Caso "trama bielorrusa": abogado de Codelco acusa sobornos y pide prisión preventiva para Ángela Vivanco
Caso "trama bielorrusa": abogado de Codelco acusa sobornos y pide prisión preventiva para Ángela Vivanco En el 7º Juzgado de Garantía de Santiago se desarrolló este martes la segunda jornada de formalización de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, imputada por cohecho y lavado de activos en la denominada "trama bielorrusa", una causa que golpea directamente la confianza pública en el sistema judicial y que mantiene atención nacional por el alcance de los montos y los actores involucrados. Vivanco, quien pasó la noche en la cárcel de San Joaquín, compareció esta vez sin esposas y usando el chaleco amarillo que identifica a imputados en este tipo de audiencias. Tras el cierre de la fundamentación de la Fiscalía Regional de Los Lagos, que solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, la audiencia entró en una fase clave: la intervención de los querellantes. Luego de un receso, expuso el abogado Julián López, representante de Codelco, quien respaldó la petición del Ministerio Público y endureció el relato acusatorio.
En su presentación, López afirmó que Vivanco "alteró deliberadamente, con infracción de los deberes de su cargo", la tramitación regular de distintos recursos vinculados a un conflicto judicial entre el Consorcio Bielorruso Belaz Movitec (CBM) y la cuprífera estatal.
Según su exposición, la exjueza intervino además con su voto en resoluciones que condenaron a Codelco a pagar más de $17 mil millones, "a cambio de cuantiosas sumas de dinero" entregadas -de acuerdo con la tesis de la querellaen carácter de soborno.
El abogado de la estatal detalló que esos pagos habrían sido realizados por los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, de forma directa y también "a través de su pareja Gonzalo Migueles", para luego -siempre según la acusaciónser disimulados mediante la participación de un prisión preventiva para alguien que llegó a ser ministra del máximo tribunal no es una tarea "grata ni fácil", pero sí una obligación profesional y legal frente a la gravedad de lo imputado.
En la misma línea, el representante de Codelco aseguró que "los antecedentes dueño de casa de cambio, Harold Pizarro, y los son más que suficientes" para que se conservadores de bienes raíces Sergio Yáber acoja la prisión preventiva, insistiendo en que la resolución judicial que se adopte debe expresar la relevancia de reafirmar que todas las personas están sujetas a la ley y que el Estado de Derecho se mantiene vigente, incluso -dijoen un momento donde esa institucionalidad parece tensionada en distintas partes del mundo. y Yamil Najle.
Con esa descripción, la querella buscó conectar el eventual soborno con un mecanismo de ocultamiento del origen del dinero, uno de los elementos centrales del cargo de lavado de activos que se discute en esta formalización.
López calificó como "un deber" el seguir adelante con este caso y sostuvo que los anteceEl caso, de alto impacto público, se enmarca en una investigación que apunta dentes expuestos son especialmente sólidos. "Los antecedentes que fundamentan la imputación y por supuesto la solicitud de medidas a presuntos pagos a Vivanco -canalizacautelares son de una contundencia. .. pocas vistas en casos de delitos de soborno, cohecho dos, según la fiscalía, a través de su entornopara favorecer a CBM en un liy lavado de activos", dijo, agregando que pedir tigio millonario que terminó afectando el patrimonio de Codelco.
En su cobertura, medios han consignado que el tribunal deberá resolver la solicitud de prisión preventiva este viernes, instancia que podría marcar un hito por el perfil institucional de la imputada y por el debate que el caso abre sobre probidad y control en el Poder Judicial.
A la espera de esa decisión, la audiencia sigue siendo observada como un termómetro de la respuesta del sistema judicial ante imputaciones que combinan soborno, presunta intervención en decisiones jurisdiccionales y mecanismos de ocultamiento de fondos.
Más allá del desenlace cautelar, el proceso ya instaló una señal política y judicial: la discusión sobre responsabilidades, estándares de integridad y control institucional no quedará circunscrita a tribunales, sino que se proyecta inevitablemente al debate público..