Autor: Luciano Cruz Cok

Advierten que inciso sobre intervenciones telefónicas geográficas discrimina entre regiones
Pablo Urquízar Ex coordinador de seguridad de la macrozona sur. e, senador de EvóEvópoli argumenta por qué se abstuvo en votación de Ley Antiterrorista: “Podría tener problemas de constitucionalidad porque se discrimina entre regiones”, dijo el senador Cruz Coke. Asimismo, presencia de ese inciso sobre ley de drogas y crimen organizado genera dudas de si norma se podrá aplicar en la Macrozonasur.
Advierten que inciso sobre intervenciones telefónicas geográficas discrimina entre regiones JUAN PABLO GUZMÁNSin aprobación quedó el pasado martes el artículo de la Ley Antiterrorista que permite la intervención telefónica a través de un mecanismo llamado IMSI catcher en el Senado, motivo por el cual dicha iniciativa deberá ser resuelta en una comisión mixta. No obstante, uno de los elementos que llamaron la atención de dicha discusión es que a los votos alineados del oficialismo contra la propuesta, se sumaron un rechazo (de M. Walker, de Demócratas) y dos abstenciones desde las filas de Chile Vamos, de los senadores de Evópoli, quienes se descolgaron de los parlamentarios de la UDI y RN en la materia.
Esto causó sorpresa, pues la idea de intervenir los teléfonos ha sido rechazada desde el Partido Comunista y el Frente Amplio, quienes acusan que esta es una herramienta que tiene “problemas de constitucionalidad”, según dijo la senadora comunista Claudia Pascual, y se ha argumentado que podría “atentar contra la movilización social” o derivar en “espionaje político”. Pese a ello, entre los senadores del partido de centroderecha descartan estar en esa misma postura y afirman que sí apoyan la inclusión del IMSI catcher dentro de la nueva legislación. ¿Por qué se abstuvieron entonces? Según explican, tiene que ver con las aprensiones que les generó una indicación aprobada en la Cámara de Diputados sobre su aplicación, que creen puede ser inconstitucional, por lo que quieren evitar un desenlace en el Tribunal Constitucional (TC). En concreto, la mayor duda de los Evópoli es el inciso que se incluyó en el artículo 19, que establece: “Asimismo, el Ministerio Público podrá hacer uso de las facultades establecidas en este artículo, cuando se trate de delitos de la ley N 20.000 (Ley de Drogas) y de la ley N 21.577 (Ley contra el Crimen Organizado) en las regiones de Arica y Parinacota; Tarapacá; Antofagasta; Atacama, y Coquimbo, previa resolución del fiscal nacional que así lo disponga”. A juicio del senador Luciano Cruz-Coke, “esto podría tener problemas de constitucionali-Evópoli argumenta por qué se abstuvo en votación de Ley Antiterrorista:SEROLFROTCÉHEse inciso final que agregó la Cámara respecto al IMSI catcher, herramienta con la que estoytotalmente de acuerdo, tiene grandes posibilidades de terminar en el TC si no se modifica”. Es un error dejar fuera a lamacrozona sur, toda vez que al terrorismo presente se añaden también los flagelos del narcotráfico y del crimen organizado”.......................................................................................................................................... LUCIANO CRUZ COKESENADOR EVÓPOLI......................................................................................................................................... PABLO URQUÍZAREX COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA MACROZONA SURdad porque se discrimina entre regiones.
Ese inciso final que agregó la Cámara de Diputados respecto al IMSI catcher, herramienta con la que estoy totalmente de acuerdo, tiene grandes posibilidades de terminar en el Tribunal Constitucional si es que no se modifica. Hay incluso jurisprudencia previa”. Es por ello que, explica, decidieron no apoyar el artículo para evitar que “una herramienta muy relevante” termine en dis-cusión en el TC. “No es en ningún caso un rechazo al IMSI catcher, que me parece que puede ser una herramienta tremendamente efectiva”, acota.
Desde el equipo de asesores de Felipe Kast transmiten la misma versión respecto al porqué de dicha votación y agregan que hay otro cambio en dicho artículo que “les generó ruido”, el cual esperan que pueda ser discutido en la instancia, referido a la eliminación de la información queno sea parte de la investigación.
En el proyecto original despachado del Senado se establece que para utilizar la herramienta “la autorización se concederá por quince días, indicará el plazo para que el Ministerio Público elimine o anonimice de todo registro la información que no sea parte de la investigación, la manera de acreditar la eliminación o anonimización, y podrá renovarse por el juez de garantía a petición fundada del fiscal”. Sin embargo, en la versión de la Cámara respecto de que los registros que no sean útiles para la investigación en curso deben ser eliminados, “salvo que aquellos guarden estricta y directa relación con otra investigación que lleve a cabo el Ministerio Público y siempre que esta tenga asignada una pena de crimen”, lo cual generó dudas entre los militantes de Evópoli por el uso de la información que se pueda obtener a través del IMSI catcher.
Expertos coincidenLa visión de los senadores de Evópoli es compartida por el jefe de Estudios de Seguridad y Defensa de Athenalab, John Griffiths, quien además de considerar que el inciso agregado al artículo puede ser inconstitucional, cree que sería poco efectivo para el combate de los delitos que allí se plantean. “De partida, puede tener un ribete inconstitucional porque es una norma jurídica que opera sobre los ciudadanos de un Estado. Chile no tiene un sistema federal, sino uno unitario, por lo que si hay una norma de control e intervención telefónica, debe ser para todo el territorio nacional”, advierte. Agrega que, por otro lado, fenómenos como el terrorismo y el crimen organizado no funcionan solo en determinadas regiones, sino a nivel nacional. “¿Por qué vamos a tener una norma solo para determinadas regiones, cuando el fenómeno que estoy tratando de investigar cubre todo el territorio nacional”, cuestiona.
Misma versión sostiene el abogado Pablo Urquízar, ex coordinador de seguridad de la macrozona sur, quien estima que “permitir la facultad solo respecto de determinadas regiones excluyendo a otras podría constituir una discriminación arbitraria”. “Es un error dejar fuera a la macrozona sur, toda vez que al terrorismo presente se añaden también los flagelos del narcotráfico y del crimen organizado. En tal sentido, dicha medida también es necesaria desde la persecución penal”, enfatiza..