Autor: El fiscal regional de Magallanes, Cristian Crisosto, afir-

Versiones contrapuestas entre fiscalía y abogado del Presidente sobre posibilidad de acceder a denuncia
Versiones contrapuestas entre fiscalía y abogado del Presidente sobre posibilidad de acceder a denuncia O. RODRÍGUEZ, L. CRUZAT y M.
SILVA“Accedí al RUC (número identificador) de la causa mediante un procedimiento de búsqueda diario que hago del RUT del Presidente en el sistema SIAU (de tramitación de causas de la fiscalía). Esto consiste en ingresar su RUT en el sistema desde una cuenta que no tiene causas del Presidente asociadas, se busca su RUT y el sistema arroja el RUC más reciente.
Luego de eso solicité la acreditación desde mi cuenta a ese RUC, dado que es la única forma de obtener información de la causa”. Así describió el abogado Miguel Schürmann, a La Segunda, cómo supo de la denuncia contra el Presidente Gabriel Boric y cómo hizo después para conocer el contenido de esta. En el proceso se investiga la eventual responsabilidad del mandatario en la difusión de imágenes privadas de una excompañera de práctica profesional, entre 2013 y 2014.
Lo anterior, en medio de la polémica que causaron las palabras de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien señaló que se conoció de la acción penal tres días después de su ingreso: “El 9 de septiembre se pesquisa la existencia de una denuncia inespecífica por parte de las revisiones que se hacen periódicamente por sistema.
Y se encuentra que había sido ingresada el 6 de septiembre”. En este sentido, ante diversas consultas, la ministra detalló que “son los equipos de Presidencia esto hacen todos los gobiernos, en todo caso los que hacen como pesquisas y revisiones recurrentes de información, que es pública y que pueda tener alguna relevancia”. Un día después de estas declaraciones, ayer, tanto el subsecretario del Interior, Luis Cordero, como la ministra de la cartera, Carolina Tohá, evitaron entrar en detalles respecto de este acceso, derivando, precisamente, la responsabilidad a quienes representan al Presidente. Actualmente, en esta causa, el mandatario es defendido por Jonatan Valenzuela, pero Schürmann precisó a La Segunda que ambos contaban con mandatos vigentes del gobernante, y que en virtud de eso él realizaba dichas búsquedas.
“Este es un asunto entregado a los abogados personales del Presidente de la República, quienes están a cargo con un mandato del Presidente sobre su monitoreo en general, porque el Presidente ha tenido, hay acciones que se han ejercido, que son conocidas de todos ustedes, y respecto de ese asunto se van a referir los abogados del Presidente”, afirmó Cordero ayer, precisando los dichos de Vallejo respecto de que serían funcionarios del Gobierno. “La fiscalía tiene un sistema de información que es utilizado por los abogados que tienen mandato.
Los que se van a referir a este tema, porque son responsables de la gestión de este tipo de asuntos, que llevan a cabo esto, son los abogados personales del Presidente, que entiendo que hoy tienen una entrevista con el fiscal de la causa”, agregó el subsecretario. n Se requiere RUC para acreditarse, y no a la inversaPese a lo anterior, la versión de Schürmann es desestimada al interior del Ministerio Público, donde comentan a este medio que es posible para los abogados entrar a su sistema de tramitación de causas, Sistema de Información y Atención a Usuarios (SIAU), y acceder procesos en curso, pero para ello se requiere estar acreditado en esa causa. En este sentido, puntualizan, se requiere tener el número identificador de la causa o RUC, presentar el patrocinio y luego acceder, y no a la inversa, como plantea el abogado.
Y, en este caso en particular, consideran que el profesional no tenía cómo saber de la denuncia, pues no se podríaMandatario en diligencia con la fiscalíaEl abogado Jonatan Valenzuela informó anoche que el Presidente de la República participó ayer de una “diligencia voluntaria” en el caso que indaga el fiscal regional de Magallanes. Fue una “entrega de antecedentes de correos electrónicos”, realizada en el domicilio del defensor, dijo Valenzuela. El Presidente Gabriel Boric no se ha referido directamente a la denuncia en su contra, y las vocerías han sido encabezadas por distintas autoridades de gobierno, principalmente por la ministra vocera, Camila Vallejo. N O T Avestigado, pero no de una vía normal, natural o regular. Quizás tenga algún resquicio informático por el cual acceder e ingresar a una causa y consultar sobre el RUT de una persona y así seguir avanzando. Pero eso sería una falla del sistema”. Pese a esto, añade que “el sistema no está estructurado para eso. Sería ilusorio, incluso haría que el propio sistema fracasara.
