EDITORIAL: Más y no menos discusión fiscal
EDITORIAL: Más y no menos discusión fiscal L a importancia de políticas monetarias y fiscales sanas para la estabilidad y prosperidad de los países resulta indesmentible. En el primer ámbito, Chile ha construido una institucionalidad robusta, al amparo de un Banco Central autónomo. La naturaleza de la política fiscal hace imposible replicar allí un organismo similar, pero no inhibe avanzar en otros resguardos institucionales que, al mismo tiempo, les permitan a los gobiernos democráticamente elegidos promover sus agendas. En esta dimensión se inscriben las reglas de balance estructural y el proceso presupuestario que conllevan. También, los límites de deuda pública. La existencia de un Consejo Fiscal Autónomo hay que entenderla como otro de estos resguardos. Fue creado por la Ley 21.148, de 2019, y reemplazó al Consejo Fiscal Asesor, que había sido creado por decreto en abril de 2013. La modificación significó un cambio profundo, al otorgarle no solo una necesaria independencia, sino también un mandato mucho más claro.
Este, entre otras atribuciones, incluye la de "evaluar la sostenibilidad de mediano y largo plazo de las finanzas públicas y difundir sus evaluaciones". La Dirección de Presupuestos y el Ministerio de Hacienda han estado, en general, sometidos a escaso escrutinio en las cuentas públicas. Ello es notorio en la tramitación de proyectos de ley, donde los parlamentarios no tienen la posibilidad, como ocurre en otros países, de replicar los cálculos del Ejecutivo respecto de los desembolsos involucrados. Algo similar ocurre con las proyecciones de las finanzas públicas o de los ingresos generados por reformas tributarias. En Chile, el comportamiento fiscal ha sido, en general y por largos años, ejemplar. Por lo mismo, un análisis más profundo de los ingresos y gastos públicos no parecía estar entre las urgencias.
Sin embargo, si se observa lo ocurrido en la última década, solo ha habido superávit fiscal en un año, al tiempo que hoy las cuentas públicas se encuentran en una posición no dramática, pero sí desmejorada, con la deuda subiendo y un horizonte de ingresos y gastos poco auspicioso. Este vacío que existía en el examen de las finanzas públicas ha comenzado a ser llenado por el Consejo Fiscal Autónomo. Su existencia no puede ser sino bienvenida, aun cuando su actuación pueda producir incomodidad en la autoridad fiscal.
Algo de eso se vio en la reacción que tuvo el ministro de Hacienda hace algunas semanas frente a la alarma que levantó entonces el CFA sobre la necesidad de mayores ajustes para avanzar hacia la sustentabilidad de las cuentas públicas. Se acusó un tono innecesariamente severo por parte del organismo. Sin embargo, más que severo, el informe aludido fue preciso y claro. Frente a ello, la posición asumida por Hacienda pareció la de una autoridad poco acostumbrada al escrutinio. Todo ello ha generado además una mirada miope respecto del CFA entre políticos del oficialismo. Pero como es difícil sostener que el organismo se haya excedido en su mandato, algunos prefieren cargar contra sus integrantes. Las acusaciones contra el presidente subrogante del Consejo por parte del jefe de bancada del Frente Amplio es una prueba.
El parlamentario ha cuestionado los planteamientos que ha hecho dicho presidente como parte de su labor profesional en un centro de estudios y ha usado su incorporación reciente como director de una AFP (el CFA no requiere dedicación completa y no es incompatible con ese nombramiento) para intentar neutralizar su labor en el organismo. Es demasiado evidente que nos encontramos frente a tretas que buscan, por una parte, acallar opiniones, y, por otra, acotar la autonomía del CFA. Es la misma estrategia que siguen los gobernantes de democracias iliberales que, por vías similares, intentan controlar la deliberación pública y neutralizar voces críticas. Por cierto, es legítimo preguntarse si las inhabilidades actualmente consideradas para integrar el Consejo son suficientes, pero ello corresponde a un análisis en su propio mérito.
Tal como se han planteado los cuestionamientos ahora, la motivación parece meramente política e instrumental, revelando poco respeto por la institucionalidad vigente y por la diversidad de opiniones propia de la vida en una comunidad política extendida. Se observan acá tretas que buscan, por una parte, acallar opiniones, y, por otra, acotar la autonomía del Consejo Fiscal Autónomo. Más y no menos discusión fiscal.