Autor: Juan Luis Modolell González Profesor de la Facultad de Derecho de la U. Alberto Hurtado; exdecano de la Facultad de Derecho de la U. Católica Andrés Bello, Venezuela
El abracadabra de la amnistía venezolana
El abracadabra de la amnistía venezolana JUAN BARRETO / AFP La ¿. A4 bemr. 3ItO Fm SaLarios 1 II --, ---ip Libeat r 1 cLl I.. El abracadabra de la amnistía venezolana La amnistía anunciada por el gobierno de Caracas no apunta a un avance democrático. Sus normas hacen muy difícil la vuelta al escenario político de gran parte de los líderes políticos hoy en el exilio, entre ellos, María Corma Machado.
EL PASADO 19 DE FEBRERO FUE APROBADA EN VENEzuela VENEzuela la ley de amnistía para «la convivencia democrática», democrática», en el marco de una aparente apertura política en ese país, iniciada a raíz de la captura de Nicolás Maduro por el gobierno estadounidense. Lamentablemente, en este caso, todo parece indicar que tal medida está más cercana al ilusionismo que a una transición hacia la democracia. Una ley de amnistía penal conileva la impunidad de delitos cometidos, ya sea mediante la renuncia del Estado a su persecución o a través de la extinción de la pena a condenados. Se trata de una potestad del Estado encaminada a encauzar una posible solución pragmática pragmática de problemas, usualmente, de carácter políticos. En democracia, un acto de tal naturaleza se realiza por el parlamento a través de una ley, lo cual explica que se refiera a hechos y no a personas individualmente consideradas. La amnistía comparte las características de generalidad generalidad y abstracción propias de las leyes. Ahora bien, esta prerrogativa no supone la derogación de delitos, solo el «perdón» de hechos ya realizados que en teoría deberían ser castigados.
Es elocuente su definición, por parte de la RAE, como «perdón de cierto tipo de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores». En principio, lo lógico y deseable es que una ley de amnistía precise los delitos que perdona, así como el período de tiempo durante el cual tuvieron lugar. Sobre ello, el artículo 8 de la ley venezolana establece que la amnistía abarca los delitos o faltas cometidos durante Juan Luis Modoleli González Profesor de la Facultad de Derecho de la U. Alberto Hurtado; exdecano de la Facultad de Derecho de la U. Católica Andrés Bello, Venezuela una serie de sucesos que tensionaron la relación entre el gobierno venezolano y la oposición, aunque no menciona los hechos punibles supuestamente ejecutados.
Qué implica la ley La ley se refiere, en general, a delitosy faltas realizados en el contexto de hechos como el «golpe de estado del uy 12 de abril del año 2002» 0 «elparoy sabotaje empresarialypetrolero empresarialypetrolero de diciembre del año 2002 a febrero de 2003». También alude a manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos sucedidos «en mayo del año 2007» (protestas por el cierre de un importante medio de comunicación, Radio Caracas Televisión, y las ocurridas como reacción a una modificación constitucional propuesta por Hugo Chávez para permitir la reelección indefinida de cargos públicos); las acaecidas «entre julio y septiembre del año 2009) o ((con ocasión de las elecciones presidenciales de abril del año 2013 y la proclamación de sus resultados» (elección de Nicolás Maduro después de la muerte de Hugo Chávez); las realizadas ((entre febreroyjunio del año 2014» (protestas convocadas por Leopoldo López, María Corma Machado y Antonio Ledezma para desconocer el i. sobre los casos de amnistías en Latinoamérica y Europa durante períodos de transición, vid. Ambos-Malarino-Elsner (coords. ):Justicis de transición. Universit Universit t Góttingen.