Y si existe el resquicio, hay que mejorarlo en el Ministerio Público, porque no es posible que una persona que esté siendo investigada se entere de que está siendo investigada (... ); imagínate lo que ocurriría si todas las personas pudieran conocer que están siendo imputadas, destruirían todas las pruebas, y las diligencias de entrada de registros de incautación de teléfonos serían ilusorias”. n Pruebas infructuosas para acceder a causas por RUT deO R E R R E U G A L O I R A MMiguel Schürmann es uno de los abogados que, según dijo, cuentan con mandato otorgado por el jefe de Estado. El otro es Jonatan Valenzuela. mó que el mandatario tiene calidad de imputado en la causa abierta tras la denuncia. identificar una causa a través del RUT de una persona.
Ahora, sin perjuicio de ello, advierten, se debe verificar la forma en que se dio acceso al profesional y, agregan, esa es la razón por la cual se abrió una causa penal por un eventual acceso indebido o ilegal a los antecedentes del caso que involucraal Presidente. Agregan, asimismo, que esa investigación no se centraliza solo en un eventual acceso vía SIAU ni en este abogado, sino que es una pesquisa más amplia. Schürmann aparece como una de las posibilidades.
Consultado por la forma en que el profesional dice que acce-dió al RUC de la denuncia, el exfiscal regional de OHiggins Emiliano Arias señaló que “si fue así, es una falla del sistema, no imputable al abogado, por cierto”. En el plano general, el expersecutor sostiene que “no se puede afirmar categóricamente que un imputado no pueda informarse acerca de si está siendo in-LO QUE SE SABE Y LAS DUDAS QUE PLANTEA EL CASO ABIERTO TRAS LA ACUSACIÓN DE LA EXCOMPAÑERA DE PRÁCTICA DEL MANDATARIOn LA DENUNCIA.
Fue el 6 de septiembre pasado cuando una excompañera de práctica profesional del Presidente Gabriel Boric, con quien compartió en la Corporación de Asistencia Judicial de Magallanes entre 2013 y 2014, denunció que el mandatario habría difundido imágenes privadas suyas. n QUÉ ACUSA.
Según la acción y el relato de la propia víctima en Mega, todo se habría originado tras el extravío de un pendrive que contenía imágenes íntimas cuando hacía la práctica, y que quien se sentaba a su lado en ese tiempo era Boric.
“Encontré las fotos en internet (a mediados de este año) y, por lo tanto, la persona que tuvo acceso fue él y de ahí parte todo”, dijo. ¿Si pudo ser otra persona? No lo descarta, pero vería mayor probabilidad en que fuera el jefe de Estado. n LA DIVULGACIÓN DE CORREOS.
Al díasiguiente que el abogado del presidente, Jonatan Valenzuela, mediante un comunicado informara públicamente de la denuncia, distintos medios publicaron el contenido de 25 correos electrónicos se desconoce si son todos que la denunciante habría enviado al mandatario hace una década. Estas comunicaciones fueron calificadas como un “acoso sistemático” por el defensor. n HACKEOS SE SUMAN AL RELATO.
Junto conla difusión de imágenes, la mujer relató ser víctima de diversos hackeos durante este año, y que por ello la denuncia es también “contra quienes resulten responsables”. n TIEMPO Y EL PROBLEMA DE LA PRES-CRIPCIÓN. Un elemento que complejiza el futuro de la acción penal es el tiempo transcurrido desde la ocurrencia de los hechos. Por lo anterior, las pesquisas se centran en determinar cuándo habría sido la difusión, pues podría tratarse de hechos prescritos. n PRONTUARIO DE DENUNCIANTE.
