Polémica por recorte de presupuesto a la Fiscalía
Polémica por recorte de presupuesto a la Fiscalía El episodio permite relevar los costos que tiene para el país la estrechez fiscal, la elaboración de presupuestos sobre bases sobreestimadas y la escasa responsabilidad de los parlamentarios al aprobar normas sin calibrar bien sus efectos. l recorte por más de $ 7 mil millones de que fue objeto el presupuesto del Ministerio Público ha abierto una fuerte controversia no solo porque la propia Fiscalía alertó que una reducción de esta envergadura afectará labores esenciales del organismo, sino además porque ha desatado una ola de críticas de los parlamentarios al Ministerio de Hacienda, ante una decisión que cuestionan por estimar que serestan capacidades a un organismo que resulta clave en la persecución del delito. Hacienda, por su parte, seescuda en que está actuando de acuerdo con lo mandatado en la ley.
El recorte presupuestario no es el producto de un actuar caprichoso, sino que se funda en el protocolo que se adoptó en el propio Congreso en el marco de la discusión de la Ley de Presupuestos 2025, donde entre otros aspectos para destrabar su aprobación se acordó un recorte de gastos por casi $ 600 mil millones, estableciéndose expresamente que quedarían fuera de dicha reducción los servicios de salud, las policías, Gendarmería, sistema escolar, concesiones y subsidios de vivienda. Ayer el Poder Judicial, a través de la Corte Suprema, emitió un categórico comunicado, señalando que para el caso de este poder del Estado la reducción implica un monto superior a $17 mil millones.
Ejemplificó que en lo referente al Subtítulo 21, Gastos en Personal, "la disminución señalada tendrá un fuerte impacto en el funcionamiento operativo de tribunales, los cuales en la actualidad presentan una importante sobrecarga laboral producto de la implementación de nuevas leyes sin fortalecimiento de la dotación de personal, incremento de la población, nuevosdelitos, entre otros factores". La ministra del Interior intentó calmar las aguas, planteando que "no hay polémicas ni disputas con la Fiscalía Nacional", y que los mayores recursos comprometidos para este año con el fin de fortalecer a los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios del Ministerio Público no se verán alterados.
Más allá de los intentos por bajar el tono a esta polémica, el episodio resume bien el problema en que se encuentra el país respecto de los problemas derivados de nuestra estrechez fiscal y la manera como los estamentos políticos se hacen cargo de la situación. Así, es un hecho que frente al exiguo crecimiento de la economía y los menores ingresos fiscales, todos los estamentos deben adecuar sus presupuestos a esta realidad, lo que desde ya genera tensiones.
Si a ellose suma la elaboración de leyes de presupuesto construidas sobre la base de una sobreestimación de ingresos, y parlamentarios que aprueban leyes sobre la marcha sin calibrar apropiadamente sus efectos y desentendiéndose de lo que ellos mismos aprobaron es preocupante que solo ahora se estén dimensionado los efectos sobre la seguridad-, la combinación de todo ello resulta muy compleja para el país.
Si bien el caso de la Fiscalía probablemente debería ser examinado con mayor detalle, para asegurar que una reducción de tal envergadura no debilite la persecución penal, en la medida que el Ejecutivo vaya abriendo nuevas excepciones también se corre el riesgo de que el protocolo para contener gastos se vaya desnaturalizando.
Esto es un recordatorio sobre la relevancia que tiene volver a recuperar las capacidades de crecimiento de nuestra economía, aumentar los ingresos y con ello equilibrar las finanzas públicas, porque de lo contrario seguiremos sumidos en este complejo espiral..