Contraloría endurece controles que tensionan al sector público
Contraloría endurece controles que tensionan al sector público La con tralora general reafirmó descuentos salariales a docentes en paro y ordenó eliminar el control manual de asistencia en todo el Estado. Desde la ANEF acusan exceso de atribuciones, prácticas antisindicalesy una ofensiva mediática que debilita la estabilidad laboral en el aparato público.
En En un contexto de creciente presión social por mayor probidad y eficiencia en el aparato estatal, la Contraloría General de la República, bajo la conducción de Dorothy Pérez, ha asumido un rol más proactivo y categórico.
En menos de una semana, dos decisiones emanadas desde su escritorio marcaron un punto de inflexión en la relación entre los funcionarios públicos y el Estado: se ratificó el polémico dictamen que exige descuentos salariales a docentes que participen en paralizaciones, y se instruyó la eliminación definitiva de los libros de papel como mecanismos válidos para el control de asistencia en todas las instituciones públicas del país. Ambas medidas comparten un mismo espíritu: recuperar la integridad del servicio público mediante estándares más exigentes de control y cumplimiento. Lo que algunos han bautizado como el “criterio Dorothy Pérez” ya empieza a generar reacciones en el mundo político y sindical.
EL DICTAMEN QUE TENSÓ AL GREMIO DOCENTE Todo comenzó con una solicitud del senador Esteban Velásquez (FRVS), quien pidió aclarar el alcance del dictamen previo de Contraloría que obligaba a descontar los días no trabajados por docentes que r (ZI 1 1 adhieran a paralizaciones. Lejos de retroceder, la respuesta fue contundente: sí, debe descontarse.
Y más aún, el descuento debe aplicarse en el mismo mes calendario en que se produzca la ausencia, salvo que el pago ya se haya ejecutado, en cuyo caso se descuenta al mes siguiente, de acuerdo al artículo de La Tercera.
El texto no deja espacio para interpretaciones: la ley es clara al señalar que no se puede percibir remuneración por días no trabajados, salvo excepciones taxativamente establecidas como licencias médicas, permisos con goce de sueldo o casos fortuitos. Las huelgas, aún cuando sean masivas o parte de una negociación legítima, no están dentro de esas causales. Sobre la recuperación de clases, el dictamen es igual de estricto.
Sólo serán válidas cuando cumplan con cuatro condiciones: deben realizarse fuera del horario normal de trabajo, estar previamente autorizadas por la jefatura competente, ser útiles para cumplir los planes de estudio, y contar con mecanismos de control verificables. De lo contrario, no generan derecho a remuneración. ADIÓS AL CUADERNO: COMIENZA LA ERA DEL CONTROL ELECTRÓNICO La segunda resolución, emitida el martes, no pasó inadvertida.
La Contraloría instruyó a todos los órganos del Estado desde ministerios hasta municipalidades a dejar atrás los antiguos libros de asistencia en papel y reemplazarlos por mecanismos electrónicos verificables, como tarjetas, sistemas biométricos, plataformas en línea o apps móviles. El motivo es simple: los registros manuales ya no ofrecen ninguna garantía de integridad. Contraloría ha detectado múltiples casos de adulteraciones, omisiones y fraudes en el uso de estos sistemas.
“No constituyen un método de control idóneo”, señala el documento, que pone plazo de 20 días hábiles para que las entidades informen su plan de implementación, y fija como fecha límite el primer semestre de 2026 para su completa entrada en vigencia. La medida impactará especialmente en gobiernos regionales y municipios, donde aún predomina el uso de registros manuales.
El oficio recuerda que no se aceptarán excepciones basadas en jerarquías: todos deben registrar asistencia con las mismas reglas, salvo casos estrictamente justificados por acto administrativo. ¿UN NUEVO ESTÁNDAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA? Ambas decisiones se inscriben en una agenda más amplia de Está excediendo sus funciones y atacando a los trabajado res fortalecimiento institucional. La propia Contralora ha sido enfática en los últimos años respecto a la necesidad de modernizar los sistemas de control, eliminar espacios grises en la gestión pública y prevenir la impunidad laboral. Pero también enfrenta críticas. Algunos sectores acusan que esta línea más dura no considera las realidades laborales, especialmente en el mundo docente, donde las paralizaciones no son infrecuentes en contextos de negociación o crisis estructural. Desde el Colegio de Profesores ya anticipan que esta medida puede tensar aún más las relaciones con el Ejecutivo. Aun así, en tiempos de desconfianza ciudadana hacia el aparato estatal, la figura de Dorothy Pérez parece consolidarse como símbolo de una Contraloría menos complaciente y más vigilante.
