Autor: Pedro Bárcena González pedro.barcena@laestrellachiloe.cl

Rechazan prisión para implicados en caso de Púlpito: Fiscalía apeló
Rechazan prisión para implicados en caso de Púlpito: Fiscalía apeló n lo que se convirtió en Elaaudiencia de formalización y solicitud de cautelares más extensa desde que está vigente la Reforma Procesal Penal en la zona, tras 9 días de análisis se resolvió ayer el rechazo de la prisión preventiva para 17 de los imputados en el caso de explotación ilegal de bosque en Púlpito, comuna de Chonchi. No obstante, los acusadores apelaron verbalmente, ante lo cual el tribunal de alzada hoy determinará las precautorias para este grupo, que se suma a otros 8 comuneros que están con arresto total.
La magistrada Jesica Yáñez del Juzgado de Garantía de Castro entregó su resolución por esta causa por delitos como hurto simple y reiterado (de madera), comercio clandestino, usurpación de inmueble, asociación delictiva y lavado de activos.
Tras una prolongada argumentación, la mañana de ayer dictó contra los 17 encausados las medidas de firma semanal ante la autoridad, arraigo nacional, prohibición de acercarse a los predios supuestamente usurpados y la imposibilidad de aproximarse o comunicarse con las víctimas.
La defensora particular Orieta Llauca, quien representa a dos de los imputados, explicó que los principales argumentos para desechar la cautelar más intensiva se enfocaron en "los problemas del informe Nº43 de la Policía de Investigaciones (PDI), en cuanto a errores e inconsistencias que afectan sus conclusiones, con lo cual se descarta en esta instancia la concurrencia de los delitos de lavado de activos y asociación delictual". Es más, la jurista describió que la sentenciadora estima que en esta etapa de la causa se tiene por acreditado solo la usurpación, el hurto o sustracción de madera. "Bajo ese escenario, ante una eventual condena, estas personas tienen derecho a una pena sustitutiva en libertad", aclaró, enfatizando que la prisión preventiva es desproporcionada.
Asimismo, la profesional relevó que en esta primera instancia se hayan desvirtuado los ilícitos más gravosos. "La magistrada señala que la investigación da cuenta que no existe un concierto para delinquir entre los imputados, sino que sus relaciones son casuales y que obedecen a la práctica (consuetudinaria) de compra y venta de leña", apuntó.
IMPORTANCIA Por su parte, el defensor penal público Jairo Acevedo insistió en la importancia de que se desechara la supuesta estructura criminal que se asignaba a los comuneros por parte de los acusadores. "Dentro de la misma formalización se pasó de imputaciones de una supuesta organización jerarquizada (con cargos y niveles de autoridad vertical) a una asociación horizontal; ya no era una pirámide y no se habló de puestos de mando", sostuvo la fuente, advirtiendo que ante las falencias indagatorias detectadas no descartan solicitar una metapericia criminal.
Lo que sí lamentó el abogado fue que no se consideró por parte de la jueza una de las argumentaciones base de las defensas: el dominio ancestral y los tratados internacionales. "Indicó que los títulos (de tierras) presentados por los querellantes eran suficientes para legitimar la posesión de las mismas. No se pronunció sobre lo que alegamos, que esto era una disputa de dominio y que, por lo tanto, no se podría perseguir penalmente", resaltó.
A su vez, Yerko Yáñez, defensor privado que representa a uno de los encartados, mostró su conformidad con el fallo en Garantía, indicando que se acogió su teoría del caso: "Desde un primer momento postulamos que no concurren los delitos más gravosos: el lavado de activos y la asociación para delinquir, los cuales requieren de un alto estándar probatorio para configurarse.
En estos días quedó demostrado que el Ministerio Público no tiene los antecedentes para acreditarlos". Otro punto que valoró el profesional fue que se considerara la irreprochable conducta anterior para decretar las precautorias en el medio libre. "Esto nos da a entender que pese a lo grandilocuente que han sido los acusadores, no han sido capaces de hacer una investigación objetiva para determinar qué hizo cada imputado. Nunca se demostró la supuesta organización criminal", dijo.
RECURSO Ante el rechazo de la prisión preventiva, el fiscal Daniel Alvarado, de la unidad Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía Regional de Los Lagos, como también los seis querellantes, apelaron verbalmente en la misma audiencia, en busca que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt decida hoy si mantiene el actual dictamen o decreta la medida más intensiva con respecto a 9 de los imputados.
Como especificó el persecutor, se alegará ante los ministros que "concurren los supuestos para la existencia de los delitos que no acreditó el tribunal de Castro", en este caso la asociación delictiva y el lavado de activos, lo que agravaría su responsabilidad y la necesidad de cautela.
Igualmente, el representante del Ministerio Público recordó la génesis y principio de ejecución del caso que se remonta, como detalló, desde el 2018 y que se habría extendido hasta este año. "Comenzó con la habilitación ilícita de caminos con maquinaria pesada en bosques adultos existentes en predios particulares como pertenecientes al fisco, donde se ha realizado tala de manera rasa que hace muy difícil su renovación. Luego, el material como leña era trasladado desde esta zona de usurpación y explotación forestal ilícita a barracas de Chiloé y a una fuera de la Isla, para la comercialización del producto", describió. El exfiscal jefe de Castro señaló que en este tiempo "se han visto afectadas poco más de 112 hectáreas de bosque nativo y la construcción de caminos se estima en unos 53 kilómetros.
Además, de acuerdo a la cantidad de madera sustraída, Conaf estableció un valor superior a 4.600 millones de pesos", sin considerar las ganancias millonarias "para los integrantes de esta orgánica que es materia de persecución penal", concluyó. @ 52 allanamientos realizó la PDI el 25 de marzo con 300 detectives por este caso. Autor: Pedro Bárcena González pedro.barcena@laestrellachiloe.cl. Juzgado de Castro denegó la cautelar más gravosa para los 17 imputados. Acusadores recurrieron por 9 de ellos, por lo que hoy el tribunal de alzada resolvería las cautelares. Además, persecutor dijo que encartados explotaron 112 hectáreas de bosque nativo, con afectación por $4.600 millones. 52 allanamientos realizó la PDI el 25 de marzo con 300 detectives por este caso. FISCAL INDICÓ, TRAS LOS PERITAJES DE CONAF Y POLICÍAS, QUE EL RECURSO EXTRAÍDO SE TRASLADABA A BARRACAS PARA SU VENTA. CERCANOS A LOS IMPUTADOS TRAS CONOCER EL FALLO DE AYER.