La entramada ruta de los permisos que el futuro ministro Quiroz tiene en la mira para destrabar
La entramada ruta de los permisos que el futuro ministro Quiroz tiene en la mira para destrabar P or cada paso en que un inversionista avanza para su proyecto, se abre una puerta con más caminos por recorrer. Son los permisos. Van desde los consentimientos para hacer los estudios para pedir otras autorizaciones, hasta los vistos buenos tras la construcción que también requirió de una licencia. En la entramada ruta que es obtener los permisos necesarios para realizar una inversión en Chile, el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quiere implementar dos carreteras. La demora en tribunales Uno de los puntos centrales para reactivar el crecimiento en el plan del nuevo gobierno es agilizar la obtención de autorizaciones por parte de los proyectos de inversión.
Quiroz, propone introducir un cambio que reduciría la incertidumbre de cara a los inversionistas, según señaló en entrevista con Economía y Negocios Domingo el 25 de enero. "Tenemos una propuesta de ley, que emula lo que hace Brasil, donde existe la vía judicial para los reclamos y el inversionista puede desarrollar su proyecto si cuenta con una RCA (Resolución de Calificación Ambiental). Eso logra reducir a cero el impacto económico de la judicialización en términos del retraso de la inversión.
Hoy, la paradoja es que la inversión se retrasa 8,10 años y en la mayoría de los casos, al final la Corte determina que el Estado de Chile tenía razón, pero el inversionista ya se fue (... ). El riesgo lo corre el Estado de Chile, que deberá indemnizar al inversionista si el fallo judicial rechaza su proyecto", dijo. Es decir, el mecanismo permitiría avanzar con el proyecto mientras se discuten en el Poder Judicial los reclamos contra la decisión adoptada por Poder Ejecutivo. Hoy la situación es distinta. José Antonio Valenzuela, director de incidencia de Pivotes, indica que "mientras no están resueltos todos los fallos judiciales, en la práctica los titulares no pueden construir. Normalmente, un proyecto que no funciona con dinero propio (de la empresa), sino que se consigue a partir de financiamiento.
Esos fondos se desembolsan a partir de que están todos los fallos resueltos y, por lo tanto, los años que demora la judicialización son años que se demora el proyecto en empezar a construirse". ¿Qué sucede en la justicia? La fase judicial resulta crítica, especialmente cuando la evidencia muestra que en la mayoría de los casos la justicia determina que no se cometieron infracciones en la obtención de los permisos.
El proceso de impugnación se concreta en los reclamos que se pueden presentar luego de que un proyecto obtuvo la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). En el caso de los proyectos que requirieron de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), las personas que realizaron observaciones en el proceso de participación ciudadana, y que estiman que no fueron lo suficientemente consideradas para la obtención del permiso ambiental, pueden reclamar ante el Comité de Ministros, que es otro paso posterior. Según un análisis de Pivotes de datos desde 2013 hasta mediados de 2025, en el 75% de los casos el Comité de Ministros decidió mantener la RCA favorable de los proyectos. En cambio, solo en 2,5% de los reclamos el organismo revirtió el permiso ambiental otorgado. El resto de los casos corresponde a respuestas a reclamos del titular del proyecto, que también puede recurrir al Comité de Ministros, o a que devolvió la iniciativa a una etapa anterior del proceso. El tiempo promedio de tramitación en esta etapa fue de 1 año y 7 meses. Si los reclamantes no están conformes con la respuesta del Comité de Ministros, pueden recurrir ante los tribunales ambientales: tres sedes especializadas por macrorregiones con sedes en Antofagasta, Santiago y Valdivia. En el 65% de los casos, los tribunales ambientales resolvieron confirmar la RCA favorable. Solo en el 15% de los reclamos se anuló el permiso ambiental, mientras que el porcentaje restante corresponde a otros resultados. Este proceso toma, en promedio, 1 año y 3 meses. La última opción que tienen los reclamantes es recurrir a la Corte Suprema, mediante un recurso de casación. En el 39% de los casos que llegaron al máximo tribunal se ratificó el permiso ambiental. En un número igual de instancias, la Corte Suprema decidió retrotraer o confirmar el retroceso del proyecto a una etapa anterior. Solo en el 6% de los casos se anuló una RCA favorable. La tramitación en este tribunal en promedio dura 1 año y 2 meses. Entre 2013 hasta mediados de 2025, fueron 106 los casos de proyectos donde se presentó una reclamación ante el Comité de Ministros. De estos, solo 7 terminaron con su permiso ambiental revocado.
