Se abre debate ante la solicitud de aplazar el desalojo de megatoma
Se abre debate ante la solicitud de aplazar el desalojo de megatoma Daisy Castillo T. ciudadesomercuriovalpod a decisión de la DelegaL ción Presidencial de Valparaíso de solicitar a la Corte de Apelacionesel aplazamiento por un año del desalojo de la megatoma en San Antonio, abrió un debate al que se sumanabogados, dirigentessociales y autoridades dela zona. La Corte Suprema ratificó en marzo de este 2024 el fallo dela Corte de Apelaciones de Valparaíso, que fijó parael6 de noviembre la expulsión de al-rededor de 3.000 familias.
Frente a este escenario, la Delegación Presidencial interpuso en la Corte de Apelaciones porteña un Téngase Presente, en la causa rol N” 239.499 -2023, en virtud delacualse ordenó el desalojo de todas las personas que ocupan ilegalmente los predios denominados “Hijuela LLo-Lleo” y “Parcela Catorce”, ubicados en las comunas deSan Antonio y Cartagena, respectivamente, Provincia de San Antonio. “DAR LA CARA”La abogada Jeanette Brunaafirma que “en nuestralegislación existe el fem presupuestario para el cumplimiento de sentencias.
Y considerando queel fallo dio una orden perentoria alas autoridades, sería posible acudir adicho financiamiento, pero es indispensable superar el problema informado por la Delegación, respecto a que la Municipalidad de San Antonio no ha ejercidolalabor de coordinación ordenada por la CorteSuprema, lo que incluso poría ser reclamado como desacato porel recurrente”. La también académica dela PUCV en el área de Dere-cho Urbanístico asegura que “lo que hace la Delegación (Presidencial) es dar la caraen este escrito, lo encuentrodesafiante”, explicando que “la Delegación pide que se suspenda el plazo, porque la Municipalidad de San Antonio no ha hecho nada para verlo del albergue”. “La Delegación pide que se suspenda el plazo, porque la Municipalidad de San Antonio no ha hecho nada”. Jeanette Bruna Abogada y académica del 90% no tiene segunda vivienda.
Milko Caracciolo, concejal de San Antonio, planteó que “aquí hay un tema más defondo quetiene que ver con lapolítica que el país asumerespecto a la vivienda y al derecho al techoy cómola ineficiencia del Estado, más allá de un gobierno, las políticas han sido bastante mediocres”. CERCA DE 10 MIL FAMILIAS VIVEN EN LA LLAMADA MEGATOMA. sino que además disponer de un lugar transitorio para albergaralas personas”. Facultad de Derecho de la Universidad delos Andes, advierte que“dicha determinación puedesercontraproducente, puesto que implicaría mantener la lesión del derecho de propiedad quese buscó proteger mediante la acción”. Al respecto, afirmó que “los dueños de la propiedad no están obligados jurídicamenteasoportar la vulneración de sus derechos debidoala descoordinación o demoradelaadministración enla adopción delas medidas ordenadas por la Corte, la cual no sólo debe ejecutar el desalojo, 10 MIL FAMILIAS En agosto pasado, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo dioa conocer un informe que contienelas principales características de quienes componen la megatoma: viven cerca de 10 mil personas, de las cuales un 33% son y adolesniñas, niños centes; más del 70% del total de las familias tiene una situación de alta vulnerabilidad social; 19% de extranjeros y másRESPUESTA MUNICIPALPor su parte, la alcaldesa deSan Antonio, Constanza Liza-na, manifestó que “el municipio no dispone de terrenos ni depresupuesto para materializar el albergue. Ha habido una reacción tardía de parte del Gobierno, respecto de tomar medidas adecuadas ante una acción judicial que lleva más deasseis meses”. Rosa Gómez, docente de la. VIVIENDA. La polémica está centrada en San Antonio.