Reforma a la Contraloría: control sí, sanción con límites
Reforma a la Contraloría: control sí, sanción con límites Rodrigo Espinoza Troncoso Universidad Diego Portales Universidad Diego Portales Reforma a la Contraloría: control sí, sanción con límites l caso de las licencias médicas ha evidenciado la fragilidad de los controles internos en la administración pública. En este contexto, la iniciativa de la Contraloría General de la República (CGR) de cruzar bases de datos de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) ha sido bien valorada. Esta medida, junto a los 25 mil casos detectados, abrió el debate sobre la necesidad de reformar y fortalecer tanto las atribuciones fiscalizadoras como sancionatorias del organismo.
La Contraloría ha solicitado al Congreso avanzar en propuestas que permitan abrir investigaciones cuando existan indicios como viajes al extranjero durante licencias médicas, emisión de boletas en ese período o realización de actividades incompatibles con el reposo. Asimismo, se ha planteado que la CGR pueda acceder a información clave de organismos públicos, incluyendo movimientos bancarios, con el objetivo de robustecer los procesos de auditoría.
En los casos que involucren a autoridades electas, se ha propuesto habilitar la posibilidad de presentar antecedentes ante los tribunales electorales regionales (TER). En el ámbito sancionatorio, se sugiere que la renuncia de un funcionario no extinga su responsabilidad administrativa, permitiendo que los sumarios continúen incluso tras dejar el cargo. De forma complementaria, también se ha propuesto que la CGR pueda aplicar sanciones automáticas una vez concluido el proceso disciplinario, evitando demoras derivadas de reclamaciones posteriores. Esta serie de propuestas abre la posibilidad de reflexionar sobre el rediseño del rol de la Contraloría. Si bien resulta pertinente considerar una ampliación de su capacidad fiscalizadora, también es importante resguardar que cualquier fortalecimiento de sus facultades sancionatorias se acompañe de mecanismos adecuados de equilibrio y control. En materia de fiscalización, las propuestas permiten avanzar en transparencia y prevención. El acceso directo a datos y la detección temprana de irregularidades contribuyen de manera significativa al combate contra la corrupción y al uso eficiente de los recursos públicos. Además, disminuyen la dependencia de otras entidades, lo que puede agilizar auditorías y controles. No obstante, al abordar el debate sobre las facultades sancionatorias, conviene matizar. La Contraloría es, por diseño, un órgano fiscalizador no concebido originalmente como una instancia sancionadora directa.
En este sentido, permitir la continuidad de procedimientos sancionatorios tras la renuncia de un funcionario complejiza su participación en el proceso, al encontrarse fuera del servicio público, especialmente si no se establece un plazo razonable desde su salida. En el plano de las sanciones automáticas, de no contemplarse ciertas prevenciones, podría producirse un solapamiento de atribuciones con el Poder Judicial. En síntesis, la Contraloría requiere mayores herramientas para fortalecer su rol fiscalizador. Sin embargo, avanzar hacia un perfil con amplias potestades sancionatorias podría tensionar el equilibrio entre órganos del Estado.
El desafío está en seguir perfeccionando los mecanismos de control al interior de las reparticiones públicas, con especial énfasis en el rol de las jefaturas de servicio y en la figura de los sumarios, lo que permitiría una reforma que fortalezca al sistema sin desdibujar los equilibrios institucionales existentes. Director Escuela de Administración Pública Director Escuela de Administración Pública. - - - -