Editorial: La educación no se toca
Editorial: La educación no se toca Se dice que el tema salud es lo más importante, sin embargo, sino ponemos atención a las deficiencias en educación, simplemente no tenemos futuro. Nuestros niños la pagarán muy caro.
El ajuste presupuestario en Educación terminó siendo menor al 3% inicialmente previsto y quedó en torno al 1,1%, según los antecedentes del decreto de modificación presupuestaria correspondiente a marzo de 2026 Sin embargo, el documento muestra rebajas relevantes en áreas sensibles, especialmente en educación superior, gratuidad y créditos estudiantiles.
El decreto del Ministerio de Hacienda modifica el presupuesto vigente del sector público, donde los mayores ajustes se concentran en pocos ítems de alto impacto, entre ellos el aporte fiscal libre al Ministerio de Educación, el servicio de la deuda asociado a educación superior y el financiamiento institucional para la gratuidad.
En la lista de programas que podrían desaparecer aparecen nombres sensibles: el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Junaeb, la Beca Vocación de Profesor, el sistema de inducción y mentoría docente, programas de lectura y escritura, reinserción escolar y el PACE.
Detrás de cada decisión que toma el Estado respecto de sus recursos existe una definición política sobre cuáles son las prioridades del país y qué rol debe cumplir lo público en la vida de las personas.
Por eso preocupa profundamente que el Ministerio de Educación vuelva a enfrentar un escenario de recortes y restricciones presupuestarias en un momento donde Chile necesita exactamente lo contrario: fortalecer las capacidades institucionales del Estado para enfrentar los enormes desafíos que hoy tiene el sistema educativo. Más allá de la dimensión técnica de estas decisiones, lo que queda en evidencia es una señal política preocupante: el debilitamiento progresivo de las capacidades del Estado para conducir áreas estratégicas como la educación. Resulta especialmente contradictorio que mientras el país debate cómo enfrentar la crisis educativa, fortalecer la educación pública y reducir brechas, se avance simultáneamente en decisiones presupuestarias que tensionan el funcionamiento institucional del aparato público..