Autor: Francisco Corvalán

El paso a paso que deben sortear los colegios que quieran detectores de metales y las otras normas de la ley
El paso a paso que deben sortear los colegios que quieran detectores de metales y las otras normas de la ley PRUEBA DE QUE LADG La publicación en el Diario Oficial de la Ley de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas marcó un giro en la discusión sobre seguridad escolar, especialmente porque por primera vez se habilita de forma explícita la instalación de detectores de metales en establecimientos educacionales. La medida quedó incorporada en el artículo 10 de la norma, como parte de los "recursos tecnológicos" que pueden utilizar los sostenedores para detectar armas u otros objetos que puedan desencadenar acciones de violencia. Pero, ¿cuánto falta para que se pueda instalar un detector en los colegios? El punto inicial es claro, ya que la ley sí permite el uso de pórticos. Sin embargo, el paso a paso de esa habilitación convive con un diseño normativo que restringe su aplicación inmediata. Eso, sin contar que el reglamento de la ley aún no ha sido ingresado a Contraloría. Lo primero es destacar que no existe implementación automática. La norma no permite instalar detectores sin condiciones ni visados. En cambio, establece un marco regulado que obliga a justificar su uso caso a caso. Para que un establecimiento pueda avanzar, debe acreditar la existencia de antecedentes fundados que indiquen un riesgo real, y demostrar que la medida cumple con tres criterios: ser proporcional, necesaria e idónea para prevenir delitos. Ese estándar actúa como un primer filtro técnico. Luego de eso, la ley introduce una segunda barrera: el acuerdo de la comunidad educativa. La instalación de estos dispositivos requiere la aprobación del Consejo Escolar o de la comunidad, dependiendo del tipo de establecimiento. En la práctica, esto implica un proceso deliberativo que involucra a directivos, docentes, asistentes de la educación y apoderados, lo que puede ralentizar o tensionar las decisiones. Superada esa etapa, el sostenedor debe elaborar un protocolo interno, uno de los elementos más exigentes del proceso. Este documento debe regular en detalle el uso de los detectores, incluyendo procedimientos, responsables y acciones frente a la detección de armas u objetos peligrosos. Además, la ley fija estándares específicos.
Esto, ya que el protocolo debe resguardar derechos fundamentales como la vida privada, la honra y la no discriminación arbitraria; además de incorporar perspectiva de género, garantizar el debido proceso y procurar la menor interferencia posible en el funcionamiento cotidiano del establecimiento. El protocolo también debe contemplar mecanismos de coordinación con las fuerzas de Orden y Seguridad Pública, lo que introduce una dimensión operativa adicional en contextos que tradicionalmente SIGUE Autor: Francisco Corvalán. Aunque la nueva normativa habilita detectores de metales, exige acuerdos internos, protocolos visados por dos ministerios y un reglamento aún inexistente. Sin recursos asegurados, su aplicación queda, por ahora, más cerca del papel que las salas de clase. A pesar de estar aprobada, la norma no permite instalar detectores de manera inmediata ni sin condiciones. han estado alejados de este tipo de dispositivos. Una vez elaborado, el documento no entra en vigencia de forma automática. Se abre entonces una fase de revisión estatal. El protocolo debe ser aprobado por la Subsecretaría de Educación, que evaluará su contenido de manera integral. Para ello se requiere previamente un informe técnico del Ministerio de Seguridad Pública, que deberá pronunciarse sobre la proporcionalidad, necesidad e idoneidad de la medida. Sin ese doble check no es posible avanzar en la implementación. Reglamento pendiente A este entramado de requisitos se suma la ausencia del reglamento que mantiene en suspenso la aplicación de la ley. El Ministerio de Educación, en conjunto con el Ministerio de Seguridad, debe dictar un instrumento que precise los procedimientos, criterios técnicos, plazos y requisitos para la aprobación de los protocolos. Ese reglamento aún no ha sido ingresado a Contraloría, por lo que la ley se encuentra en una fase intermedia: promulgada, pero no plenamente operativa. En el Mineduc reconocen que este punto es crítico. La cartera trabaja en una estraK tegia para acelerar orientaciones parciales que permitan a los establecimientos avanzar, particularmente en lo relativo a detectores de metales, mientras se completa el desarrollo normativo. El objetivo es reducir la incertidumbre y facilitar la adaptación de los reglamentos internos de los colegios. La idea es diseccionar el reglamento y publicar pronto la parte que compete a los detectores. En paralelo, los establecimientos pueden iniciar acciones preparatorias. Entre ellas, realizar diagnósticos de riesgo, abrir procesos de diálogo con sus comunidades educativas, elaborar borradores de protocolos y explorar alternativas de financiamiento. Este último aspecto aparece como uno de los principales nudos: la ley no contempla recursos específicos para la instalación de estos dispositivos.
