Habitar rural con seriedad
Esteban Valenzuela V. Ministro de Agricultura esde la década de los 80 la ley D permite dividir los predios de aptitud agrícola, ganadera o forestal, siempre que los lotes resultantes tengan como mínimo 0,5 hectáreas. Sin embargo, y como lo han ratificado la Contraloría y la SMA, está prohibido el destino de estos lotes a fines urbanos o habitacionales. En este contexto, en los últimos años se ha experimentado un aumento explosivo de estas subdivisiones, llegándose al peak en 2022, con más de 22.000 solicitudes.
Para abordar los efectos de este fenómeno, el Ministerio de Agricultura junto al SAG han avanzado en dos líneas: por una parte, hemos dictado instructivos y circulares, ratificadas por la Corte Suprema, las que, sin prohibir las subdivisiones, buscan precisar las facultades que ya otorga la ley para cautelar que estas solicitudes no impliquen un cambio de destino.
En paralelo, fruto del trabajo del Comité Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio, y en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, presentamos un proyecto de ley que cumple dos objetivos: preservar el suelo rural para fines silvoagropecuarios, y posibilitar un habitar rural sustentable, a través de la regulación de los conjuntos residenciales rurales.
El proyecto fortalece las atribuciones del Ministerio de Agricultura para el primer objetivo, y establece requisitos para el segundo: en los conjuntos se permitirá construir una vivienda unifamiliar por lote, en la medida que parte de la superficie posea fines silvoagropecuarios, de conservación, preservación y/o restauración ambiental.
Además, los deberán contar con caminos, servicios básicos y medidas que permitan mitigar su impacto ambiental Logramos un proyecto equilibrado y necesario, fortalecido con los aportes de expertos, instituciones públicas y privadas y de la sociedad civil en general; esperamos un debate en el Congreso que permita fortalecer la propuesta, y generar un consenso político y social respecto a nuestro territorio rural. Este proyecto se complementa a otras iniciativas que hemos impulsado, como la nueva ley de riego, el proyecto de gestión sostenible de suelos, y la futura institucionalidad forestal. En su conjunto, estos contribuyen a asegurar una agricultura y silvicultura sostenible, aportando a la seguridad alimentaria y al desarrollo rural.