KAs, Montevideo, 2009, passim.. El abracadabra de la amnistía venezolana gobierno de Maduro); los hechos «ocurridos entre marzo y agosto del año 2017» (manifestaciones nacionales contra los actos del Estado que limitaban las potestades de la Asamblea Nacional de mayoría opositora); los «relacionados «relacionados con las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos que tuvieron lugar en el marco de las elecciones presidenciales celebradas enjulio del año 2024» (desconocimiento del triunfo de Edmundo González). Añade el citado artículo 8 los hechos que tuvieron lugar «entre enero y abril del año 2019, salvo los constitutivos del delito de rebelión militar» (proclamación y reconocimiento reconocimiento internacional de Juan Guiadó como presidente de Venezuela); «las actuaciones de la Asamblea Nacional instalada para el período 2o16-2o21y el desconocimiento delas institucionesyautoridades públicas» (parlamento con mayoría opositora); «los (hechos) relacionados con la convocatoria y realización de los procesos internos para la selección de candidatos y candidatas presidenciales que tuvieron lugar en el año 2023» (elecciones primarias opositoras ganadas por María Corma Machado)y «los que tuvieron lugar en el marco de las elecciones regionales y para la Asamblea Nacional realizadas en el año 2025» (últimas elecciones venezolanas desconocidas por la mayoría de la oposición venezolana). Esta ley de amnistía califica los actos referidos como «golpe de estado», «sabotaje», «hechos violentos por motivos políticos», «rebelión», etc. Advierte, así, el Estado venezolano que las personas involucradas, condenadas o procesadas por esos hechos, actuaron de contra del orden legítimamente constituido, y, por tanto, su represión fue una respuesta justa y adecuada constitucionalmente. Según la ley, existe un bando antidemocrático (la oposición oposición venezolana) y un régimen legítimo que decreta la amnistía como acto magnánimo hacia los sublevados.
No es casual que una de las finalidades de la ley sea (prevenir que los hechos objeto de la amnistía o similares vuelvan a repetirse» (artículo 2). Además, avisa a los beneficiarios que, si incurren en delitos con posterioridad a su entrada en vigencia, serán procesados de conformidad con la legislación aplicable (artículo 16). Violaciones a los derechos humanos Sin embargo, son de conocimiento público las reiteradas violaciones de derechos humanos llevadas a cabo por el gobierno venezolano.
En efecto, la «Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela», de la ONU, afirmó en el 2020, entre otras cosas, que «las fuerzas de seguridad, incluidas la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Nacional Bolivarianay el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, sometieron a manifestantes a torturasy a tratos crueles, inhumanos o degradantes» (Informe 2020, párrafo 139). Igualmente, se afirma que la Misión «tiene motivos razonables para creer que la mayoría de las vulneraciones ylos delitos documentados... se cometieron en el marco de un ataque generalizadoy sistemático dirigido contra una población civil, con conocimiento del ataque... , se aplicó una política para silenciar, desalentary anular la oposición al Gobierno del Presidente Maduro, entre otras formas tomando como objetivo a personas que, por diversos medios, mostraban su desacuerdo con el Gobierno, oque eran percibidas como contrarias a este.
Además, sus parientesy amigos fueron blanco de agresiones por estar relacionados con ellos... » (Informe 2020, párrafo 160). En el año 2025, la citada Misión de la ONU expresó: «La investigación, que profundizó sobre hechos ocurridos en torno a los comicios de 2O24 otros posteriores, permite a la misión concluir que se cometieron graves violaciones de derechos humanos y delitos internacionales, internacionales, y que la política estatal de silenciar, desalentar y sofocar a la oposición al Gobierno sigue implementándose implementándose sistemáticamente.
