietaria del 2,56% de las acciones de Granasa, algo que está en un proceso judicial. El paquete accionario era originalmente propiedad de los hermanos Roberto y William Isaías Dassum, líderes del Grupo Isaías, un conglomerado de empresas que incluye medios de comunicación, telecomunicaciones, banca y agroindustria. Durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) sus compañías y otros activos fueron confiscados, incluyendo el 2,56% de las acciones de Granasa. Más tarde, los Isaías consiguieron en la justicia la restitución de sus propiedades y, entonces, vendieron las acciones al actual director del diario Expreso, Carlos Martínez Bruno. El Estado disputó el traspaso y el 23 de enero una orden judicial le entregó a Inmobiliar el poder del paquete accionario. Días más tarde, la agencia de gobierno pidió información sobre asesores legales, contratos, proveedores, clientes, suscriptores y roles de pago.
La empresa se negó alegando que es información reservada y recordó que el Ejecutivo administra otros medios y semanas después Inmobiliar logró que la Superintendencia de Compañías decidiera la intervención y nombró a Elizabeth Jiménez a cargo del proceso, quien deberá entregar informes mensuales.
Una de las “pocas voces críticas que existen en Ecuador” Granasa alega que lo ocurrido es un intento por hacerse con el control de la empresa y que el gobierno de Daniel Noboa intenta “someter a una de las pocas voces críticas que existen en Ecuador”. Según la empresa, la disputa por el pequeño paquete accionario no es el único esfuerzo del gobierno en su contra. El Ejecutivo, sostiene la editora, ha intentado infructuosamente quedarse con otro 40% de las acciones de la empresa, también alegando irregularidades en un traspaso distinto ocurrido hace seis años. Además, asegura, ha buscado “menoscabar la integridad y credibilidad” de la compañía con acusaciones “sin piso” sobre fraude tributario y lavado de activos.
Para Natali Becerra, experta ecuatoriana en comunicación política, por estos antecedentes, “no puede entenderse el caso Granasa como un simple trámite administrativo societario”, aunque tampoco llega a considerarlo como un caso de “censura abierta o clásica”. “Creo que estamos ante una forma de presión indirecta que lo que busca es, a lo mejor, condicionar a los medios críticos, que se autocontrolen” o servir de ejemplo a otros medios, plantea a este diario.
En la misma línea, Romeu señala que no puede decir “de manera categórica y definitiva que sí es un claro intento de injerencia de parte de una entidad estatal”, SSERPDETAICOSSAEHT pero que sí “hay razones para estar preocupados con ese movimiento” y que recuerda a algunas prácticas ocurridas durante el gobierno de Correa, aunque aclara que son situaciones completamente distintas.
“Este tipo de señales, si bien no son explícitas, tampoco deben dejarse pasar por alto”, sostiene la especialista, quien afirma que se ha ido conformando un escenario complejo impulsado en parte por la proliferación de sitios de noticias sin los estándares periodísticos de chequeo y “una tendencia a tratar al periodismo incómodo como si fueran adversarios políticos”. Esto último, comenta, ha llevado a algunos medios a “callarse” por miedo al poder “del oficialismo o de la oposición”, una sit u a c i ó n a l a q u e “ h a y q u e prestarle muchísima atención”. La SIP ya había advertido en enero de “represalias” por parte del gobierno ecuatoriano contra Granasa, recalcando que “el uso de una institución pública para hostigar medios críticos es una de las formas más sofisticadas de censura indirecta”. Un mes después, consideró la intervención como un “acto intimidatorio”, ya que plantea “serias dudas sobre el respeto a las garantías fundamentales del debido proceso”, consignó EFE. El presidente de la SIP, Pierre Manigault, insistió entonces en que “el control sobre empresas independientes no puede, en ninguna circunstancia, convertirse en un mecanismo indirecto de censura o presión editorial”. Autor: CAROLINA ÁLVAREZ PEÑAFIEL. La editora de medios Granasa acusa que el gobierno intenta acallarla por su postura crítica.
Especialistas dicen que el caso preocupa, pero que hay otros hechos, derivados del crimen organizado que empeoran el panorama del periodismo: hay “una percepción de asfixia silenciosa”. El país tiene una baja calificación en rankings internacionales: Los periodistas comentan que debido a los altos niveles de violencia muchas veces tienen la sensación de estar “en medio de un fuego cruzado”. En la foto de archivo, la investigación de un asesinato.