Editorial: Controvertido oficio de Hacienda
Editorial: Controvertido oficio de Hacienda Más allá de la desprolijidad en las formas de que pueda haber adolecido el oficio del Ministerio de Hacienda a otras carteras, a propósito de la preparación del Presupuesto de la Nación para 2027, el debate político no debe alejarse de lo sustantivo, cual es evaluar y racionalizar aquellos programas de gasto que funcionen de manera deficiente.
Ello representa una obligación desde el punto de vista del buen uso de los recursos públicos, y es clave para hacer espacio fiscal a otros programas, como las propuestas para reactivar la economía contenidas en el proyecto de Ley de Reconstrucción.
Precisamente por ello es que resulta lamentable la controversia que se ha generado en torno al oficio, en cuanto distrae de su objetivo central y da pábulo a cuestionamientos sesgados por parte de quienes quisieran evitar una discusión honesta respecto del uso eficiente de los recursos públicos.
Es comprensible que en documentos de trabajo, que son parte del proceso de discusión interna propio de los gobiernos, el cuidado por las formas no sea necesariamente el mismo que en las comunicaciones oficiales a la ciudadanía. Con todo, el uso de términos como “descontinuar” o “ajuste presupuestario” puede prestarse para malentendidos si no son debidamente explicados.
En un ambiente donde se busca debilitar al Gobierno y a su plan tributario, la filtración y uso político malicioso de estos oficios es inevitable, por lo que estos deben ser cuidadosamente redactados y explicados para evitar confusiones. El mejor ejemplo de ello en este caso lo representa el Programa de Alimentación Escolar, cuyo monto ejecutado, de casi 1.200 millones de dólares en 2025, es sustantivo.
Evidentemente, en el objetivo del Gobierno no está la eliminación como podría deducirse del oficio de la política pública de entrega de alimentación a los estudiantes del país, sino la búsqueda de espacios de optimización presupuestaria en un programa necesario, pero cuyos cuantiosos recursos pueden estar siendo en parte mal utilizados, como de hecho lo han revelado contundentes informes de la Contraloría. Desafortunadamente, en la política actual, las formas suelen ser más importantes que el fondo. Por lo mismo, es fundamental evitar equívocos. Los gobiernos preparan sus presupuestos con anticipación, y la Dirección de Presupuestos (Dipres), vía el Ministerio de Hacienda, hace llegar a las diferentes carteras los criterios a considerar en la preparación de esa ley. Es natural que, en un contexto de restricción presupuestaria y necesidad de ajuste fiscal, las exigencias de la Dipres sean altas. Se trata, sin embargo, de un esfuerzo necesario.
De hecho, durante la última campaña electoral hubo un extendido consenso explícito o implícito en la necesidad de recortar el gasto público, y aunque los montos fueron discutidos, el principio general de optimizar el uso de los recursos es el que debe primar.
La preparación del presupuesto para 2027 es la instancia adecuada para implementar esos ajustes, más aún considerando las dificultades de modificar el presupuesto actual, cuyos ingresos no solo estaban sobredimensionados, sino que muchas de sus partidas parecen desfinanciadas. Para que el esfuerzo de racionalización de gastos llevado a cabo este año rinda frutos, debe extenderse en el tiempo de manera estructural, y ese es el paso que se busca dar. Esta es precisamente la razón por la que esta polémica es desafortunada, pues desvía la atención respecto de un objetivo esencial, instalando caricaturas donde debiera haber un debate serio y bien fundamentado.
En el ambiente actual, es casi inevitable la filtración y uso político malicioso de estos documentos, lo que debiera obligar a un máximo cuidado en su redacción.. En el ambiente actual, es casi inevitable la filtración y uso político malicioso de estos documentos, lo que debiera obligar a un máximo cuidado en su redacción.