Autor: Patricio Meza García.

FES: la promesa y el costo de una reforma tardía
FES: la promesa y el costo de una reforma tardía A poco del cierre del ciclo legislativo y con un cambio de gobierno en el horizonte, hay un tema que vuelve como boomerang a La Moneda, al Congreso y a las conversaciones familiares: cómo financiamos la educación superior sin hipotecar a una generación ni desfondar al Estado.
El proyecto de Financiamiento para la Educación Superior (FES), presentado por el Ejecutivo en octubre de 2024 como reemplazo del Crédito con Aval del Estado (CAE) y del Fondo Solidario, nació con un objetivo que, en el papel, suena casi incuestionable: cerrar un sistema que convirtió el derecho a estudiar en un contrato de deuda con letra chica. Sin embargo, en política pública, lo obvio rara vez es simple. Y el FES, en su intento por corregir un problema estructural, ha abierto una discusión igual de estructural: quién paga, cuánto paga, cuándo paga y con qué garantías. Conviene recordar por qué el CAE se transformó en símbolo.
No porque el crédito sea, por definición, un pecado, sino por el diseño específico: banca privada administrando el financiamiento, Estado actuando como aval, y el cobro operando como una maquinaria que muchas veces no conversa con la realidad laboral del egresado. El CAE permitió que miles ingresaran a la educación superior cuando el sistema aún no hablaba seriamente de gratuidad. Pero lo hizo con una lógica que hoy resulta anacrónica: la deuda existe aunque tu salario sea bajo, aunque no encuentres empleo, aunque tu título no se traduzca en mejores oportunidades. El mensaje implícito fue brutal: el riesgo es tuyo, incluso si el sistema te prometió movilidad social. El FES intenta cambiar esa lógica y propone un giro que, en teoría, moderniza el modelo: financiamiento contingente al ingreso, administrado por el Estado, donde el pago se activa solo al superar ciertos umbrales. Traducido a lenguaje cotidiano: si te va bien, aportas; si te va mal, el sistema no te asfixia. En un país que ha visto cómo el endeudamiento se vuelve una segunda carrera universitaria -una que se cursa después de titularse-, la idea tiene un atractivo evidente. Pero precisamente porque suena razonable, vale la pena mirar el reverso.
Un sistema contingente al ingreso traslada el debate desde "cuánto debo" hacia "cuánto me corresponde aportar" y, por extensión, "hasta cuándo". Ya no hablamos de una deuda cerrada que se extingue al pagar un monto definido, sino de una obligación cuya duración y cuantía dependen del ciclo laboral, del salario, de la formalidad y de la capacidad del Estado para fiscalizar. ¿ Es eso mejor? Puede serlo. ¿ Es automáticamente justo? No necesariamente. La justicia en estos modelos no viene solo de condicionar el pago al ingreso, sino de calibrar con precisión los umbrales, los topes y los plazos. Un pequeño error técnico puede convertirse en una gran injusticia masiva. Hay un segundo flanco que no se resuelve con buena voluntad: la sostenibilidad fiscal. El Estado no administra dinero imaginario. Administra recursos que compiten con salud, vivienda, seguridad, pensiones y tantas urgencias que no caben en un discurso. Si el FES crece sin reglas claras, se transforma en un compromiso multianual de alto volumen: el Estado paga hoy por estudios que serán devueltos, parcialmente, en una década. Y esa "década" no es un detalle. La política vive en el corto plazo; las finanzas públicas, en el largo.
Esa tensión es el corazón del problema: ¿ cómo se hace una reforma estructural cuando el calendario electoral presiona y la caja fiscal no está para romanticismos? A eso se suma la discusión sobre autonomía universitaria. Cuando el Estado pasa de ser aval a ser administrador directo, inevitablemente aumenta su poder de diseño: define condiciones, determina flujos, fija criterios. Y aunque muchos celebran que el Estado tome las riendas -por razones entendibles-, las instituciones temen, con razón, que el financiamiento sea una vía indirecta de control. La historia chilena muestra que cuando los recursos se vuelven la palanca, la autonomía se vuelve un eslogan que hay que defender con más que declaraciones. Tampoco es menor el rol del Estado en el endeudamiento estudiantil. El FES intenta sacarnos de la banca privada, pero no elimina la lógica de obligación: la transforma.
