Editorial: Las urgencias que debe atender la reconstrucción
Editorial: Las urgencias que debe atender la reconstrucción Cuando ya se cumplen dos semanas de iniciados los incendios forestales que arrasaron con poco más de 33 mil hectáreas en la zona norte del Gran Concepción, alcanzando zonas rurales y urbanas de las comunas de Tomé, Penco, Concepción, Florida y Hualqui, el principal punto de atención tanto de los damnificados como de las autoridades tiene relación con el proceso de reconstrucción tanto de los inmuebles como de la infraestructura pública destruida.
Las últimas estimaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo dan cuenta que en la Región del Biobío son casi cuatro mil las soluciones habitacionales que se tienen que entregar, y que el nivel de afectación alcanza a 10 mil personas damnificadas. Según estimaciones de la subsecretaria de Servicios Sociales Francisca Gallegos, más del 90% de las personas catastradas tuvieron una afectación total e irrecuperable. Con ese número en el horizonte, la principal tarea de las actuales y futuras autoridades de Gobierno será dejar encaminado el proceso de rehabilitación, con una necesaria coordinación entre ambas administraciones.
En su exposición el jueves en el seminario de desarrollo urbano y vivienda organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades en dependencias de la Universidad del Bío-Bío, el futuro ministro de Vivienda Iván Poduje dio luces de aquello y anticipó que la próxima semana se reunirá con su contraparte Carlos Montes, para abordar el traspaso y que ya tuvo un primer diálogo con la subsecretaria de Vivienda Gabriela Elgueta para conocer el estado actual de la emergencia. En entrevista, la subsecretaria Gallegos comprometió la entrega total de información detallada sobre la situación actual a la cartera de Desarrollo Social que será liderada por María José Wulf.
En dicha cita además, y lejos de la polémica por un intercambio poco amistoso con un académico del plantel estatal -que se pudo haber evitado para poner el foco de atención en la primera exposición pública de la recientemente nominada autoridad, el futuro secretario de Estado arriesgó dar plazos concretos, costos asociados y una hoja de ruta de có mo la administración de José Antonio Kast hará la reconstrucción.
En primer término, Poduje detalló que el plan de reconstrucción tendrá un costo global de US$648 millones, y que contempla habilitar cinco mil soluciones habitacionales tanto para propietarios como arrendatarios, los que se calcula que sean cerca de 800 familias: "La reconstrucción es para todos, nadie se queda afuera", dijo.
Su plan considera para los primeros dos meses de gobierno la asignación de subsidios de arriendo y bonos de compra de materiales, para luego en mayo iniciar el proceso de reconstrucción de viviendas definitivas en los sectores donde el terreno esté en condiciones para levantar los nuevos inmuebles, y en diciembre comenzar la construcción de las viviendas para quiénes residen en zonas de mayor complejidad como es el caso de Vipla, Villa Miramar o Ríos de Chile en Lirquén.
Durante su presentación, Poduje también confirmó que no se dispondrá de un encargado de la reconstrucción, como ha ocurrido en otros casos a nivel local, y explicó que parte de su hoja de ruta se sostiene en el trabajo que realizan los alcaldes y el equipo de reconstrucción constituido por el Gobierno Regional, que es liderado por Sergio Baeriswyl y Pablo Fernández, y cuenta con cuarenta profesionales provenientes de casas de estudios y del propio Gore, con el objetivo de elaborar planes maestro para las zonas más afectadas.
La entrega de certezas del futuro gobierno resulta ser una buena noticia ya que da cuenta de la importancia que tendrá para el futuro jefe de Estado el proceso de reactivación de la zona afectada, pero también la entrega de plazos entrega una presión que el propio Poduje asumió sin complicaciones: "Si no cumplo con este trabajo y los plazos, me tengo que ir". Esto también está conectado con una decisión que deberá ser discutida a nivel político ampliamente en las próximas semanas, toda vez que el futurosecretario de Estado aseguró que se dispondrá desde La Moneda extender el estado de excepción constitucional de catástrofe con el objetivo de facilitar ciertos procesos administrativos y dar celeridad a las asignaciones de recursos tanto para lo damnificados como al propio proceso de construcción de las viviendas definitivas.
Una decisión que seguramente deberá ser bien analizada ante las implicancias que tiene, pero siempre entendiendo lo complejo que resulta manejar la recuperación de sectores como Lirquén o Punta de Parra desde lo operativo y lo emocional: el temor de que la ayuda no llegue y que las familias damnificadas no se sientan solas son elementos que también deberá abordar la nueva administración.
Ante eseescenario, también es importante poner la atención en lo que ocurrirá durante las próximas cinco semanas, en que un gobierno cierra su gestión y otro se prepara para asumir, un escenario que ya se vivió tras el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, donde pese a lograr en plazos significativos la recuperación del borde costero, hubo deudas en el ámbito educacional y habitacional que se arrastraron por más de una década sin solución. Eso es algo que se debe procurar no se repita en una reconstrucción necesaria para la zona norte del Gran Concepción. Poduje detalló que el plan de reconstrucción tendrá un costo global de US$648 millones, y que contempla habilitar cinco mil soluciones habitacionales tanto para propietarios como arrendatarios. Editorial Poduje detalló que el plan de reconstrucción tendrá un costo global de US$648 millones, y que contempla habilitar cinco mil soluciones habitacionales tanto para propietarios como arrendatarios