Autor: O. R. y A. CH.

Diputada Cariola recurre a la CIDH y acusa vulneración de sus derechos y los de su hijo, tras allanamiento que califica de “desproporcionado”
Diputada Cariola recurre a la CIDH y acusa vulneración de sus derechos y los de su hijo, tras allanamiento que califica de “desproporcionado” Con cuestionamientos a la oportunidad en que se concretaron las diligencias de la investigación en su contra por eventual un tráfico de influencias, la diputada Karol Cariola (PC) recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que esta pida informe a Chile sobre las medidas que adoptará en este caso y, responda o no, se realicen recomendaciones para que se ordenen acciones en favor de sus derechos humanos, además de que se den garantías de no repetición, entre otras solicitudes de similar naturaleza. La razón: entre estas diligencias se incluyó la incautación de su teléfono el mismo día en que nacía su primer hijo, el 3 de marzo pasado.
Así, en la presentación patrocinada por el abogado Juan Carlos Manríquez, se denuncia la ejecución por parte de detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) dirigidos por la Fiscalía Regional de Coquimbode “un allanamiento no solo desproporcionado, innecesario y nada de urgente, sino sobre todo vejatorio en el mismo establecimiento médico” donde había nacido el hijo de la legisladora y del diputado Tomás de Rementería.
Para la defensa los funcionarios efectuaron ese día “una arremetida intempestiva, contraria a toda prudencia y respeto mínimo por los derechos humanos” en la ma“Era una mujer pariendo a su primer hijo, en situación de especial vulnerabilidad, y en los hechos ha quedado de manifiesto que los agentes públicos policiales y la orden de la fiscalía, de cumplirse con un allanamiento en el hospital del parto, la misma mañana del nacimiento de (... ), hicieron todo lo contrario a lo que dice su ley orgánica y su código de ética”. EXTRACTO DE LA SOLICITUD DE LA DEFENSA DE CARIOLA ALA CIDH ternidad del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, cumpliendo, en su opinión, “con un mandato judicial fechado casi una semana antes y que había sido arrancado con información errónea, incompleta e inexacta a la juez Sra. Carla Capello, del 7º Tribunal de Garantía de Santiago”, agrega el documento.
Y, en ese sentido, plantea, además, una “falta de observancia de perspectiva de género y de cuidado con grupos vulnerables, como las mujeres parturientas”. n Una situación de “especial vulnerabilidad” Junto con la diligencia realizada en el centro asistencial, también se allanó la casa de Cariola y Rementaría, un departamento en calle Suecia, en la comuna de Providencia, donde se buscaron igualmente dispositivos electrónicos, como el computador portátil de la congresista.
“Cuando se dice que (los policías) deben dar un trato igualitario y sin distingos, en el caso concreto, al margen que Karol Cariola fuera a esa época la tercera autoridad del país, era una mujer pariendo a su primer hijo, en situación de especial vulnerabilidad, y en los hechos ha quedado de manifiesto que los agentes públicos policiales y la orden de la fiscalía, de cumplirse con un allanamiento en el hospital del parto, la misma mañana del nacimiento de (... ), hicieron todo lo contrario a lo que dice su ley orgánica y su código de ética, y además, contrariaron normas legales internas expresas”, sostiene la presentación a la misma CIDH.
De esta manera, el escrito advierte que “todo indica que debe reforzarse la educación en materia de DDHH en la Fiscalía y en la formación policial en materia de derechos fundamentales para evitar la regresión y decidirse que la PDI otorgue garantías de no repetición, para no dejar al Estado de Chile como infractor de sus obligaciones internacionales”. n Cruce de empresarios y temas “mezclados” Respecto de la “información errónea” que, a juicio de la defensa de Cariola, la fiscalía entregó al tribunal para que se autorizara el allanamiento, señala el texto que la solicitud tuvo como “insumo esencial” el informe 487 de la PDI respecto de la investigación de Sierra Bella, que da cuenta de sus conversaciones con la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler, señalando que este “contiene tres faltas gravísimas y está dotado de una confusión de tiempo, diálogos, personas y temas tan mezclados y cortados, editados a un antojo inexplicable desde los estándares de una investigación policial científica y profesional moderna”. Según ese informe Cariola pidió a la entonces alcaldesa una renovación de patente de alcohol para el empresario chino Bo Yang, “callando que desde el 04 de febrero de 2022 (¡ 3 años atrás! ) el Concejo Municipal en Pleno de la Municipalidad de Santiago había caducado esa patente”, con el voto de Hassler, consigna la presentación ante la CIDH. Junto con esto, se apunta que el reporte “da a entender que por haber apoyado en una campaña previa a la Sra. Cariola se había hecho tal petición, cuando la PDI sabía que el Sr. Yang nunca benefició campaña alguna de la Sra.
Cariola”. Y que, además, consignaba que “esa misma persona había hecho aporte a la Municipalidad de Santiago, sin detallar cuáles, cuándo y a quién, sabiendo ya que se trataba de una cuestió n completamente inconexa con la Sra.
Cariola, y que se refería a una empresa de publicidad de otra tercera persona distinta a aquellas”. n Fiscal Cooper: “Se hizo con la prudencia necesaria” Dado que la indagatoria contra la diputada Cariola derivó del caso Sierra Bella, las pesquisas son dirigidas por el fiscal regional de Coquimbo Patricio Cooper, quien solo días después de la incautación defendió la diligencia en medio de críticas de autoridades de Gobierno y políticos por el momento en que se produjo, cuando ella daba a luz a su primer hijo.
En esa ocasión, el persecutor calificó como exitosa la diligencia del lunes 3 de marzo, “porque incauté el celular y el notebook de la diputada e incauté dos celulares y un notebook al otro sujeto (Jorge Juanito González Cárcamo), y tomé los resguardos del caso.
Fueron pocos funcionarios a su departamento, mayoritariamente mujeres, se hizo con la prudencia necesaria, tomando en cuenta el cargo que ella tiene y el estado en que estaba”. Y agregó la diligencia estaba encargada con anterioridad al día en que la diputada dio a luz, y que no tenían “cómo saber” que aquello ocurriría, el persecutor sostuvo que ese lunes 3 de marzo terminaba la reserva del informe 487 de la PDI sobre el caso y que “la exalcaldesa (Irací Hassler) y su defensa iban a saber que habíamos recuperado los chats, porque todas esas conversaciones fueron borradas por la exalcaldesa, y dada la naturaleza de los chats numerosos que hay, sabía que eran muy amigas, y lo que iba a ocurrir es que sabiendo la exalcaldesa que habíamos recuperado estos chats comprometedores, lo más probable es que avisara a la diputada y a otras personas que teníamos sus chats y, por lo tanto, se podía perder la evidencia (... ), era totalmente un riesgo”. Plantea, entre otras cosas, “falta de observancia de perspectiva de género”:. Además, cuestiona que el “insumo esencial” de la fiscalía para realizar la diligencia, un informe policial, contiene “confusión de tiempos, diálogos” y personas. La fiscalía ha defendido la incautación planteando que existía riesgo de pérdida de evidencia. Plantea, entre otras cosas, “falta de observancia de perspectiva de género”: Karol Cariola, diputada.