Otroelemento que ha adquirido notoriedad en el caso, particularmente por publicaciones en redes sociales, son las distintas causas judiciales que ha enfrentado la denunciante, quien ha estado involucrada en hechos vinculados a violencia intrafamiliar, como víctima y victimaria, además de encontrarse condenada por robo con intimidación, que cumple en libertad. Si bien son antecedentes que no invalidan su denuncia, dicen penalistas, reconocen que esos datos han planteado dudas en la opinión pública sobre el perfil de la mujer. n EL ABOGADO Y EXPAREJA. Jaime GarcíaBozzo, abogado cercano a la denunciante, afirmó que él no está patrocinando esa acción legal, sino que accedió a acompañarla cuando tomó contacto con la fiscalía de Magallanes. “No soy, fui, ni voy a ser abogado en esta causa.
Fui en otro contexto: a apoyarla y darle contención cuando fue entrevistada, y eso sería”, dijo el profesional, quien ejerce en Viña del Mar y sostuvo que la mujer fue hace cuatro años su pareja y que ella lo denunció por violencia intrafamiliar en un proceso que no perseveró. n AYUDA LEGAL CON CONDENA.
García afirmaque sí la patrocinó en otra causa, por la que ella fue condenada en un juicio abreviado, el 10 de noviembre, a tres años y un día, por robo con intimidación de un servicentro en Villa Alemana, cuyo video circula en redes sociales. Según él, ahí solo tramitó que pudiera cumplir las firmas en la Región de Coquimbo, donde la mujer reside actualmente. Ella, además, enfrentó otras causas, por “trato degradante a persona vulnerable” y amenazas a otra expareja, según los expedientes judiciales. n MILITANCIA.
El abogado admitió que milita en el Partido Republicano, pero descartó que su vínculo con el caso tenga motivaciones políticas. otros penalistasEn paralelo, otros penalistas señalan que incluso han realizado pruebas a partir de lo aseverado por Schürmann, ingresando RUT de personas con causas judiciales y/o denuncias, desde cuentas no asociadas a ellas, sin lograr obtener los resultados que sostiene el abogado.
Así, apuntan que el sistema SIAU está bloqueado para consultas por RUT, con el objeto de que no se puedan consultar por terceros las denuncias o investigaciones que lleva la fiscalía de manera generalizada; se requiere conocer el RUC.
Sobre esto, Rodrigo Lazo, abogado expersecutor de la Fiscalía Metropolitana Oriente, afirma que “el sistema efectivamente podría arrojar a la persona del denunciado si es que es ingresado correctamente; por tanto, creo que es posible, buscando con el RUT del Presidente, con la Clave Única del Presidente, a ver si es que se ingresó alguna denuncia en su contra”. En este sentido, indica que, “por tanto, si es que ellos están diciendo que fue así, habría que creerles porque se puede, y segundo, bueno, la Fiscalía de Punta Arenas abrió una carpeta por supuesta vulneración al secreto, para determinar si efectivamente eso fue así o no, por tanto, habrá que esperar”. n No es “información pública”Mientras que el abogado penalista Alejandro Espinoza sostiene que lo común es que las personas se enteren de una denuncia en su contra “cuando son citadas a prestar declaración como imputadas”. A su vez, explica que “es llamativo que la ministra Vallejo diga que se trata de información pública, porque la ley dispone lo contrario; los antecedentes de una investigación penal son secretos para terceros y no están disponibles en ningún sistema público, solo se puede acceder a ella a través del sistema de la fiscalía acreditando la calidad de interviniente (por ejemplo, víctima, imputado o abogado de una de las partes), con aprobación del fiscal a cargo del caso”. En tanto, la también exfiscal y otrora directora de la unidad de DD.HH. de la Fiscalía Nacional Ymay Ortiz sostiene que “las investigaciones penales son secretas para todos, menos para los intervinientes, salvo que el fiscal decrete el secreto de la investigación y en algunos delitos como lavado de activos u otros, que no es el caso.
Por lo tanto, si el Presidente, o quien sea, es denunciado por un delito, tiene derecho a conocer la denuncia; algunos incluso dicen que tendría derecho a, en la comisaría, ver un parte policial”. En cuanto a la modalidad empleada por Schürmann, Ortiz señala que “no es una falla ni un atajo. Estaría correcto. Probablemente, (yo) no lo conocía porque hace muy poco ejerzo de manera independiente.
