Editorial: EDITORIAL Falencias en servicios públicos
Editorial: EDITORIAL Falencias en servicios públicos D esde que asumió la actual Contralora General de la República, señora Dorothy Pérez, se han descubierto una serie de irregularidades en los diversos servicios públicos y hoy mismo, se desarrollan una serie de sumarios administrativos para perseguir la responsabilidad funcionaria en diversas cuestiones reñidas básicamente con la probidad administrativa.
Así es como se sorprendieron a más de 25 mil funcionarios que viajaron al extranjero, en plan de vacaciones, utilizando licencias médicas, otros que se van a los casinos de juegos y, peor todavía, funcionarios que tiene prohibición legal de visitar esos recintos porque en su trabajo público manejan valores del Estado.
Hoy, le ha correspondido a los aeropuertos, en especial, a la droga que se incauta, lo que está a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Servicio de Aduanas, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones.
El ente fiscalizador constato una falta de coordinación entre la DGAC, Aduanas, la PDI y Carabineros en el control de la droga incautada en el aeropuerto de Iquique, que estuvo varias horas sin resguardo policial, lo que facilita su hurto ya que se encontraron 12,5 kilos de droga en una maleta y ese equipaje permaneció por siete horas en la zona de revisión sin resguardo policial, además, el Servicio Nacional de Aduanas no registro el hallazgo, lo que afecta la trazabilidad del procedimiento.
La propia Contraloría detecto que Aduanas carece de personal suficiente en su Unidad de Drogas para mantener controles permanentes en el terminal, lo que permite efectuar controles a no más del 7% de las operaciones aéreas que se registran.
Otro error advertido es que, en el sistema de seguridad del aeropuerto, el circuito cerrado de televisión administrado por la DGAC es utilizado con un usuario y contraseña compartidos, lo que impide identificar trazabilidad, y por último no hay respaldos de las grabaciones, exponiéndose a que la evidencia se pierda ante eventuales fallas o siniestros.
Así como el órgano contralor sigue descubriendo situaciones anómalas, el gobierno debiera dotarlo de mayores recursos, especialmente humanos, para que la fiscalización sea amplia y se intente terminar de una vez, las diferentes faltas a la probidad que, en el fondo, afectan directamente a toda la ciudadanía..