La máquina de Andrade y Contreras para hacerse con $426 millones
Por Pablo Basadre G.
A querella de 21 páginas del Consejo de Defensa del Estado, presentada por el abogado Carlos Bonilla la semana pasada, relata paso a paso las decisiones que tomó el exseremi de Antofagasta, Carlos Contreras, para beneficiar a la Fundación Democracia Viva de su amigo y excompañero de partido (RD) en ese entonces, Daniel Andrade.
En su escrito, el abogado del CDE dice textual: “Que, conforme ya se ha expuesto, la selección de Democracia Viva lo fue con la sola voluntad del querellado (Contreras), quien operó con distancia de la práctica habitual y previamente regulada desde el Ministerio”. Pero también solicita una serie de diligencias, todas relacionadas con la actuación de Contreras y Andrade: Pide que declaren las 12 personas contratadas por las fundaciones receptoras de fondos, a pedido del propio Contreras. Y pese a que es mencionada porsurelación sentimental con uno de los querellados al momento de cometer los supuestos delitos, no se cita a declarar a la diputada RD Catalina Pérez.
La acción penal solicita al Servicio de Impuestos Internos informar sobre el patrimonio de Contreras y Andrade; al Conservador de Bienes Raíces sobre los inmuebles que tengan a su nombre y pide levantar información a organismos públicos para mapear las sociedades donde tengan participación sus cónyuges y familíares. Otra diligencia relevante es la solicitud al Laboratorio de Criminalística de la PDI para efectuar pericias sobre el “avance físico” de las obras realizadas por DV en campamentos. En el relato, Bonilla también expone las redes y vínculos políticos de los involucrados en Antofagasta, la región que representa Pérez en el Parlamento. Millonario presupuesto El CDE realiza un pormenorizado relato de cómo Contreras comenzó a tomar decisiones políticas y administrativas desde que fue nombrado por el Presidente Boric en abril de 2022. Antofagasta había recibido vía Ley de Presupuestos la millonaria suma de $4.444.217. 882 para distribuir entre las entidades receptoras de fondos públicos a través de convenios.
Cuando asumió su cargo, el exjefe de gabinete de Pérez inició, según la querella, una serie de modificaciones en las funciones que le estaban permitidas por A la fecha de los hechos, ambos eran militantes activos del Partido Revolucioin Democraitica, en el cual compartilan en instancias propias de la militancia e interpersonales”. Querella del CDE sobre Contreras y Andrade. La acción penal del CDE revela los vínculos políticos y las relaciones personales entre los involucrados, incluyendo a Catalina Pérez, aunque no cita a la diputada. Según lo relatado en la querella del CDE ley. Dichos actos lo tienen hoy como uno de los principales involucrados en un escándalo millonario de traspasos de fondos a lo largo del país.
Bonilla relata que una de las primeras decisiones de Contreras fue romper con la regulación de quién seleccionaba a las entidades que recibirían fondos que, en este caso, correspondía al Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) de la región junto al Equipo Técnico de Asentamientos Precarios de ese organismo, liderado desde el 2015 por la funcionaria Yasna Contreras Solar.
De acuerdo a un oficio del 8 de febrero de 2022, donde se describen las inversiones prioritarias, la dirección del Serviu solicitó recursos a nivel central, donde detallaba “el nombre del campamento a intervenir, el tipo de entidad receptora, el nombre de la entidad receptora, la tipología de inversión, del destino de la inversión, el monto a transferir en 2022 por campamento y la cuota 2023 por campamento, sin contemplar, hasta ese momento, a Democracia Viva como entidad receptora”. Ni siquiera estaba contemplada la inversión de “habitabilidad primaria” para los campamentos, donde luego trabajaría la fundación de Andrade. La normativa interna del Minvu era la encargada de regular el proceso de inversión de los recursos, pero en ningún caso se contemplaba la participación del Seremi en la etapa previa. Tanto así, que el Ser- — Dani viu de la región, con quien Contreras tenía serias diferencias, no tenía contemplado los dineros para las obras que supuestamente haría DV y se habían reasignados esos recursos.
“Luego, alejándose del procedimiento regulado y previamente expuesto en cuanto es el SERVIU quien propone la asignación de los recursos, fue el propio querellado Contreras quien remitió a nivel central el Oficio Nro. 1215 de 21 de octubre de 2022, solicitando reasignación para la Ejecución de diagnóstico Socio TerritorialesPanes de Intervención, designando como receptora a Democracia Viva y Tomarte”. A través de un correo electrónico, Contreras, solicitó al Jefe del Departamento de Planes y Programas de la Seremi de Antofagasta, Alfonso Legunda, que remitiera un email invitando a dos fundaciones; una de ellas era Democracia Viva. Asífue cómo Daniel Andrade recibió lainvitación el 14 de julio de 2022, un año antes de que explotara el caso en el medio Time Line.