La discrecionalidad regional La segunda propuesta de Quiroz apunta a qué pasa luego de que el proyecto ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Cristián Romero, director jurídico de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), explica que cuando una iniciativa ingresa a la tramitación ambiental, los encargados de evaluar ese proyecto son los organismos regionales.
Dep e n d i e n d o d e q u é p e r m i s o s a m b i e n t a l e s o sectoriales esté pidiendo la empresa, el Servicio d e E v a l u a c i ó n ( S E A ) d e l a r e gión donde se emplaza el proyecto convoca a las instituciones que se deben pronunciar. Por ejemplo, en una iniciativa de la Región de Los Lagos donde se intervenga vegetación, la Conaf de Los Lagos deberá emitir comentarios.
La propuesta de Quiroz en esta materia es que haya un seguimiento de las direcciones nacionales de lo que ocurre a nivel regional. "Cuando un proyecto entra a Evaluación de Impacto Ambiental debe ser observado por aproximadamente 27 reparticiones en cada región, observaciones que muchas veces son excesivas y sin cumplir un objetivo ambiental genuino, terminan dilatando el proyecto (... ). Estamos construyendo un programa de gestión para advertir a cada ministro, con semanas de anticipación, cuándo algún subordinado debe emitir un informe y lo obliga a hacerse responsable de esa respuesta.
Hoy, si un proyecto se detuvo por una observación ridícula, nadie se hace responsable", dijo a "El Mercurio". El ejemplo de Colbún Un ejemplo de este problema fue lo que sucedió con la Central Paposo, de Colbún. En 2024, el SEA de Antofagasta dio término anticipado al proyecto de Colbún, una inversión de US$ 1.400 millones. La empresa ingresó un recurso de reclamación, pero el SEA regional lo rechazó. La empresa podía apelar, pero decidió frenar la inversión. La directora del SEA a nivel nacional, Valentina Durán, dijo después que no estaba de acuerdo con la decisión tomada a nivel regional.
Señaló que la autoridad subordinada "no informó de la totalidad de las razones por las cuales quería ponerle término anticipado a este proyecto". En esa línea, indicó que la decisión de poner término anticipado a un proyecto recae sobre el director regional, no habiendo un recurso jerárquico.
La entramada ruta de los permisos que el futuro ministro Quiroz tiene en la mira para destrabar CATALINA MUÑOZ-KAPPES EL MECANISMO DE "DESREGULACIÓN" QUE BUSCA IMPLEMENTAR EL GOBIERNO ENTRANTE: Pese a que en la mayoría de los casos los tribunales mantienen los permisos ambientales de los proyectos, la judicialización puede agregar años de tramitación. Gran cantidad de las iniciativas se tramita a nivel regional, sin un estrecho involucramiento de las directivas nacionales.
Quiroz busca resolver los problemas de estas dos situaciones. "Estamos construyendo un programa de gestión para advertir a cada ministro, con semanas de anticipación, cuándo algún subordinado debe emitir un informe", dijo Jorge Quiroz, próximo ministro de Hacienda. CRISTIAN CARVALLO COMITÉ DE MINISTROS 75% de los reclamos contra el permiso ambiental de proyectos que llegan al Comité de Ministros no son acogidos..