"Escuelas Protegidas" avanza al Senado entre urgencia por violencia escolar y críticas por enfoque sancionatorio
"Escuelas Protegidas" avanza al Senado entre urgencia por violencia escolar y críticas por enfoque sancionatorio La iniciativa "Escuelas Protegidas", impulsada por el Gobierno en medio de los últimos episodios de violencia escolar registrados en el país, avanzó al Senado y se mantiene en el centro del debate político y educacional por el alcance de sus medidas, el tono de urgencia con que fue presentada y las críticas que ha generado su enfoque sancionatorio.
El proyecto, que ya fue despachado por la Cámara de Diputadas y Diputados, busca entregar mayores atribuciones a los establecimientos educacionales para enfrentar hechos de violencia, fortalecer la autoridad de las comunidades escolares y establecer sanciones más duras para estudiantes involucrados en conductas graves. Entre los puntos que más debate ha provocado se encuentra la eventual inhabilitación de beneficios asociados a la gratuidad para alumnos que cometan actos violentos. La ministra de Educación, María Paz Arzola, ha defendido la propuesta como una respuesta necesaria frente a una realidad que golpea a los colegios y liceos del país.
En esa línea, la secretaria de Estado se mostró disponible a abrir espacios de conversación en el Senado para alcanzar una mayoría que permita aprobar la iniciativa, aunque desde distintos sectores ya se anticipa una discusión compleja. El avance del proyecto ocurre en un escenario marcado por la preocupación de comunidades educativas, apoderados y docentes ante hechos de violencia que han tensionado la convivencia escolar. Para el Gobierno, la señal legislativa apunta a entregar herramientas concretas para que los establecimientos puedan actuar con mayor rapidez frente a episodios graves y no quedar limitados solo a protocolos administrativos. Sin embargo, la propuesta también abrió un flanco de críticas.
Desde la oposición y desde sectores vinculados a la administración anterior se ha advertido que el proyecto no sería suficiente si no se acompaña de una mirada integral sobre convivencia escolar, salud mental, acompañamiento psicosocial y resolución colaborativa de conflictos. El exministro de Educación Nicolás Cataldo planteó que la respuesta del Gobierno no basta por sí sola e insistió en la necesidad de implementar plenamente la Ley de Convivencia Escolar. A su juicio, allí existe una mirada más amplia, basada en acompañamiento, bienestar socioemocional y mecanismos colaborativos para abordar los conflictos dentro de las comunidades educativas. Desde el oficialismo, en tanto, el diputado de Evópoli Jorge Guzmán valoró el avance de la iniciativa y expresó su expectativa de que el debate en la Cámara Alta permita fortalecer el texto.
Según planteó, el Senado deberá revisar aquellos aspectos que puedan generar dudas o requerir mejoras, pero sin perder de vista la urgencia de contar con una ley que responda a la crisis de violencia en los establecimientos. La oposición, por su parte, ha cuestionado la forma en que el Ejecutivo busca construir acuerdos.
La diputada Marisela Santibáñez, de la bancada del Partido Comunista, sostuvo que la disposición al diálogo podría responder más bien a una estrategia para reunir votos, acusando que no se habrían recogido suficientemente las preocupaciones sobre derechos, recursos e implementación. Uno de los puntos sensibles de la discusión será precisamente cómo equilibrar la necesidad de entregar seguridad a las comunidades escolares con el resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes. También será clave definir si las medidas tendrán financiamiento suficiente, equipos de apoyo, criterios claros de aplicación y protocolos que eviten decisiones arbitrarias o desiguales entre establecimientos. La discusión en el Senado se anticipa intensa. El Gobierno apuesta por abrir espacios de diálogo para destrabar diferencias, mientras la oposición busca incorporar mayores garantías y una mirada más preventiva.
En paralelo, las comunidades educativas esperan respuestas frente a una crisis que no solo se expresa en hechos graves, sino también en un deterioro cotidiano de la convivencia al interior de los colegios. "Escuelas Protegidas" llega así a la Cámara Alta como una de las primeras pruebas legislativas relevantes para el Ministerio de Educación en materia de seguridad escolar.
Su futuro dependerá de la capacidad del Ejecutivo para construir acuerdos, pero también de responder una pregunta de fondo: si Chile enfrentará la violencia en las escuelas solo con sanciones más duras o con una política integral que combine autoridad, prevención, apoyo socioemocional y recursos reales para los establecimientos.. El Gobierno busca destrabar apoyos en la Cámara Alta para aprobar una iniciativa que endurece medidas frente a hechos de violencia en establecimientos educacionales, mientras la oposición advierte dudas sobre derechos, recursos e implementación.