Gobierno retrocede en compra de casa de Allende ante polémica por ganancias que obtendrían ministra y senadora
Gobierno retrocede en compra de casa de Allende ante polémica por ganancias que obtendrían ministra y senadora Mientras ayer la ministra Maya Fernández viajaba al Polo Sur junto al Presidente Boric, en Santiago se levantaba una polémica que la tendría de protagonista durante todo el día, por la compra de la casa de su abuelo, Salvador Allende, por parte del Estado, acto a cargo del Ministerio de Bienes Nacionales, que encabeza Marcela Sandoval (FA). El 11de marzo de 2024 "El Mercurio" publicó que el Ejecutivo planeaba comprar la residencia que Allende ocupó en su época de senador, ubicada en Guardia Vieja 392, Providencia, y la que ocupó Patricio Aylwin durante su presidencia, en Arturo Medina 3678, en la misma comuna. Para ello se destinarían recursos vía Ley de Presupuestos 2024. Pero no fue hasta la tarde del 31 de diciembre cuando Bienes Nacionales dio a conocer que la Contraloría había tomado razón de dos decretos que autorizaban las compras. Hasta ese momento todo parecía en orden. Sin embargo, con el correr de las horas se dio a conocer que la ministra Fernández era una de las propietarias del inmueble. Aquello trajo como consecuencia el enojo por parte de la oposición en lo relativo al gasto de $993 millones en la compra de la casa por parte del fisco.
Pero lo peor vino ayer cuando comenzó a circular la idea que el Ejecutivo iba a echar pie atrás a la compra por infringir un artículo de la Constitución que prohíbe a los secretarios de Estado celebrar contratos con el Estado.
Aquello fue confirmado pasadas las 19:30 horas por Bienes Nacionales en un comunicado en el que se informó que "debido a la actual estructura de copropiedad de la comunidad de herederos del expresidente Allende", no es posible ejecutar la compra. La trastienda de la fallida compra Al estar lejos e incomunicada, la ministra Fernández no tuvo oportunidad de explicar la situación. Antes de partir a la Antártida le habría transmitido a su entorno que ella no habría participado directamente en las tratativas y tampoco habría utilizado recursos del ministerio en estudiar la legalidad del asunto.
Versiones apuntan a que Fernández habría derivado el tema al abogado Fernando Vio, quien sería pareja de Marcia Tambutti, nieta del expresidente e hija de la senadora Isabel Allende (PS). Junto a Fernández se conoció que Alejandro Salvador Fernández Allende, su hermano, compartían un tercio de la propiedad, lo que les generaría ganancias por unos $165 millones a cada uno.
Cercanos a la familia cuentan que tras la muerte de Beatriz Allende, madre de la ministra, el cónyuge Luis Fernández de Oña, le habría cedido una parte a la senadora Allende, quien en 1997 restituyó 1/3 de la propiedad a Maya y Salvador Fernández. Este diario intentó obtener una versión de la senadora por Valparaíso, pero no contestó mensajes ni llamadas.
De todas formas, ella sí sería dueña de 1/3 de la propiedad --por lo que le corresponderían $331 millones por la venta--, lo que según entendidos también entraría en conflicto si se toma como referencia el artículo 60 de la Constitución que dice: "Cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado". El tercio que resta de la propiedad sería de Carmen Paz Allende, lo que le significarían $331 millones por su parte. El Gobierno, mediante el subsecretario Luis Cordero y la ministra Aisén Etcheverry, dio señales que la compra todavía estaba en fase de estudio. Sin emb a r g o, e l c o n t r a t o d e compraventa entre el Estado y la familia Allende habría sido firmado el 31 de diciembre. Este, en todo caso, debía ser enviado a Contraloría para su visado, lo que finalmente no ocurrirá. Durante la jornada de ayer el tema fue revisado por altos departamentos del Gobierno. Incluso trascendió que la titular de Bienes Nacionales tuvo que suspender sus vacaciones para atender la crisis. Sin embargo, no se aclaró cómo en más de un año de preparación del acto de compraventa no se advirtio de la inhabilidad que afectaba a dos miembros de la familia Allende. Algunos hablaron que se siguió el camino de la compra por sucesión de bienes y que en base a ese modelo no se habría alertado un problema legal que involucrara a la ministra Fernández. Desde la Secretaría General de la Presidencia explicaron que les corresponde revisar los actos que firma el Presidente y que luego van a toma de razón a Contraloría. Asimismo, dijeron que ellos revisaron el decreto que autorizó la adquisición del inmueble, pero no la fórmula de compraventa.
