Autor: Cristian Rodriguez Director Instituto de Políticas Públicas UCN

Columnas de Opinión: Violencia escolar e inequidad educativa
Columnas de Opinión: Violencia escolar e inequidad educativa 1 16 de junio de 2025 se abrió en Antofagasta el juicio contra el apoderado que agredió a la profesora Katherine Yoma, quien se quitó la vida semanas después del ataque ocurrido en la Escuela D-68. El episodio no es un hecho aislado: expone una violencia escolar persistente que erosiona las aulas y. con ellas, el futuro de miles de estudiantes. La Superintendencia de Educación contabilizó en 2023 17 526 denuncias de convivencia a nivel nacional; 92 provinieron de Antofagasta, tercera cifra más alta de la década, y 13 afectaron a funcionarios. Aún con el descenso respecto del año 2022, las cifras siguen sobre los niveles pre-pandemia. Pero detrás del dato hay una consecuenca pedagógica directa: cada evento violento reduce horas efectivas de clase, dispara ausentismo y provoca fuga de docentes. Estudios muestran que, en liceos con alta conflictividad, los dias perdidos por suspensiones y licencias médicas afectan el rendimiento respecto de escuelas de contexto similar sin incklentes graves. En Antofagasta, la violencia hace aún más frágil un sistema ya tensionado por brechas socio-territoriales: un cuarto de la matricula vive en campamentos; otro segmento asiste a colegios de altos ingresos. Cuando estallan riñas o agresiones a docentes, las familias con recursos retiran a sus hijos y los matriculan en establecimientos privados. El resultado es una segregación incremental que concentra problemas y debilita la mezcla social indispensable para aprender tolerancia y cooperación. Las oportunidades también se deterioran a largo plazo. UNICEF advierte que experimentar o presenciar violencia escolar multiplica por dos el riesgo de abandono temprano e inasistencia ; en Antofagasta, la inasistencia escolar ha aumentado por encima del promedio pais. Cada punto perdido implica decenas de jóvenes que ingresan a empleos precarios, perpetuando la desigualdad que incubo la violencia inicial. El Estado ha reaccionado, si, con el programa «A Convivir se Aprende», la Mesa Regional de Comunidades Educativas Protegidas y un proyecto de ley que refuerza la mediación. Pero los recursos no alcanzan: solo 38% de los colegios públicos cumple la recomendación de un psicólogo por 600 alumnos, y menos de 20% del presupuesto regional de convivencia se destina a prevención primaria.
Sin profesionales suficientes, los protocolos quedan en papel y el aula vuelve a convertirse en escenario de la próxima crisis. ¿Qué hacer? Primero, blindar el tiempo pedagógico: todo plan de convivencia debe medirse por horas efectivas de clase recuperadas y no solo por sanciones aplicadas. Segundo, financiar salud mental; destinar recursos suficientes con el objetivo de duplicar la dotación de psicólogos escolares. Tercero, institucionalizar la Interculturalidad: talleres optativos no bastan; se requiere formación docente obligatoria y participación estudiantil en la elaboración de reglamentos que desactiven la xenofobia. El caso Yoma reveló el costo humano de la inacción. Pero también ilustra la ecuación básica de calidad educativa: sin escuelas seguras, no hay aprendizaje sostenido ni movilidad social posible. C Columna.