En la práctica, los sostenedores particulares se las tienen que ingeniar por su cuenta, y los que reciben recursos del Estado, en el Mineduc evalúan si poder abrir la puerta de fondos existentes, como la Subvención Escolar Preferencial (SEP) o el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), o bien gestionar recursos propios o a través de gobiernos regionales. La disponibilidad presupuestaria, por tanto, se convierte en un factor determinante para avanzar. Cada una de estas etapas funciona como una condición habilitante para la siguiente, lo que configura una ruta exigente para los establecimientos que evalúen implementar detectores de metales.
Otros aspectos de la ley "Es deber del Estado promover la buena convivencia, el buen trato y la no discriminación arbitraria, así como proponer medidas y orientaciones para la erradicación de todos los tipos de acoso, violencia y actos de discriminación entre los integrantes de las comunidades educativas", reza uno de los primeros puntos de la nueva ley. Ese ese el marco que la orienta.
En su artículo 15, por ejemplo, dice que los sostenedores asegurarán las condiciones para que en los establecimientos se promueva la participación de todas las personas de la comunidad educativa, y que todos los establecimientos deberán contar con un equipo a cargo de la convivencia educativa. Otro artículo explicita que los establecimientos velarán por la prevención de todas aquellas conductas constitutivas de acoso, violencia o discriminación entre los integrantes de la comunidad educativa. Otro, en tanto, señala que el Mineduc debe elaborar la Política Nacional de Convivencia Educativa.
De hecho, se señala explícitamente que en el caso de que un docente sea afectado por hechos constitutivos de delitos, sea cual sea el victimario, "el sostenedor del establecimiento deberá proporcionarle apoyo y orientación para el ejercicio y protección de sus derechos, al menos, hasta la presentación de la denuncia". Asimismo, a través del director del establecimiento, "deberá siempre denunciar de conformidad a lo dispuesto en el artículo 175 del Código Procesal Penal. Su obligación no se entenderá satisfecha por acciones ejercidas por terceros". Incluso, en otro artículo -44 bisse resguardan los convenios de cooperación educativa para prácticas profesionales. La ley, además, crea el Consejo para el Bienestar Socioemocional Escolar.. El protocolo también debe contemplar mecanismos de coordinación con las fuerzas de Orden y Seguridad.
Felipe Alessandri (RN): "La violencia escolar se politizó y hoy estamos cosechando las consecuencias" El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), se convirtió en uno de los símbolos del combate a la violencia escolar desde el mundo municipal luego de su paso como jefe comunal de Santiago (20162021), cuando promovió medidas como Aula Segura o la revisión de mochilas antes de entrar a los colegios, pese a la resistencia de estudiantes y sectores políticos.
