Editorial: Fomento forestal
Editorial: Fomento forestal El sector forestal, que representa el 21% del PIB regional y más del 60% de nuestras exportaciones, atraviesa una crisis que amenaza no solo a las grandes compañías, sino a miles de familias que dependen directa o indirectamente de esta actividad.
La vigésima edición del Trawü Forestal, realizada la semana pasada en el vivero central de Agromen, en Portezuelo, fue mucho más que una jornada de reflexión; fue un llamado urgente a actuar con responsabilidad, visión territorial y compromiso político. Las cifras son preocupantes. En la última década, el sector forestal ha perdido 48 mil empleos en el país. La inversión ha caído dramáticamente -de crecer al 9% en los años 2000 a un magro 0,6% anualy la productividad permanece estancada hace veinte años. Según el Banco Central, el crecimiento tendencial proyectado para el periodo 2024-2035 será de apenas un 1,8%. En otras palabras, si no se hace algo hoy, el declive será irreversible. Ñuble no es un observador pasivo de esta realidad. La región es una de las más golpeadas por el desempleo en Chile, especialmente en comunas rurales donde las pymes madereras cumplen un rol esencial en la economía local. Hoy, muchas de ellas ven en la escasez de materia prima una amenaza directa a su sobrevivencia. Esas “luces y sombras” de la actividad forestal -como propuso con acierto el lema del Trawüson reales y requieren una lectura alejada del blanco y negro ideológico que tantas veces ha paralizado las decisiones. Parte del problema está en la ausencia de un marco legal actualizado.
El Decreto Ley 701, que rigió desde 1974 y fue prorrogado hasta 2018, permitió aumentar la superficie plantada, pero también generó efectos nocivos sobre el medioambiente y profundizó la concentración de los beneficios en grandes grupos económicos: dos empresas -CMPC y Araucocaptaron el 23% de los US$ 875 millones que el Estado destinó a ese programa. Ese modelo, que favoreció la expansión de monocultivos, sin considerar impactos ecosistémicos, dejó heridas difíciles de cerrar. Pero también sería un error desechar completamente la política de fomento forestal por su pasado, cuando lo que urge es reformularla con una visión de futuro. El presidente de Corma, Rodrigo ORyan, lo dijo sin eufemismos: el sector ha perdido legitimidad social. No basta con pedir comprensión: es hora de cambiar prácticas, reconocer errores y apostar por una silvicultura moderna, sustentable y equitativa. En esa misma línea, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, anunció que la futura ley de fomento forestal incorporará criterios ecosistémicos, priorizará la vegetación endógena y enfocará los beneficios en pequeños y medianos productores. El compromiso es valioso, pero debe traducirse en hechos: aún no se presenta el proyecto en el Congreso, y las señales políticas han sido ambiguas. El sector forestal no necesita panfletos ni demonización; tampoco requiere privilegios sin control. Lo que urge es una política pública sólida, con base técnica, construida desde el territorio y capaz de equilibrar producción y conservación.
Se trata de impulsar la forestación responsable como herramienta para combatir el cambio climático, pero también como motor de desarrollo rural y fuente de empleos.. El sector forestal no necesita panfletos ni demonización; tampoco requiere privilegios sin control. Lo que urge es una política pública sólida, con base técnica, construida desde el territorio y capaz de equilibrar producción y conservación. Se trata de impulsar la forestación responsable como herramienta para combatir el cambio climático, pero también como motor de desarrollo rural, fuente de empleo e incentivo a la innovación. EDITORIAL