Y aquí aparece una pregunta incómoda: ¿ queremos un sistema donde el acceso a estudiar siga atado, de algún modo, a un compromiso de pago futuro? Para algunos, eso es inevitable si no hay gratuidad universal. Para otros, es una renuncia conceptual: el Estado asume que estudiar seguirá siendo una inversión individual que se retribuye, aunque sea de manera progresiva. El debate de fondo, entonces, no es CAE versus FES; es qué entendemos por educación superior en Chile: ¿ bien público, inversión privada, mezcla imperfecta? El timing político tampoco ayuda. A las puertas del cierre legislativo, con un cambio de gobierno en el horizonte, las reformas tienden a acelerar o a congelarse. Aceleran para "dejar amarrado" un legado; se congelan por falta de piso o por cálculo electoral. El FES corre ambos riesgos a la vez. Puede terminar aprobado a medias, con indicaciones que deformen su espíritu, o puede quedar como promesa inconclusa, lista para ser desarmada o reescrita por la próxima administración. Y cuando una reforma de financiamiento nace en una transición política, el peligro es doble: se legisla con prisa, pero se implementa con resistencia. Hay quienes miran este debate con cansancio y dicen: "otra vez lo mismo". Y es cierto: Chile lleva años intentando cuadrar el círculo entre acceso, calidad, equidad y sustentabilidad. Pero no es lo mismo discutir desde el 2005 que desde el 2026. Hoy sabemos más. Sabemos que el endeudamiento estudiantil no fue un detalle, sino un fenómeno social. Sabemos que el mercado laboral no garantiza retorno para todos los títulos. Sabemos que la educación superior se expandió, pero no siempre con la misma calidad. Y sabemos, también, que el Estado no puede prometerlo todo sin poner números sobre la mesa. Entonces, ¿qué debería ocurrir ahora? Primero, honestidad fiscal. No como excusa para no hacer nada, sino como condición para que el FES no muera por su propio peso. Segundo, reglas de justicia: topes claros, plazos razonables, protección real a quienes no logran ingresos suficientes, y mecanismos que eviten que el sistema castigue más a quienes estudian carreras socialmente valiosas pero menos rentables. Tercero, un acuerdo mínimo sobre autonomía: que el financiamiento no se convierta en una cuerda al cuello institucional, ni en un campo de batalla ideológico. Y, por último, un punto que suele quedar fuera: respeto por la vida real. La política pública en educación superior fracasa cuando se diseña pensando en trayectorias ideales: entrar a los 18, estudiar cinco años, titularse, conseguir trabajo formal, pagar. La vida chilena es otra: interrupciones, informalidad, migraciones internas, cuidados familiares, empleos temporales, salarios que suben lento. Un modelo contingente al ingreso puede ser más humano si incorpora esa complejidad. Pero puede ser más injusto si la ignora. El FES puede ser una oportunidad para cerrar una era donde estudiar se convirtió en deuda administrada por bancos. Pero también puede ser el comienzo de otra era: una obligación administrada por el Estado, con mejores intenciones, pero con nuevas preguntas sin responder. En este punto del calendario político, el debate no debería reducirse a "CAE malo, FES bueno" o "FES inviable, mejor dejar el CAE". Esa simplificación es cómoda, pero peligrosa. Porque el financiamiento de la educación superior no es una discusión técnica.
Es una disputa por el tipo de país que queremos: uno donde estudiar sea un salto posible sin miedo a caer endeudado, y donde el Estado pueda garantizar acceso sin prometer lo que no podrá sostener. Si el FES quiere ser algo más que un titular de campaña o una bandera tardía, necesita un diseño robusto, un acuerdo amplio y una implementación que no se construya con apuro. De lo contrario, la promesa se convertirá en otra deuda, aunque ya no venga con el logo de un banco. Opinión Autor: Patricio Meza García.. Opinión