Fracturas en la toma
ESPACIO ABIERTO Fracturas en la toma Ricardo Abuauad Decano Campus Creativo UNAB, profesor UC L cuentes. a toma de San Antonio deja en evidencia fracturas.
No se trata solo de esta situación, ya grave, sino de todo un sistema que no parece preparado para tratar con estas situaciones, hoy freSaltarse las reglas se justificaba si había necesidades: los meses del estallido llevaron a muchos a pensar que bastaba con considerar que una necesidad se encontraba insatisfecha, posiblemente con razón, para tomar justicia por mano propia. Con los defectos que tiene nuestro estado de derecho, no existe ningún marco de acción mejor que ese para ordenar la vida colectiva. Hoy pagamos un alto precio. Derecho a la vivienda vs. el derecho a la propiedad: este último esta consagrado en la Consutución; el derecho a la vivienda, no, aunque sería importante que así fuera.
Pero un derecho a la vivienda obliga al Estado a proveerla, y no puede ser entendido como un pase para hacerse de un terreno por la fuerza, ni para obstaculizar a la justicia de tomar acciones en el caso de que eso ocurra.
Una solución habitacional que tuvo años para concretarse: en todo el tiempo que pasó desde el inicio de la toma hubo plazo más que suficiente para concretar una o varias soluciones que dieran respuesta a la necesidad de los pobladores. ¿Por qué no se hizo? Solución presionada por la toma, mal prece dente: a pesar de lo dicho en el punto anterior, una solución presionada por la toma es una pésima señal, que pasa por encima de toda la población, igual o más necesitada, que espera pacientemente una casa, de acuerdo con las reglas.
La señal de que actuando por la fuerza se acelera la obtención de lo que se quiere, es grave. ¿Y si es el Estado el que compra el suelo? Algo parecido al punto anterior ocurre con la posibilidad de que sea el Estado el que compre, para radicar el campamento. También mala señal para los que llevan años en las listas de espera.
Una presión indebida sobre los propietarios del terreno: no es razonable que al propietario del suelo se le presione a negociar con los pobladores; este no es un asunto "entre privados". Se trata de una usurpación de propiedad privada, que ya tiene fallo judicial. La escena horrorosa que nadie quiere ver: el desalojo será terrible, con niños, ancianos, embarazadas. Está de más decir que hay una cuestión humanitaria que habría justificado cualquier esfuerzo, cualquier gestión, con tiempo.
El quién hace qué: ha sido sorprendente el debate sobre quién debería ejecutar el desalojo. ¿No se vio esa posibilidad antes? ¿ No se hicieron planes, vivienda de emergencia, en el caso de que llegara el momento? El riesgo grave de no hacer nada: por supuesto, el riesgo de no hacer nada es también gravísimo, porque daría a entender que un fallo judicial no necesariamente se ejecuta. Sería el fin del apego a la ley. En suma, una serie de fracturas que habría que haber previsto, anticipado, evaluado, con tiempo. Hoy, todas las soluciones (y sus efectos sobre el total del sistema con personas que también esperan sus viviendas) son malas.