Lo mismo se planteó desde Contraloría, desde donde se dijo que el contrato de compraventa no había llegado como para pronunciarse sobre su legalidad. "El Mercurio" contactó a miembros del directorio de la Fundación Salvador Allende para saber si estaban al tanto de la compra. La exministra de Justicia Marcela Ríos dijo que estaba de vacaciones y no emitió comentarios. Desde Londres el abogado Eduardo Báez mencionó el tema de la compra por sucesión, pero estaba a punto de abordar un tren por lo que no profundizó en el tema. Marcela Ahumada, directora ejecutiva de la entidad, tampoco contestó.
Reacción en el PS El diputado Marcos Ilabaca lamentó que no se haya podido seguir adelante con el proceso, pero indicó que es lo correcto. "Por un tema de copropiedad no se haya podido concretar la compra no da para armar un lío de estas características. Esta es una casa que es patrimonio de todo el país", dijo el legislador por Valdivia. En tanto, desde la oposición el diputado UDI Gustavo Benavente dijo que esto es una muestra que los gobernantes no consideran si los actos que cometen están dentro del marco constitucional.
A través de su cuenta de "X", Arturo Squella, presidente del Partido Republicano dijo que "el Gobierno se vio obligado a desistir de la compra para su nuevo gustito ideológico. aunque le pese al Presidente Boric, el despilfarro y su interés por dejar un legado deben respetar la constitución.
Es hora que se preocupen de las verdaderas urgencias de los chilenos". Ambas autoridades habrían obtenido un total de $496 millones por la venta: Gobierno retrocede en compra de casa de Allende ante polémica por ganancias que obtendrían ministra y senadora JORGE SOTO Prohibición de celebrar contratos con el Estado de Fernández y Allende Bussi fue el error que el Ejecutivo no advirtió antes de anunciar la compra. La senadora Isabel Allende junto a la ministra Maya Fernández en el Congreso. JONATHAN MANCILLA n Familia de expresidente Patricio Aylwin (DC) valora compra de residencia La residencia del expresidente Patricio Aylwin seguirá adelante. Esta corresponde a dos inmuebles, que se ubican en la calle Arturo Medina 3678, justo en la esquina con Diego de Almagro. En esa zona está la fundación que lleva el nombre del exmandatario.
Según dijo el Ejecutivo "por los dos inmuebles del expresidente Aylwin, se pagarán UF 18.032 ,60 y UF 16.922 ,11, lo que en total suma UF 34.954 ,71 por esa residencia", es decir, unos $1.342 millones. Los planes del Ejecutivo son que su destino sea algo similar a la Casa Museo Eduardo Frei Montalva, que en el pasado también fue residencia del otrota jefe de Estado, en calle Hindenburg. Uno de los hijos del exmandatario, Miguel Patricio Aylwin Oyarzún, dijo que los cinco hijos son los herederos de la propiedad. Así, Mariana, Isabel, José Antonio, Juan Francisco y a él mismo le corresponde la sucesión del inmueble. Aylwin Oyarzún añadió que "el mecanismo es una compra del Estado por el interés patrimonial que representan. Podríamos haberlas vendido a particulares, pero ello no aseguraba mantener el carácter patrimonial y de memoria histórica que asegura la compra por el Estado. Nos parece de toda relevancia preservar el valor histórico que ellas representan". En 1990 el expresidente Aylwin recibió en su residencia, ubicada en la comuna de Providencia, a su par de Estados Unidos, George Bush. EL MERCURIO COSTO Compra de residencia habría implicado el desembolso de $993 millones por parte del Estado..