Crisis por ley de tarifas eléctricas
¡ bien el IPC anotó en junio una caída de 0,1%, el valor de la electricidad aumentó en un 7,2% como efecto de la entrada en vigencia —el mes pasado— del decreto que actualizó el Valor Agregado de Distribución (VAD); este instrumento es, junto con la generación y la transmisión, uno de los componentes de la tarifa eléctrica a los clientes.
El incremento de las cuentas de luz en junio ha escalado el conflicto entre el Gobierno y los parlamentarios, tanto de oposición como oficialistas, por el ciclo de alzas de la electricidad establecidas en la ley 21.667 de estabilización de las tarifas eléctricas, publicada en el Diario Oficial a fines de abril, que “sincera” la situación del sector eléctrico tras el congelamiento de precios que empezó a regira fines de 2019.
Di tintos legisladores y analistas han planteado que el reajuste que ya se produjo contradice el mensaje del ministro de Energía, Diego Pardow, quien había asegurado que los incrementos comenzarían en julio; en este sentido, se ha advertido que el decreto pasó casi inadvertido, aunque su elaboración por parte del regulador era pública.
Según el ministro, el VAD no fue parte de la discusión de la ley de estabilización, que se concentra en el componente de generación, que corresponde al 70% del valor “La debilidad política del Gobierno, su impericia, las fallas comunicacionales y la fragmentación de su alianza, han hecho más complejo encauzar una salida racional al problema”. De la boleta; el 20% representa el costo de distribución y el restante 10% al de transmisión.
Pardow ha explicado que las estimaciones del Ejecutivo en materia del subsidio a los grupos más vulnerables y el impacto de los aumentos de las tarifas consideran la modificación del VAD; el titular de Energía indicó, asimismo, que comunicó al Congreso la forma cómo se ajustaría cada uno delos elementos del precio final.
Ajuicio del académico de Ingeniería Eléctrica de la Usach Humberto Verdejo, la autoridad “debió ser un poco más explícita” y haber recordado a los consumidores que el cargo por distribución también estaba congelado y que, por tanto, había que revisarlo.
Debido al quiebre que enfrenta con su propia coalición y con la oposición (cuyos economistas y expertos cercanos, sin embargo, han avalado la normalización de los valores de la electricidad como una señal que transparenta el mercado de la energía), el Ejecutivo ha propuesto aumentar los subsidios a 4,7 millones de clientes (la ley de estabilización incluye recursos para 1 millón 500 mil hogares con un costo de US$ 120 millones) financiados con una subida temporal del gravamen a las emisiones de carbono, los ingresos por IVA asociados al alza de tarifas y un cargo adicional transitorio a grandes usuarios.
Aunque la crisis que ha desatado el sinceramiento de las tarifas no es por entero atribuible al actual Gobierno, la debilidad política de este, su impericia, las fallas comunicacionales, como en la reciente polémica por el reajuste en el valor la distri bución, y la fragmentación de su alianza, han hecho más complejo encauzar una salida racional al problema; en las últimas horas, por ejemplo, al ministro Pardow se le ha abierto un nuevo frente respecto del número de postulaciones al subsidio. Desde luego tampoco ha contribuido a la prudencia en el debate la actitud transversal del Congreso de desentenderse de una legislación que fue aprobada por holgadas mayorías en ambas cámaras hace poco tiempo. Al Ejecutivo le compete subsanar con responsabilidad los errores que han enturbiado una ley que tiene un importante respaldo económico y técnico.