Debate sobre el aborto
Debate sobre el aborto A unque era parte del programa de gobierno, igualmente causó sorpresa que, en su cuenta pública del pasado 1 de junio, el Presidente anunciara la decisión de presentar un proyecto de ley de aborto sin causales.
El tema, que estuvo presente en el fracasado proyecto constitucional de la Convención, parecía haberse archivado con la reconfiguración de prioridades a que se vio obligado el Ejecutivo luego de la derrota del 4 de septiembre de 2022. Sin embargo, ha sido retomado y, bajo el liderazgo de la ministra de la Mujer, ha vuelto a la agenda pública. La ministra ha fundamentado la decisión en el respaldo ciudadano que concitaría la idea.
Algo distinto dicen, empero, los estudios de opinión: según la encuesta Bicentenario UC 2024, solo el 26% de la ciudadanía apoya el aborto libre, en tanto que el 52% lo hace "bajo algunas circunstancias", en consonancia con la ley de tres causales actualmente vigente.
Es por eso que, más que responder a una demanda ciudadana, la insistencia pareciera constituir una forma de atender a las bases frenteamplistas, frustradas al constatar la inviabilidad política de la agenda refundacional con que el actual gobierno llegó al poder.
Tal vez esto último pueda explicar también la dura reacción de la ministra luego de que el arzobispo de Santiago destacara positivamente la postergación del proyecto, que originalmente debía haberse presentado durante 2024. "Las decisiones no se toman pensando en los deseos de los príncipes de la Iglesia", fue la sarcástica respuesta de Orellana, en una reacción que incomodó a una parte del propio oficialismo.
Y es que, tratándose de un tema sensible, que involucra derechos y principios fundamentales, el debate demanda un mínimo marco de respeto y tolerancia, donde no debieran tener cabida las descalificaciones ni los intentos por polarizar artificialmente a la sociedad.
Esa misma tentación por abordar de modo simplista un asunto de alta complejidad arriesga teñir la discusión a propósito de las modificaciones que el Ejecutivo --como paso previo a la presentación de su proyecto de aborto libre hasta la semana 14-quiere introducir al reglamento de la ley de aborto en tres causales --riesgo materno, inviabilidad fetal y violación--, que revisa la Contraloría. Dos aspectos están siendo aquí materia de discusión: la garantía de acceso al aborto y la objeción de conciencia. Para el Ejecutivo, sus modificaciones apuntan a asegurar ese acceso en todos los establecimientos de salud.
Para tal efecto, se propone contar con suficiente personal no objetor en cada hospital, estableciendo la obligatoriedad para los funcionarios del área gineco-obstetra de dejar por escrito su objeción, de manera de elaborar un registro, y disponiendo que, al momento de la contratación, los establecimientos públicos deberán considerar como un factor positivo el que una persona no manifieste objeción de conciencia.
Esto ha despertado cuestionamientos de constitucionalidad y legalidad, en cuanto, sostienen los críticos, supone una potencial discriminación hacia los objetores, arriesgando además privar al sector público de profesionales capacitados solo en razón de su rechazo a este procedimiento. Otros reparos apuntan a que no se les reconocería el derecho a la objeción a todos quienes participan de un pabellón. Ello ha motivado presentaciones de la Conferencia Episcopal y de parlamentarios, a quienes la ministra ha responsabilizado por la demora en la aprobación del reglamento. La libertad de conciencia es, sin embargo, un derecho humano fundamental y pilar de una sociedad libre. Por eso, cualquier normativa que pueda comprometerla debe ser debatida en profundidad, más allá de las urgencias políticas de un gobierno.
El cuidado por no transgredir el espacio más esencial de una persona, como es aquel que alberga sus creencias, principios y visiones de vida, ha de ser una preocupación fundamental, en una discusión que demanda reconocer la legitimidad de las distintas posiciones, expresiones de una sociedad que abraza el pluralismo como una riqueza y no como un problema. No debieran tener cabida en esta discusión las descalificaciones ni los intentos por polarizar artificialmente a la sociedad..