Los diferentes acontecimientos de 2025 han mostrado nítidamente cómo esta política se mantiene y, adaptándose a las distintas circunstancias, combina distintos métodos de persecución y represión en función de los momentos La presidenta encargada, Delcy Rodríguezjunto al ministro Diosdado CabeUo (der. ), al anunciar la amnistía (19 de febrero).. El abracadabra de la amnistía venezolana y acontecimientos de mayor tensión política» (Informe aoa, párrafo 90). Sobre esta represión del gobierno venezolano, no hay una línea escrita en la ley de amnistía, salvo el artículo g que excluye de sus beneficiarios a los autores de «violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela». No obstante, la persecución y procesamiento de funcionarios públicos por la violencia gubernamental ha sido irrelevante, como lo expresa la solicitud de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para reanudar la investigación sobre la situación en Venezuela (ide noviembre de 2022, párrafos gsy siguientes). Ley amparada en una ambigüedad La falta de voluntad política del gobierno venezolano para guiar una transición hacia la democracia mediante la ley de amnistía se hace patente en el referido artículo 9, el cual excluye de ella a quienes hayan promovido, instigado, solicitado, invocado, favorecido, facilitado, financiado o participado «en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República República Bolivariana de Venezuela, por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras». Esta disposición tiene por objeto impedir la vuelta al escenario político de gran parte de los líderes políticos venezolanos que se encuentran en el exilio, entre ellos a la que cuenta con el mayor apoyo popular, María Corma Machado. Además, la ley se ampara en tal ambigüedad que el otorgamiento del beneficio dependerá de la discrecionalidad discrecionalidad del funcionario judicial de turno, cuestión preocupante en un país donde no existe separación de poderes. Ello se observa con claridad meridiana en el artículo artículo u, según el cual la amnistía procede solo a instancia de parte ante el juez, quien determinará si se cumplen los requisitos para acordarla. Desde el punto de vista sustantivo, un acto tan relevante, como el perdón general de presuntos hechos delictivos, presupone la legitimidad y auctoritas del ente que la acuerde.
Ello permite diferenciar entre la amnistía acordada por un gobierno democrático respetuoso del Estado de Derecho (amnistía como auténtico perdón y olvido), o con vocación de serlo, yla dictada por un régimen dictatorial que persigue asegurar la impunidad de sus funcionarios.
Como ejemplo de la primera puede citarse la ley española de amnistía del i de octubre de 1977, aprobada por el parlamento electo democráticamente después de la dictadura de Franco, cuya legitimidad es incuestionable, aunque puedan criticarse algunos de sus efectos. En cambio, la amnistía dictada por el gobierno de Augusto Pinochet, el i8 de abril de 1978, se adecúa a la segunda definición. Casos como este último han sido calificados de «autoamnistía» por la Corte Interamericana de Derechos Humanos2. del sistema electoral venezolano, que quedó al descubierto mediante la denuncia de fraude en las elecciones presidenciales de 2024.
Qué legitimidad tiene la Asamblea Nacional La actual Asamblea Nacional venezolana fue electa el año pasado con una participación del 42% del padrón electoral electoral según datos oficiales, cifra que se reduce a un 12% 0 13% según organizaciones y estudios independientes. En esos comicios resultó triunfante el oficialismo con un 82% de los votos. Sin embargo, habría que destacar la ilegitimidad del sistema electoral venezolano, que quedó al descubierto mediante la denuncia de fraude en las elecciones presidenciales de 2024.
Al respecto, afirmó el Centro Carter, invitado por el propio gobierno venezolano como observador internacional, lo siguiente: «El Centro Carter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral (cNE) de Venezuela. El hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales. El proceso electoral de Venezuela en 2024 no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional. Se desarrolló en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación.
A lo largo del proceso electoral, las autoridades del CNE mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas candidaturas de la oposición» (Atlanta, 30 de julio de 2024). Si bien es de celebrar la liberalización de presos políticos en Venezuela, la ley de amnistía aprobada en febrero pareciera el acto del prestidigitador de circo que pretende encandilar a los espectadores. Como expresara Tancredi en 11 Gattopardo: «Se vogliamo che tutto rimanga come, bisogna che tutto cambi». M75 2.
En dos de los casos emblemáticos donde la corte Interamericana de oerechos Humanos se pronunció en contra de las «autoamnistias», «Eareios Altos» y «Almonscid Arellano», ellas fueron deceetadas por regímenes dictatoriales, los de Fujimori y Pinochet..
