Energía como derecho
E Enel siglo XXI, elacceso a la energía debería ser tan incuestionable como el acceso al agua potable o ala educación. Sin embargo, seguimos tratándola como un servicio, sinreconocerla plenamente como un derecho humano esencial para una vida digna y un pilar de la justicia social. Esta visión perpetúa la desigualdad y debilita una transición energética justa. Considerar la energía sólo como un bien transable ignora a millones de personas que viven en pobreza energética, sin electricidad confiable para iluminar sus hogares, calefaccionar o conservar alimentos. Esto afecta la salud, la educación y las oportunidades económicas. En América Latina y el Caribe (ALO), la situación es especialmente crítica: aproximadamente 17 millones de personas carecen aún de electricidad, concentrándose la mayoría en zonas rurales y comunidadesindigenas. La situación es paradójica. Aunque la energía es clave para derechos como lasalud, la vivienda y el trabajo, noestá explícitamente reconocida como un derecho humano. Esta laguna permite que las políticas energéticas muchas veces dejen atrás a los más vulnerables. Para millones de personas, el accesoala electricidad representa la diferencia entre la pobreza y la posibilidad de desarrollo. Es un habilitador de otros derechos fundamentales: permite el estudio en horario nocturno, la conservación de medicamentos, el acceso a información vital y la conexión con el mundo. Sin este derecho garantizado, las brechas sociales y económicas se profundizan, impidiendo el pleno desarrollo de las capacidades individuales y colectivas. La incorporación de energías renovables a la matriz energética es un pilar fundamental para el progresosocial. Tiene el potencial de mejorar la calidad de vida de comunidades diversas, incluyendo aquellas históricamente marginadas. Al democratizar el acceso a fuentes de energía limpia, se fomenta la reducción de costos energéticos, lo quese debiera traducir en un alivio económico para los hogares de menores ingresos y las pequeñas empresas. Es hora de un cambio de paradigma. Se debe reconocer la energía como un derecho humano, crear marcos implementar ticas accesibles e invertir en infraestructuras que lleguen a todos. Garantizar el acceso universal a la energía es una cuestión de justicia social. Laura Garzón Ortiz