“Fue el propio ex seremi y su equipo de trabajo de confianza, quienes le proporcionaron a Legunda los antecedentes de contacto de los representantes de las fundaciones, entre ellos, los de Andrade Schwarze”. Lo anterior, pese a que la recomendación de Yasna Contreras, era “seguir trabajando con las fundaciones que por años ya se encontraban ejecutando el Programa de Asentamientos Precarios y evaluar, en caso de ser necesario, la incorporación de En Red y del Colegio de Arquitectos”. Tras el mail, la funcionaria de confianza de Contreras, Gabriela Muñoz Soto, programó reuniones con los representantes de las fundaciones, entre ellos, Andrade. Pero no citó previamente a las Jefaturas a cargo de la ejecución del PAP en la región, tampoco a la jefa regional del PAP, quien no estaba de acuerdo con la decisión. Tampoco quedó un acta de la reunión y de lo que se conversó en la instancia.
En la cita, dirigida por Contreras, quedó en evidencia que “la fundación Democracia Viva no contaba con la experiencia ni el perfil adecuado para la ejecución de las actividades”. De acuerdo al CDE, la historia del traspaso millonario la cerraría Contreras con la intervención de Paz Fuica, personera de confianza de Contreras y actual concejala de Antofagasta, a quien RD tenía en mente postular al cargo de alcaldesa.
Un detalle más: el CDE plantea en su escrito respecto al vínculo de Contreras y Andrade: “A la fecha de los hechos descritos ambos eran militantes activos del Partido Revolución Democrática en el cual compartían en instancias propias de la militancia e interpersonales pues el ahora ex Seremi, el Sr.
Contreras Gutiérrez con anterioridad a su nombramiento en dicho cargo, fue asesor de la Diputada Catalina Pérez Salinas quien - a lo menos a la fecha de tratativas y suscripción de los convenios- — mantenía una relación sentimental con Daniel Andrade quien a su vez, a la fecha de suscripción de los Convenios, también ejercía como Funcionario Público”. Los vínculos nunca fueron transparentados ante el resto de los funcionarios de la propia Seremi y del Serviu regional.
Las contrataciones no autorizadas y fuera de regla Tras la denuncia que recibió vía mails la ex subsecretaria RD, Tatiana Rojas, de parte de la Asociación de Funcionarios de la región, en mayo de 2022, se inició una revisión más rigurosa de la gestión, gastos y rendiciones de las fundaciones que su: cribieron convenios.
Lo anterior sirvió para corroborar que las revisiones a las renLa selección de la Fundación Democracia Viva fue con la sola voluntad del querellado (Contreras), quien operó con distancia de la práctica habitual y previamente regulada desde el Ministerio”. diciones financieras de Democracia Viva fueron hechas por Cynthia Cisternas Mondaca, quien estaba contratada por la misma fundación y que recibía un sueldo de $1 millón 350, que luego se incrementó a $2 millones con dineros de otra fundación: Campamento de Ideas.
El problema no solo era el evidente conflicto de interés, pues el CDE acredita en su querella que Cisternas Mondaca y Contreras se conocían desde, a lo menos el 2016, “manteniendo una relación de afinidad y participación conjunta en actividades de carácter político”. También hay reparos con el monto que ganaba Cisternas Mondaca, pues era desproporcionado de acuerdo a lo que “comúnmente” percibe un funcionario público con la preparación de mujer. Contreras fue también quien solicitó “personalmente” la contratación de ella y de otras 11 personas a Democracia Viva, que aceptó la solicitud. Pero los vínculos no quedan ahí. El CDE describe también el rol de Lorena Cisternas Mondaca, hermana de Cynthia, quien ejercía como Coordinadora de la fundación Movimiento Fibra, que había recibido dineros del la Seremi de Antofagasta.
“En consecuencia, se constató que la persona que revisaba las rendiciones de cuentas de la fundación había sido contratada porla misma fundación para que prestara servicios en las dependencias de la Seremi”. El líbelo agrega que “en relación al detrimento al patrimonio fiscal, se constató que las rendiciones no fueron oportunamente presentadas y que, aún cuando se contrató a Cynthia Cisternas Mondaca para que realizara el análisis de las gestión financiera de la fundación Democracia Viva, dicha labor de revisión y fiscalización tampoco se efectuó de manera oportuna”. Respecto al resto de las personas, que llegaron bajo la administración Contreras, varias de ellas fueron contratadas de una manera que no lo autorizaba la legislación existente.
Cabe hacer presente, dice el CDE, que no “existe normativa o resolución alguna en el orden del derecho que otorgue autorización para que se recurriera a este mecanismo de contratación”. El CDE habla del “aumento descomedido de la contratación de personas” con cargo a los recursos públicos que venían de los Programas de Asentamiento Precario.
Un ejemplo es la concejala Fuica, que fue contratada por la Fundación Para la Superación de la Pobreza y recibió honorarios por sobre el promedio ($19.200. 000), que se dividieron en 6 cuotas y no 12, como correspondía.
El CDE solicita en este punto, llamar a declarar a las 12 personas contratadas por Contreras, pero también a la arquitecta Verónica Serrano Madrid, en ese entonces Jefa Nacional de Asentamientos Precarios del MINVU y hermana de la socialista Claudia Serrano, madre del jefe del Segundo Piso, Miguel Crispi y una serie de otros funcionarios o exfuncionarios públicos.