Diputados piden estudio para evaluar construcción de barrera física en la frontera norte en marco de la Ley de Migración y Extranjería.
Diputados piden estudio para evaluar construcción de barrera física en la frontera norte en marco de la Ley de Migración y Extranjería.
En el contexto de la disla Ley de cusión sobre Migración y Extranjería, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados ha solicitado al subsecretario del Interior, Luis Cordero, un estudio que evalúe el costo de construir una barrera física en los puntos críticos de la frontera, especialmente en la zona norte del país. La propuesta, liderada por el diputado independiente y presidente de la comisión, Rubén Oyarzo, apunta a establecer un muro o valla de al menos 200 kilómetros como medida de control fronterizo. Oyarzo expresó quelainstalación de una barrera física en la frontera norte es necesaria para enfrentar lo que considera un aumento significativo en el flujo de migración irregular en esa región. “Si el subsecretario Cordero no considera esta medida viable, esperamos una justificación técnica que explique los motivos”, declaró el diputado, subrayando la importancia de un análisis detallado para una posible implementación. La solicitud encontró respaldo en el diputado republicano José Maza, quien afirmó que “hay una invasión de migrantes ilegales” y planteó la necesidad de zanja implementar unafronteriza como una solución más económica y efectiva. Según Maza, estas medidas son urgentes para asegurar el orden en la zona y controlar el ingreso de personas en situación irregular.
Por su parte, el diputado Jaime Sáez, jefe de bancada del Frente Amplio y miembro de la comisión, sostuvo una postura diferente, destacando que el enfoque debe estar en la regularización de los migrantes que ya residen en el país. Sáez enfatizó que, más que barreras físicas, Chile necesita políticas migratorias que favorezcan la integración y la estabilidadde quienes ya forman parte de la sociedad. La diputada demócrata Joanna Pérez criticó a la coalición oficialista, acusándola de “doble estándar” al, por un lado, mostrar apoyo a la migración regular y, por otro, limitar las posibilidades de integración mediante normas restrictivas. En este mismo contexto, la directora jurídica del Servicio Jesuita a Migrantes, Gabriela Hilliger, expresó su preocupación sobre el enfoque restrictivo de ciertas propuestas y su impacto en los derechos humanos. Hilliger afirmó que lograr una migración “ordenada, segura y regular” es complejo cuando las medidas adoptadas, como la ampliación de expulsiones, interfieren con los procesos de regularización.
Manifestó especial preocupación sobre una disposición que permitiría la anulación de visas de niños y adolescentes migrantes si sus padres o cuidadores son deportados, lo que afectaría gravemente la protección de los derechos de la niñez.
“Si bien es necesario aplicar las normativas de manera efectiva, esto debe hacerse sin discriminación de nacionalidad y priorizando siempre los derechos de los menores deedad”, concluyó Hilliger, quien llamó a un debate equilibrado que considere tanto el orden migratorio como la protección de los derechos humanos. Este debate continúa en el Congreso, donde la propuesta de una barrera fronteriza ha revelado posturas encontradas respecto de cómo enfrentar el fenómeno migratorio.
Mientras algunos parlamentarios ven en la construcción de un muro una respuesta a los desafíos en la frontera, otros consideran que la prioridad debe ser una integración inclusiva y respetuosa de los derechos.. La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara ofició al subsecretario del Interior, Luis Cordero, solicitando un análisis sobre el costo de una barrera fronteriza. La propuesta divide opiniones entre parlamentarios y defensores de derechos migrantes.