Con esa experiencia, opina sobre el asesinato de una inspectora en un colegio en Calama a manos de un estudiante de 18 años, así como de la creciente ola de violencia escolar que se ha dado a lo largo del país, justo en medio de la publicación de la ley que permite detectores de metales en colegios y las promesas del gobierno de impulsar otras medidas en esta línea. ¿Qué fracasó en el caso de Calama? Fracasó todo el sistema. Relativizar la violencia no es una posición neutral. Relativizar la violencia lo que hace es que hechos trágicos como de Calama finalmente ocurran porque no lo prevenimos a tiempo, porque no tomamos las medidas de control, porque como sociedad no lo abordamos prematuramente. Es supergrave. Los estudios dicen que cuando ocurren hechos que tienen tanta conmoción pública, después salen los imitadores. Relativizar la violencia no es neutral, se toma una posición. Se normalizan estos hechos y cuando B Barnechea se normalizan, suceden tragedias. Ahora la discusión gira en torno a los detectores de metales y usted ha sido crítico de esa medida. Los detectores de metales claramente ayudan y está bien que esta Ley de Convivencia Escolar lo permita. Pero no nos podemos quedar ahí. O sea, vamos al problema más de fondo. Se ratificó la violencia por muchos años. Desde María Música (NdR: joven que en 2008 lanzó agua a la entonces ministra de Educación Mónica Jiménez) hasta ahora. Acuérdate cómo me tildaban a mí de "Jaula Segura" por la Ley Aula Segura. Yo hice el "rompe paga" a los papás, porque uno tiene que exigir una coparentalidad en esto. Lo que veía en Santiago era que las familias no se estaban involucrando y le entregaban sus hijos al Estado: edúqueme usted a los niños y los padres ausentes. Entonces, por muchos años se politizó. Los de un lado querían orden y respeto, y los otros eran más laxos. Y frente a eso yo creo que estamos hoy cosechando las consecuencias. También se critica a los detectores por su costo económico. Establecimientos más vulnerables no pueden pagarlos. Yo no me enfocaría en el precio, porque si vamos a poner detectores de metales es por algo.
Posiblemente logremos que un arma no ingrese al colegio, pero esa misma arma la puede ocupar afuera. ¿ A qué voy con esto? Vamos al tema de fondo. ¿ Qué está pasando que estos jóvenes llegan a estos niveles tan extremos y causan las tragedias que estamos viendo? Se ha relativizado la violencia. Esto se profundizó durante su época como alcalde. Lo que pasó en mi época es que se politizó el tema, porque yo llegué a enfrentar la violencia. Esta era avalada por la propia institucionalidad, la autoridad, el sostenedor y luego, cuando tomé medidas más drásticas, los concejales, los parlamentarios -algunos, no todos ciertamentetambién lo relativizaban.
La única herramienta que el sostenedor tenía era la aplicación del Manual de Convivencia. ¿ Qué buscaba Aula Segura? Expulsar a ese alumno, pero después nos preocupábamos que entrara a otro establecimiento y el entorno lo condicionaba mucho. Mientras se proponían medidas punitivas, la izquierda proponía soluciones formativas. Ellos estaban relativizando la violencia y ahí tenían una posición que no era neutral. Ellos estaban validándola, y cuando tú la validas y sientes que tu autoridad te está validando o que no la condena gravemente, en el fondo la normaliza. Y hoy estamos viendo las consecuencias de aquello. ¿Pero cuál es la solución, entonces? Un trabajo mucho más integral. Aquí hay que meterse al fondo, involucrar a la familia. No puede ser que la familia no tenga esta relación directa y no adelanten situaciones que estén viendo con sus hijos. Se requiere un apoyo integral, un apoyo psicoemocional en los colegios. Los alumnos están muy solos, las redes sociales y la pandemia ayudaron en esto. Aislados en sus celulares no saben transmitir sus emociones que pueden ser de frustración, depresión. Este es un trabajo mucho más profundo. Yo no quiero dejar de poner sobre la mesa el tema de que había exmiembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez con nombre y apellido que articulaban a estos jóvenes. Tiene que haber un respeto a la autoridad y para eso los colegios tienen que ser un ambiente seguro. Y lo que nos está pasando ahora es que ya no son un refugio, relativizamos tanto la violencia que hoy estamos peligrosamente muy cerca de una tragedia. Autor: Luciano Jiménez.
El exalcalde de Santiago y hoy jefe comunal de Lo Barnechea dice que en el pasado algunos grupos relativizaron y justificaron la violencia. "Los detectores de metales claramente ayudan, pero no nos podemos quedar ahí, vamos al problema más de fondo", dice. Felipe Alessandri (RN), alcalde de Lo Barnechea.