Una entidad que, al aplicar la ley sin ambigüedades, comienza a marcar un precedente para quienes, desde el Estado, olvidan que la confianza pública no es un derecho garantizado, sino una responsabilidad que debe renovarse día a día.
Sigue en pág. 7 El criterio Dorothy Pérez: Contraloría endurece controles que tensionan al sector público / /4 LA } 1 i: 1 1 SAN DRA MARÍN, PRESIDENTA ANEE ARAUCANÍA:. Contraloría endurece controles que tensionan al sector público ANEF ARAUCANÍA: “Con tralora excede sus funciones” Frente a esta situación, la presidenta de la Anef en La Araucanía, Sandra Marín, conversó con Tiempo 21, y al ser consultada de cómo afecta el “criterio Dorothy Pérez”, afirmó que, “frente a estas medidas, la verdad es que la contralora está excediendo a sus funciones ya que quede pues está con la intención de controlar lo que es la organización sindical.
Y ahí hay principios de autonomía, de gestión sindical y que, desde eso, desde esa transgresión hay una práctica, una evidente práctica antisindical, ya que al bajar estas instrucciones las jefaturas de servicio están como supeditadas o se sienten supeditadas estas funciones y desconocen también el actuar de una organización de trabajadores y trabajadoras en el ámbito legal, o sea, porque esto también está regulado por la ley de asociaciones” Marín además, afirmó que, “entonces tratando también con esta instrucciones de generar o intimidar a los funcionarios porque esto de controlar y de descontar lo que pasó en el colegio de profesores con la movilización, claramente que los socios y socias también se generan eh temor al respecto por todo lo que se puede venir, porque tenemos que tener claro que dentro de la administración pública quedó instalado el temor de la inestabilidad laboral”. Y también sostuvo que, “ante estas situaciones claramente que se cumple ese ese objetivo por parte de de estas instancias eh que en definitiva quieren quebrar los procesos de organización en interna que tenemos como trabajador y trabajadora a través de la organización sindical” Sobre las palabras de Fabián Caballero, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Municipales donde acusa que la contralora busca un impacto comunicacional y mediático a raíz del caso de las licencias médicas, Marín coincide “claramente que con los anuncios que ha tenido la contraloría han instalado un tema muy mediático en la ciudadanía y también ha sido muy sensacionalista porque por ejemplo los funcionarios del nivel central somos de acuerdo al informe del servicio civil” “Somos alrededor de 310 000 funcionarios y funcionarias del nivel central.
Y la muestra o los datos que ella entregó son 25 000 y de esos 25 000 no son todos pertenecientes al nivel central, es decir, de acuerdo a nuestros datos, nuestras cuentas son un 0,06%”, esto en relación a los números de funcionarios aclarando que no todos pertenecen al nivel central, y señala que es un número bájisimo pero que “el daño que han hecho poniéndonos en tela de juicio ha sido como evidente MEDIDAS REGRESIVAS La presidenta regional de la Anef también afirma que “estas medidas de que está adoptando el gobierno como haber enviado un proyecto de ley en relación al uso de licencia médica, es un evidente retroceso que tenemos como una pérdida de derecho en seguridad social y la salud, porque en definitiva lo que quieren ellos es también hacer caja con los trabajadores, con la salud de los trabajadores, con el bienestar de los trabajadores, para cubrir también gastos”, añadiendo que, “sin embargo, esto lo hicieron a la espalda de los trabajadores y esa, esa es una tremenda molestia, malestar que tenemos todos los trabajadores públicos”. Sobre los problemas que ha ocasionado, Marín indicó que, “a raíz del tema de las licencias médicas, la respuesta del gobierno fue apretar, restringiendo a través de una ley nuestro derecho a la seguridad social al derecho a la salud, y claro que es un daño, pero este gobierno también no puede actuar frente a estas situaciones sin conversar, sin dialogar con las organizaciones sindicales” Finalmente, la presidenta de la Anef Araucanía afirmó que, “la verdad es que es muy reprochable lo que se está haciendo en la actualidad con los trabajadores públicos T2).