Además, me parece muy bien que las personas puedan saber si tienen alguna causa en su contra, salvo que sea de aquellas secretas”. En el marco de la investigación contra el Presidente Gabriel Boric y ante una eventual formalización, que dependerá de la fiscalía, surge la duda respecto de si la máxima autoridad del país cuenta o no con fuero por la investidura de su cargo. Al respecto, el profesor de Derecho Administrativo de la U.
Católica de Valparaíso Eduardo Cordero apunta que “ni la Constitución ni el Código Procesal Penal establecen algún privilegio procesal en favor del Presidente de la República”. En esta línea, señala que “esto puede resultar curioso y hasta incoherente si se compara con el régimen de privilegios que tienen otras autoridades públicas, como sucede con los parlamentarios (que gozan de inviolabilidad respecto de los delitos de opinión y de fuero procesal) o los expresidentes de la República (beneficio económico y fuero)”. Por tal razón, Cordero sostiene que, “como cual-quier ciudadano, tienen el deber de comparecer ante los tribunales y pueden ser objeto de medidas cautelares.
La única excepción que establece la legislación procesal penal es que al momento de declarar como testigos, sus declaraciones pueden ser tomadas en su domicilio o en el lugar de trabajo”. La académica de Derecho Constitucional de la UDD Catalina Salem advierte, por su parte, que “la Constitución Política no establece a favor del Presidente de la República el fuero del que gozan los parlamentarios. Este último privilegio procesal solo lo adquieren los expresidentes de la República.
Probablemente, esta omisión normativa se debe a que existe una confianza implícita en la dignidad del cargo de Presidente de la República, esto es, de no verse expuesto a acusaciones antojadizas que le impidan ejercer su cargo”. Sobre si una eventual formalización podría dejar al Presidente expuesto al denominado “criterio Tohá”, la académica responde que “es un criterio político, no jurídico. En consecuencia, su cumplimiento es una cuestión de mérito político. No hay ninguna norma que le impida seguir ejerciendo el cargo de Presidente de la República.
Salvo que sea acusado en juicio político y sea destituido”. Al respecto, el exministro del Tribunal Constitucional (TC) Enrique Navarro afirma que “los presidentes de la República no tienen fuero, como sí lo tienen los expresidentes. De hecho, se han presentado diversas querellas contra presidentes en ejercicio, que han sido investigadas por el Ministerio Público.
Esto es un vacío constitucional, que debería regularse”. Esto, pues, señala que “debería existir un sistema de fuero tal como el de los parlamentarios”. Por su parte, el abogado y académico UC Eduardo Riquelme añade que el artículo 124 de la Constitución extiende el mismo fuero que legisladores yexpresidentes a los gobernadores regionales y a los delegados regionales y provinciales, “que son los sucesores de los exintendentes y gobernadores provinciales”. “Es difícil de entender el fundamento de esta inclusión, porque el delegado regional y el provincial pertenecen al Poder Ejecutivo y son personas de confianza del Presidente de la República, de tal manera que es extraño que un delegado del Presidente tenga una protección mayor que la que tiene el propio Presidente”, advierte.
Sobre la situación que se produciría de ser formalizado el Presidente, coincide con Salem respecto de que se trata de un criterio de “naturaleza política”. Por lo anterior, añade que “en un caso como el que se relata, creo que estaría seriamente cuestionado y no creo que pudiera tener una aplicación por parte del Gobierno”. Ante inexistencia de fuero, como el de los legisladores, el Presidente tiene el deber de comparecer ante tribunales: ¿ Podría quedar expuesto al criterio Tohá?. Mientras al interior del Ministerio Público dicen que no es factible hacer lo que el penalista describe, este detalló cómo habría dado con el proceso judicial que involucra al jefe de Estado, pese a ser una causa reservada y no haberle sido notificada. Desde el organismo de persecución penal han dicho que la investigación es amplia, por lo que iría más allá de las declaraciones del profesional. Entre abogados y exfiscales no hay una visión única. Miguel Schürmann afirmó que detectó la acción utilizando el RUT del mandatario: onatan Valenzuela.
El fiscal regional de Magallanes, Cristian Crisost El Presidente Gabriel Boric no se ha referido directamente a la denuncia en su contra, y las vocerías han sido encabezadas por distintas autoridades de gobierno, principalmente por la min